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“Acoso legal” y poder político tras un terreno en Olmos

El clan contra una heredera

Jessica del Pilar Rodríguez Gallardo, una joven comunera olmana, se encuentra hoy en el ojo de una tormenta —increíblemente— desatada por sus propios tíos quienes, según documentos “oficiales” obtenidos con ayuda y maldad del despreciable expresidente de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO), Santos Montalván Núñez; pretenden despojarla de la propiedad que sus abuelos le legaron en vida, como recompensa por años de cuidado y dedicación.

Donación

La historia de justicia —o de injusticia, según se mire— comenzó formalmente el 13 de junio de 2014. Aquel día, la CCSDO, bajo la presidencia de Ismael Maza Cruz, otorgó a Doña Antonia Puicón Salazar de Gallardo el Título de Posesión Comunal Agrícola y/o Ganadera N° 97-2014. El predio, ubicado en el Sector Callejón de Cascajal.

Título comunal primigenio otorgado a los abuelos de Jessica

Tres años después, en un acto de gratitud y previsión, Antonia Puicón y su esposo, Ramos Gallardo Tineo, decidieron asegurar el futuro de su nieta, Jessica Rodríguez. El 23 de setiembre de 2017, mediante una Minuta de Transferencia de Posesión y Donación de Mejoras, los abuelos cedieron 207.82 m 2 a Jessica.

La cláusula tercera de dicho documento es hoy una pieza clave en esta historia (que tíos maternos y un siniestro directivo torcieron). Bajo el amparo del Artículo 1629 del Código Civil, los donantes —abuelos de Jessica— declararon que el bien no perjudicaba la masa hereditaria al no exceder la porción de libre disposición, subrayando que el acto se realizaba libre de toda coacción física o psicológica. 

Minuta de donación a favor de Jessica

Asalto administrativo

Sin embargo, la paz de la donataria se quebró cuando el factor político entró en juego. Aprovechando presuntos vínculos e influencias dentro de la CCSDO, los hijos de los donantes —tíos de Jessica— iniciaron una ofensiva para recuperar lo que consideran «suyo».

El grupo, liderado por Ramón Gallardo Puicón, junto a sus hermanos José, Felicia Antonia, Jorge Alberto, Eriberto Francisco y otros, logró lo que para muchos comuneros es un trámite imposible: un título sobre un área ya titulada.

El 8 de setiembre de 2025, la directiva comunal de aquel entonces, presidida por Santos Efraín Montalván Núñez y el secretario William Sánchez More, emitió el Título de Posesión Comunal N° 2725-2023. Este documento no solo ignoraba el título preexistente de 2014, sino que «adjudicaba» el mismo predio a los hermanos Gallardo Puicón. Para la defensa de Jessica, este acto administrativo es el «pecado original» del conflicto, pues viola el principio de tracto sucesivo y la seguridad jurídica de los actos comunales.

Título de posesión ilegal obtenido por el clan

Derrota fiscal de los denunciantes

La ofensiva no se limitó a los papeles. Ramón Gallardo Puicón y sus hermanos llevaron el caso al ámbito penal, denunciando a su sobrina por el delito de Usurpación (Caso 723-2023). La acusación era grave: alegaban que Jessica había ingresado ilegalmente a un terreno que les pertenecía.

El clan Ramón llevó a la fiscalía a Jessica, pero la justicia le dió la razón.

La respuesta de la justicia ordinaria fue contundente. La Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque, mediante la Disposición N° 01-MP-1FSPA-LAMB emitida el 19 de enero de 2024, confirmó el archivo de la denuncia. El Ministerio Público determinó que no existía delito, pues se verificó que Jessica Rodríguez no solo tenía la documentación de sus abuelos, sino que ejercía la posesión real y material, viviendo en el lugar y construyendo su vivienda de material noble.

En contraste, la Fiscalía desnudó una realidad incómoda para los denunciantes: la mayoría de ellos residía en Lima y no tenían contacto físico con el predio, desmoronando la tesis de la usurpación.

Contundente decisión del Ministerio Público a favor de Jessica, que el clanRamón no apeló

«Acoso Legal»

Tras el fracaso en la Fiscalía, la estrategia giró hacia el agotamiento psicológico. Es aquí donde aparece la figura de la conciliación extrajudicial como un arma de presión. El 23 de enero de 2026, se llevó a cabo un primer intento en el Centro de Conciliación ZADEP (Exp. 004-2026), el cual concluyó por «Falta de Acuerdo».

Lejos de detenerse, la familia Gallardo Puicón inició un segundo proceso en marzo de 2026, esta vez en el Centro de Conciliación «Yerajmiel», bajo la dirección de Marco Antonio Núñez Díaz. Este nombre no es ajeno a las sanciones administrativas. Según la Resolución Directoral N° 762-2020-JUS/DGDPAJ-DCMA, Núñez Díaz fue sancionado anteriormente por el Ministerio de Justicia por tramitar materias no conciliables, imponiéndosele una multa de 2 URP.

Pese a que la fiscalía les nego la razón; el caln siguió acosando «legalmente» a Jessica

Jessica Rodríguez ha denunciado que este segundo proceso ha derivado en un hostigamiento constante. El conciliador Núñez Díaz, rompiendo la neutralidad que exige su cargo, habría realizado llamadas insistentes al celular personal de la joven, presionándola para ceder ante las pretensiones de sus tíos. Este comportamiento ha sido calificado por expertos como «acoso legal», una táctica que busca forzar acuerdos mediante el miedo y la interrupción de la paz personal.

Resistencia

Ante esta arremetida, Jessica del Pilar Rodríguez no se ha quedado de brazos cruzados. El 26 de febrero de 2026, ingresó a la CCSDO el Escrito Exp. 350, presentando un Recurso Administrativo de Nulidad y Oposición contra el título otorgado a sus tíos. Sus argumentos son demoledores:

  1. Ilegalidad Administrativa: No se puede otorgar un título sobre un área que ya cuenta con un poseedor legítimo con documentos de hace una década.
  2. Falta de Arraigo: Los beneficiarios del nuevo título no cumplen con el requisito de ser comuneros calificados residentes en la zona, siendo la mayoría residentes de la capital.
  3. Vigencia de la Donación: La transferencia de 2017 es un acto jurídico válido que la comunidad debe respetar.
Administrativamente la CCSDO nunca le respondió a Jessica.

Llamado a la transparencia

El caso de Jessica Rodríguez Gallardo es un espejo de lo que ocurre en muchas comunidades campesinas del Perú, donde los títulos de posesión se convierten en moneda de cambio política o botín familiar.

Mientras tanto, en el Callejón de Cascajal, Jessica permanece en su hogar, custodiando no solo los 207 metros de tierra que le legaron sus abuelos, sino el derecho a vivir sin el asedio de quienes, valiéndose de influencias, pretenden borrar con el codo lo que la gratitud escribió con la mano.

La batalla legal continúa, y el Exp. 350 es hoy la última trinchera de una nieta contra un clan familiar que parece no conocer límites.

Jorge Moncada Mino

Jorge Moncada Mino

Editor jefe.
Estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque Perú. Soy un apasionado de la investigación. Trabaje como jefe de la Unidad de Investigación del diario El Ciclón de Lambayeque. Colabore como periodista freelance en el Semanario Hildebrandt en sus Trece y en varias radioemisoras de la localidad de Chiclayo y Olmos Peru.

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