“Solo le falta reunirse con el Papa León XIV, para pedirle que interceda ante las autoridades peruanas, para que ejecuten esta obra de agua y desagüe que lleva tantos años paralizada”
Así describió un sexagenario poblador sanjosefino ―que solicito reserva de su nombre― la tenacidad de la alcaldesa del Distrito de San José, Lic. Shirley Castañeda Sánchez para que se concretice la ejecución de la obra Ampliación y Mejoramiento Integral de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado que lleva más de una década abandonada.
Récord
Nueve presidentes de la República y, sin exagerar, dieciocho ministros de Vivienda, más seis gobernadores regionales y cuatro alcaldes distritales, son las autoridades de todos los niveles por cuyos despachos, ―sobre todo del nivel central― por cuyas manos ha pasado el expediente y escuchado la necesidad de un pueblo que clama por ser atendido en su justo reclamo, por mejorar su calidad de vida.
Desde hace 12 años, los habitantes del distrito de San José, en la provincia de Chiclayo (Lambayeque), viven con la frustración de promesas incumplidas y obras paralizadas. La Ampliación y Mejoramiento Integral de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de San José” (CUI 2144191) ha sido un proyecto largamente anunciado, pero cada nuevo anuncio parece disolverse ante la realidad de la burocracia, la corrupción y la falta de financiamiento.
Origen del proyecto
El proyecto técnico para ampliar y mejorar el sistema de agua potable y alcantarillado en San José fue declarado viable en julio de 2011, con un presupuesto inicial estimado en S/28,2 millones. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la obra no se concretó y sufrió múltiples paralizaciones, administrativas y técnicas, pese a que la población local insistía con fuerza en su necesidad.
Para noviembre de 2025, tras nuevas evaluaciones y ajustes de costos, el monto del proyecto se ha actualizado a S/ 96,472,468, según datos del sistema de seguimiento de inversiones del MEF, incluyendo costos de expediente técnico, supervisión y liquidación.
Este incremento refleja no solo la inflación de los insumos, sino también los costos acumulados de años de inacción.
Actores clave
La alcaldesa Shirley Castañeda Sánchez, ha sido un pilar central en esta lucha. Su persistencia ha llevado a múltiples gestiones al más alto nivel.
El 19 de noviembre de 2025, Castañeda participó en una reunión con los ministros de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilate, en la que se exploraron alternativas de financiamiento para el proyecto.
Entre las opciones evaluadas estuvieron los esquemas de Obras por Impuestos (OXI) y la inclusión del proyecto en la Ley de Presupuesto 2026, lo que podría garantizar recursos directos desde el Congreso.
Además, se acordó un plan de contingencia para la temporada de lluvias —clave para San José, dadas las condiciones críticas de las redes de alcantarillado, muchas con más de 40 años de antigüedad—, así como el envío de más cisternas y un mapeo técnico en el distrito.
Estas acciones muestran un compromiso institucional renovado para destrabar un proyecto largamente estancado.
Impacto social.
Se estima que 16,000 sanjosefinos (entre niños, adultos y ancianos) son los principales beneficiarios del proyecto. En diversas gestiones municipales se ha señalado que, en años recientes, el proyecto se amplió de 50 a más de 82 calles, una expansión justificada por el crecimiento poblacional en la periferia del distrito.
Las condiciones actuales son precarias, alcantarillado obsoleto, olores, redes colapsadas, sin pistas pavimentadas y riesgos sanitarios crecientes. Todo esto representa un problema de salud pública y calidad de vida.
Una intervención efectiva no solo transformará infraestructura, sino que aliviará una carga social profunda.
Características técnicas
Según el expediente técnico disponible, se construirá 27.9 km de tubería de PVC para agua potable, con 3,396 conexiones domiciliarias; se instalará un tanque elevado de 1,700 m³ y una cisterna enterrada de la misma capacidad para regular el suministro.
En alcantarillado, se mejorarán 28.6 km de tuberías PVC, se instalarán 548 buzones y 3,396 conexiones domiciliarias de desagüe, con una Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) con equipamiento hidráulico y electromecánico, además de 5.6 km de línea de impulsión.
En cuanto al agua potable se obtendrá desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Chiclayo, empalmando desde el tanque de Cruz de la Esperanza hasta San José.
Este diseño técnico robusto refleja un proyecto integral, apuntando a la sostenibilidad, no solo a la reparación.
Ruta futura
El impulso actual del proyecto ha abierto vías prometedoras, como la ejecución de Obras por Impuestos (OXI). Este esquema OXI permite al sector privado invertir en infraestructura pública a cambio de un descuento tributario, lo que podría acelerar la movilización de recursos.
La inclusión del proyecto en la Ley de Presupuesto del 2026 es una de las alternativas más viables para asegurar los fondos necesarios, con respaldo técnico del Ministerio de Vivienda.
Entre tanto, el equipo técnico del MVCS se comprometió a visitar San José, identificar los puntos críticos y diseñar un plan de intervención con acciones de contingencia ante la próxima temporada de lluvias.
Riesgos y retos persistentes
A pesar del optimismo, no se pueden ignorar los riesgos reales, Si la obra no se inicia pronto, el presupuesto puede seguir creciendo, encareciendo el proyecto para las autoridades y para la población.
Los antecedentes de la Contraloría y la Defensoría exigen un mecanismo de supervisión transparente y permanente. La población, cansada de promesas, exige resultados concretos. Si los tiempos se alargan, el descontento puede traducirse en crisis política local.
Importancia estratégica
Este proyecto no es solo relevante para San José. Forma parte de un esquema más amplio de ampliación de servicios de saneamiento en Lambayeque.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha anunciado planes para una megaobra hídrica que beneficiará a cerca de 900,000 habitantes en la región, incluyendo Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel y San José.
Este plan regional —con más de S/ 1,130 millones asignados— podría facilitar la integración del proyecto de San José en una estrategia mayor, lo que abre oportunidades para economías de escala y un impacto más amplio.
Por ello, San José no debe verse solo como un caso aislado, sino como parte de una transformación estructural del saneamiento en Lambayeque.
Conclusión y llamado a la acción
La prolongada espera de los sanjosefinos por una obra de agua y alcantarillado no es solo un problema técnico: es una cuestión de justicia social, de derecho humano al saneamiento y de salud pública.
La alcaldesa Shirley Castañeda ha demostrado tenacidad y capacidad de gestión: su liderazgo ha sido clave para activar reuniones ministeriales y para que se evalúen mecanismos de financiamiento sostenibles.
Las instituciones de control como la Contraloría y la Defensoría han emitido alertas que deben servir como palanca para exigir transparencia y ejecución responsable.
Las opciones de financiamiento —OXI, presupuesto nacional, compromiso técnico del MVCS— son reales, pero requieren seguimiento ciudadano, institucionalidad fuerte y corresponsabilidad política.
A treves de Centinela, invito a la ciudadanía de San José, a las autoridades regionales y nacionales, y a los medios de comunicación a mantener la presión para que este proyecto finalmente se concrete. La salud, la dignidad y el bienestar de miles de familias sanjosefinas dependen de ello.
