Un nuevo y devastador capítulo de afectación ambiental y económica golpea duramente a los criadores tradicionales del distrito de Olmos, en la región Lambayeque. En las últimas horas, la “Asociación Pequeños Ganaderos Luchando por un Futuro Mejor de Olmos” ha alzado su voz de protesta para denunciar la muerte de 15 cabezas de ganado de la raza Cebú.
Según el reporte de los propios afectados, los animales perdieron la vida tras consumir aguas contaminadas que fueron vertidas a campo abierto y en plena zona de pastoreo habitual. Los comuneros responsabilizan directamente de este hecho a la empresa Berries Harvest, una firma agroexportadora asentada en las denominadas «tierras nuevas» del Proyecto de Irrigación Olmos.
La pérdida golpea la economía familiar que ya se encontraba al límite. Los representantes de la asociación detallaron que cada ejemplar de ganado Cebú está valorizado en aproximadamente 3 mil soles, lo que eleva el perjuicio total a una alarmante suma de 45 mil soles.
«Es un golpe devastador. Esos animales representan el único sustento para nuestras familias y el esfuerzo de años de trabajo que se esfuma en un instante por la irresponsabilidad de terceros», manifestaron entre lágrimas los ganaderos locales, quienes hicieron un llamado urgente a las autoridades ambientales para que ordenen la paralización inmediata de estas descargas de líquidos residuales a la intemperie.
Recurrente
Este trágico suceso no es un hecho aislado, sino parte de una recurrente y alarmante zaga de impunidad en las pampas de Olmos. De hecho, es la segunda vez en pocas semanas que los productores locales sufren la muerte masiva de sus animales debido a la polución de los recursos hídricos.
Apenas el mes pasado, pobladores del Sector Alto Negro, interpusieron una denuncia similar luego de que más de 50 ovejas y cabras perecieran tras beber agua mezclada con residuos químicos y líquidos contaminantes. En aquella ocasión, un vehículo cisterna fue captado en video en el preciso momento en que descargaba los efluentes directamente sobre el terreno.
Las indagaciones comunales confirmaron que la pesada unidad pertenecía a la empresa Soluciones Ambientales. No obstante, a pesar de las pruebas fílmicas y testimoniales entregadas, hasta la fecha no existe un pronunciamiento oficial ni del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ni del Ministerio Público.
Silencio cómplice
El silencio de los entes reguladores genera profunda indignación, puesto que las normas de la OEFA y la Ley General del Ambiente son claras al tipificar y sancionar el vertimiento de residuos líquidos sin tratamiento previo que alteren los ecosistemas y dañen las actividades económicas de subsistencia.
De acuerdo con el marco regulatorio del sector pesquero, agrícola e industrial, toda empresa que genere efluentes industriales está obligada a conducirlos hacia plantas de tratamiento específicas y jamás arrojarlos a zonas de pastoreo o cauces abiertos que pongan en peligro la salud pública y animal. La falta de fiscalización oportuna en Olmos ha convertido estas tierras en zonas de sacrificio ambiental, donde las grandes corporaciones operan bajo la sombra de la inacción estatal.
Al examinar los antecedentes de este conflicto social y ambiental, se evidencia un patrón histórico de desprecio hacia los ganaderos que habitaban la zona mucho antes de la privatización de los terrenos.
Mosqueta
Un panorama sombrío similar ocurrido a finales del año 2020. El 29 de octubre dirigentes del Frente de Defensa de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (FEDECOL), se vio obligado a emitir cartas notariales para dejar constancia de los abusos cometidos contra la misma «Asociación de Pequeños Ganaderos de Olmos Luchando por un Futuro Mejor».
En aquel entonces, el foco de la indignación apuntó a la empresa Mosqueta, una agroexportadora perteneciente al Grupo Agro Visión asentada también en el ámbito del Proyecto Olmos.
En noviembre de 2020, el teniente gobernador del caserío «Mi Salvador», Ernesto Chunga Aldana, constató una dantesca matanza de ganado caprino mediante el uso de veneno y ataques de perros guardianes coordinados presuntamente por el empleado de la empresa, Simón More Fernández.
Los sectores afectados incluyeron zonas tradicionales como El Milagro, Ficuar, Alto de Chulle, Chuncar, Mi Salvador, El Colorado y El Álamo. La justificación corporativa de la época —que el ganado invadía predios desprovistos de cercos adecuados— colisionaba directamente con la Ley N° 24656 (Ley General de Comunidades Campesinas) y los tratados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resguardan el derecho ancestral al uso de la tierra y el pastoreo libre en sus territorios históricos.
Hoy, la historia se repite con químicos y letales. El avance desmedido de las fronteras agrícolas e industriales del Proyecto Olmos sigue asfixiando a los pequeños productores, quienes observan cómo sus zonas de pastoreo son inundados por piscinas informales de lodo y aguas residuales emanadas por consorcios como Berries Harvest.
No responden
La falta de respuestas efectivas por parte de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y de la OEFA prolonga una agonía social que amenaza con desatar un estallido ante la pérdida sistemática de los medios de vida de la población rural de Olmos. Las familias afectadas exigen que Berries Harvest asuma la reparación civil inmediata de los 45 mil soles por el ganado Cebú sacrificado, y que las autoridades dejen a un lado el silencio institucional que hoy ampara la contaminación de sus campos.
Centinela busco respuestas de la empresa Berries Harvest S.A., que según los denuciantes serían los responsables del atentando ambiental. Para ello llamamos al celular 991 737 109, que aparece como numero de contacto den la pagina oficial de facebook de la empresa; sin embargo no hubo respuesta.
Al no obtener respuesta, este periodista envio mensaje a traves del WhatsApp- Tampoco respondieron,
