Fueron denunciados, ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, juntó a exconsejeros y exfuncionarios del Gobierno Regional de Lambayeque, por avalar supuesto Perjuicio Económico a favor de Odebrecht.
Los beneficiados con este “auxilio” económico, que probablemente también habrían obtenido los acusados del Gobierno Regional, son el actual Jefe de la oficina de Asesoría legal del PEOT abogado VÍCTOR RICARDO QUIJANO CHÁVEZ y el ex jefe de la misma, RAMÓN GONZÁLEZ VÉLEZ.
Quijano Chávez y Gonzáles Vélez, enfrentan acusaciones “bajo los alcances de la Ley N° 30077- Ley contra el Crimen Organizado” que se les sigue en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente, Especializado en delitos de corrupción de funcionarios, que preside la juez, María de los Ángeles Vásquez Camacho. La Resolución N° 09 del 17JUN2020, así lo confirma.
El 22MAR2020, VÍCTOR RICARDO QUIJANO CHÁVEZ y RAMÓN GONZÁLEZ VÉLEZ, fueron acusados por los delitos de colusión y lavado de activos por la Fiscalía Supranacional Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Equipo Especial – Primer Despacho, Caso N° 506015507-2018-1-0.
¡Es inmoral!
“¡Esto es un crimen, es inmoral, es inconcebible e indignante! Hace tiempo, que varios de estos investigados en el caso del Proyecto Olmos, deberían estar en la cárcel”
Así se expresaron, el Ing. Humberto Heredia Morales, el abogado German Vázquez Merino, el Soc. Jony Piana y el periodista Luis Carbajal Gravello, quienes, en su momento, desde el Frente de Defensa de los Grandes Proyectos, lucharon contra la corrupción oculta de Odebrecht, cuando los colegios profesionales lambayecanos eran verdaderas trincheras de luchas sociales.
En tiempo record
Para empezar, el beneficio económico al que accedió Quijano Chávez, se tramitó en tiempo récord. El 27JUL 2020, el gerente general recibió su solicitud (Sisgedo 3612457-0), en la que demandaba que el PEOT, contrate “asesoría especializada” de un estudio jurídico de su elección, para que lo defienda en los juicios que se le vienen, por supuestamente haber favorecido a Odebrecht, con su opinión legal, en un asunto controvertido.
El tramite solo duro una semana. El 5AGO2020, el Gerente General del PEOT, Segundo Leopoldo Fernández León, emitió la Resolución Gerencial N° 000160-2020-GR.LAMB/PEOT-GG [3612457 – 7] «vistos el Informe Legal N°000040-2020-GR.LAMB/PEOT-60 del fecha 03AGO2020 y el Memorando N° 000117-2020-GR.LAMB/PEOT-GG [3612457-6]»
Con esa resolución, todo quedo expedito para que el PEOT, contrate, al Estudio Jurídico GLB Abogados S.A.C. nada menos que Germán José Antonio Larieu Bellido, un abogado de complicada trayectoria.
¿Quién es Germán Larrieu Bellido?
GLB, son las siglas de Germán Larrieu Bellido, otrora defensor de Caja Militar Policial, del testaferro de Montesinos, Alberto Venero, defensor de Laura Bozzo, de Alan Polack y de los negocios inmobiliarios en Huancayo del exministro aprista Garrido Lecca.
Germán Larrieu Bellido fue acusado en 1997, de haber entregado dinero a un fiscal de Áncash para que dictamine en un juicio a favor de funcionarios del desaparecido Banco República. Larrieu Bellido era abogado de la entidad financiera. El proceso fue archivado a favor del banco
En enero de este año, la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior del Santa, sentenció a seis años de prisión efectiva al exfiscal de este distrito ancashino, Jorge Vásquez Paulo y resolvió absolver por “duda razonable” a otro ex miembro del Ministerio Público, Jorge Paredes Rebaza.
Larrieu Bellido, quien se sigue defendiendo, dice ser inocente, e insiste en afirmar, que las acusaciones en su contra son una venganza; sin embargo, consta testimonios en el expediente, que aseguran que las sumas, fueron entregadas, por el abogado, con el fin de que ambos fiscales realizaran acciones que conllevaron a que el proceso fuera archivado, como así sucedió.
Conozca en este vídeo, la historia de Larrieu Bellido.
Volviendo al tema
Un poco de historia. En el 2010 – la Concesionaria Trasvase Olmos – CTO (Odebrecht), reclamó al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), entonces presidido por Yehude Simon Munaro, un supuesto perjuicio económico y sobrecostos por estallidos de roca, en la perforación del Túnel Trasandino.
CTO, fundamentaba su reclamo en la Cláusula 3.3 del contrato. Para solucionar el asunto, convocaron al Estudio Jurídico Rosselló EIRL, que emitió el denominado Informe
Final. En síntesis, determino que los eventos geológicos no eran imputables a la constructora.
¿Se alinearon?
Es así que, el PEOT, encargado de la supervisión de las obras, aprobó, del informe del Estudio Jurídico Rosselló EIRL, basado, en la opinión legal de los abogados, VÍCTOR RICARDO QUIJANO CHÁVEZ y RAMÓN GONZÁLEZ VÉLEZ.
Así emitió su opinión legal Luis Ramón Gómez Vélez:
“1. Esta Asesoría Legal comparte la opinión vertida por el Estudio (Rossello), el cual establece que en la medida que los eventos acontecidos escapan del control y voluntad de la empresa Concesionaria, no son imputables a ella los retrasos y perjuicios que dichos eventos han conllevado»
(…)
“3. En la medida que, de acuerdo a los argumentos del ESTUDIO, los eventos acontecidos se enmarcan dentro de las demoras no imputables al Concesionario, al amparo de la cláusula 3.3 del Contrato de Concesión, el remedio que compensa el perjuicio sufrido por la empresa Concesionaria consiste en una compensación por la demora no imputable a la empresa concesionaria”
Entre tanto Víctor Ricardo Quijano Chávez, dijo lo siguiente:
“1°. – …este despacho comparte el análisis estrictamente jurídico de Estudio Rosselló SRL, Asesor Legal Externo contratado por el PEOT para analizar única y exclusivamente el reclamo presentado por la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. sobre el Prejuicio Económico- Financiero por Demoras No Imputables en la Ejecución de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos”
(…)
“Sin prejuicio de lo esbozado en esta conclusión, la Gerencia de Desarrollo Olmos, deberá considerar como criterio adicional para la determinación del prejuicio económico, el requisito sine quanon, previsto en la cláusula 3.3 del Contrato de Concesión …”
Es conclusión, los abogados del PEOT, terminaron –literalmente- jugando para el equipo de Odebrecht, por lo que finalmente, se le concedió a CTO, una ampliación de plazo de 819 días calendario, lo que generó un perjuicio económico al Estado peruano y los lambayecanos de USD$ 17, 903, 68.86 dólares.
¿Es legal?
Seguramente hasta aquí, se ha hecho la siguiente pregunta: ¿Es legal que el Estado peruano contrate abogados, para defender a quienes persigue por presunta corrupción?
De acuerdo al literal l) del artículo 35 de la Ley, concordante con el artículo 154° del Reglamento el beneficio del pago de defensa, con el que han sido favorecidos QUIJANO CHÁVEZ y GONZÁLEZ VÉLEZ en tiempo record, es legal.
“los servidores civiles de las entidades públicas del Estado tiene derecho a contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad. La defensa y asesoría se otorga a pedido de parte, previa evaluación de la solicitud»
¿Es inmoral?
Centinela converso con el Ing. Humberto Heredia Morales, el abogado German Vázquez Merino, el periodista Luis Carbajal Gravello, y el Soc. Jony Piana. Todos coincidieron en señalar que la contratación de abogados para defender a los acusados por corrupción es “¡es Inmoral, inconcebible e indignante!”
Ing. Humberto Heredia
“La denuncia contra los asesores jurídicos del PEOT, es clave. En su momento Ambos abogados, emitieron opiniones avalando reclamos de Odebrecht, que terminó costándole al Estado alrededor de 50 millones de dólares adicionales al Contrato original por las obras de trasvase”
“Lo que causa extrañeza es la celeridad con la que el PEOT se ha preocupado en desembolsar dinero para auxiliar a estos personajes acusados de corrupción”
“Esto es inmoral, porque el mismo Estado a través del Ministerio Público, gasta dinero y recursos humanos en investigar y denunciarlos, y por otro lado el PEOT – que es un organismo del Estado – destina rápidamente S/ 120,000.00 para contratar un Estudio Jurídico que los defienda”
Abogado German Vásquez
“Este es un latrocinio y un asalto a mano armada. A estos sinvergüenzas y descarados deben meterlos presos de una vez, porque el contrato era total y absolutamente claro. CTO tenía un estudio previo sobre la calidad de roca y cualquier eventualidad, era responsabilidad exclusiva de los contratistas, en este caso CTO, o sea Odebrecht”
“Esto es un robo que le hacen al Estado. La posición del Colegio de Abogados, fue firme, no se le debía pagar. En ese tiempo junto a los doctores Martínez y Horna sentamos nuestra posición. El Poder Judicial corroboro nuestro dictamen y ordeno que no se le pague ni un solo centavo, pero Acuña ya había pagado. Esto es una inmoralidad.”
“Por eso, opinar en contrario sobre esto, fue un crimen, lo que probablemente dio lugar al otorgamiento de coimas. Todos lo saben Odebrecht corrompió a medio mundo”
Periodista Luis Carbajan Gravello
“¿Cómo es posible, que el Estado cubra los gastos de defensa de un denunciado? Al presunto titular de toda la mafia, Yehude Simon Munaro; lo encarcelaron y por esta pandemia, lo sacaron de prisión, para favorecerlo con arresto domiciliario. Además, no te olvides que Kike Salazar ya dijo todo lo que sabe”
“Ellos – lo abogados del PEOT- son acusados, un acusado no puede recibir dinero del Estado para que se defienda; eso está muy mal, es inconcebible. El Estado no puede distraer su economía para cubrir a presuntos delincuentes”
“En mi condición de decano del Colegio de Periodistas, en aquel momento como representante de mi orden, junto al colectivo ciudadano de Lambayeque, denunciamos ante la Contraloría y Ministerio Publico a Yehude Simon Munaro y a todos que tuvieron responsabilidad en la Concesión, ejecución y puesta en marcha del ‘seudo’ Proyecto Olmos”
Sociólogo Jony Piana Ramírez
“Toda persona acusada por actos de corrupción debe correr con su defensa. En la administración pública hay que distinguir los errores de función de actos de corrupción, para que el Estado, contrate a un abogado y defienda a un funcionario de la institución”
“Sin embargo, ante la presunción de la inocencia el Estado pude brindar este apoyo, pero si en las investigaciones y juicio se demuestra que efectivamente el servidor es respónsale, ese dinero que el Estado gasto en la defensa, tendría que ser devuelto”
“Este caso es complejo, no tendría por qué ponerse en el mismo saco a todos; hay una presunción de inocencia. Los involucrados tienen muy clara su responsabilidad en este caso de corrupción, aunque no se puede llegar al extremo de que todo aquel que esté involucrado en los temas de Odebrecht, sea corrupto, sin embargo, es indignante”
La denuncia contra los servidores del PEOT, se inició con el Informe de Auditoria N° 5658-2019-CG-AP-AC, Auditoria de cumplimiento del Gobierno regional de Lambayeque y el Proyecto Especial Olmos Tinajones – Contrato de Concesión para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase de Proyecto Olmos.
A todo esto, ¿Qué dirá el gobernador Anselmo Lozano Centurión? En próxima entrega, contaremos otra historia, de uno de los abogados acusados por corrupción, en este caso.
