Un destape registral terminará por dinamitar la base legal de la polémica Asamblea General Extraordinaria de Delegados que la cuestionada dirigencia de Fredy Rolando Benites More celebra hoy, domingo 31 de mayo de 2026.
Al ya conocido y gravísimo escenario de precariedad institucional —configurado porque la junta directiva para el periodo 2026-2027 sigue técnicamente «En Calificación» y no cuenta con inscripción vigente en la Partida de Personas Jurídicas Número 11010856 de la SUNARP— se le ha sumado un explosivo expediente del Registro de Propiedad Inmueble que expone a las empresas transnacionales Kallpa Generación S.A. y Quercus S.A.C. a un millonario fraude civil de proporciones históricas.
Documentos oficiales obtenidos en exclusiva por Centinela para este informe periodístico, que la cotizada Parcela 3 —un monumental terreno eriazo de 126,208 donde Benites pretende autorizar hoy el otorgamiento de servidumbres eólicas y de electroducto a cambio de fuertes sumas de dinero— no es un territorio libre ni saneado.
Por el contrario, sobre dicha propiedad pesa la medida cautelar del Asiento D00001 en el rubro de gravámenes y cargas de la Partida Electrónica Número 11225781.
Esta restricción legal corresponde a una Anotación de Demanda dictada por el Juez del Juzgado Civil de Motupe, Lucas Olivera Coronado, mediante la Resolución Número Uno del doce de abril de dos mil veinticuatro, en el Exp. N° 02827-2014- 52-1706-JR-CI-03, la cual fue inscrita de forma definitiva en los Registros Públicos de Chiclayo por el registrador Francisco Eloy Vidal Trigoso el 26 de junio ese mismo año, bajo el título 2024-183775.
El litigio de fondo que Fredy Benites More y su secretario Isidro Serrato Puse habrían omitido informar a los comuneros, en la agenda oficial de la convocatoria de hoy, es un proceso judicial por Prescripción Adquisitiva de Dominio iniciado por la Asociación Agrícola Ganadera de Licenciados Reservistas de las Fuerzas Armadas de los Valles de Olmos.
Esta organización de comuneros, ha demandado formalmente al Gobierno Regional de Lambayeque exigiendo la propiedad de las tierras de la Parcela Tres. En consecuencia, el territorio que hoy pretenden concesionar e involucrar en transacciones financieras los directivos de la CCSDO, se encuentra formalmente inmovilizado y judicializado ante el Poder Judicial, un hecho que destruye de raíz la denominada «buena fe registral» de cualquier corporación privada que intente firmar minutas o convenios en la sesión dominical.
Este hallazgo normativo echa por tierra la estrategia de la facción de Benites More, que pretendía hacer valer la reciente resolución obtenida ante la Tercera Sala del Tribunal Registral de la SUNARP.
Como se recuerda, mediante la Resolución Número 2298-2026 -SUNARP- TR, de fecha 26 de mayo de 2026, las vocales Nora Mariella Aldana Durán, Beatriz Cruz Peñaherrera y Rosa Isabel Quintana Livia habían revocado las observaciones del calificador Carlos Jaramillo Munaico, quien pretendía frenar la inscripción comunal por un proceso penal paralelo tramitado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Motupe por presunto fraude documentario.
No obstante, el mandato del Tribunal Registral de inscribir a la junta directiva ingresó a las pantallas de calificación apenas el 27 de mayo y, de acuerdo con la secuencia 18 del sistema de consulta en línea Síguelo, el título continuaba trabado en el estado de «En Calificación» durante las primeras horas de la madrugada de este domingo.
La falta de una personería jurídica activa e inscrita en los Registros Públicos al momento de instalarse la asamblea de hoy ya constituía un vicio de ineficacia temporal insubsanable bajo las reglas del artículo 171 del Código Civil peruano.
Pero la revelación de la carga judicial contenida en el Asiento D0001, traslada la controversia de la CCSDO, directo al terreno del Código Penal. Abogados consultados para esta investigación sostienen que someter a votación el otorgamiento de facultades para suscribir un contrato de servidumbre y superficie y recibir una contraprestación dineraria ocultando deliberadamente que el predio arrastra un juicio de prescripción de dominio configura el delito de Estelionato.
Este escenario de tensión ya provocó incidentes directos en las bases comunales durante las últimas semanas. El pasado 16 de mayo de 2026, el secretario Isidro Serrato Puse llevo a cabo una asamblea de carácter sectorial en las instalaciones de la I.E.I del sector Los Olivos, en el AA.HH. «Alan García»
Según el acta manuscrita levantada en aquella oportunidad, Isidro Serrato Puse, junto a delegados aliados como Neptalí Parra Tineo, sometieron a votación la entrega de poderes al presidente y secretario para la firma de minutas de adjudicación de terrenos comunales a favor de terceras personas.
Aquella reunión culminó con una votación registrada de cuarenta y nueve votos a favor y un voto nulo, procediendo a cerrar la sesión.
La respuesta de los comuneros calificados y moradores de Los Olivos – Alan García fue contundente. Liderados por el dirigente Mario Torres Chinchay, las bases vecinales redactaron un enérgico Memorial de Oposición e Inconformidad Vecinal que fue formalmente ingresado por Mesa de Partes de la CCSDO, el 28 de mayo de 2026, a las 11:44 de la mañana, adjuntando más de un centenar de firmas y huellas digitales de los comuneros.
En ese documento, los pobladores notificaron formalmente a Benites y Serrato que sus actos son nulos de pleno derecho debido a la inexistencia de representación legal inscrita ante la SUNARP, advirtiéndoles que cualquier firma de minutas, constancias de posesión o contratos de compraventa sobre las tierras del sector configurará los presuntos delitos de usurpación de funciones, fraude en la administración de personas jurídicas y tráfico de tierras.
El memorial exige la nulidad inmediata de la resolución del delegado Parra Tineo y el cese de lo que califican como una conducta prepotente que induce al error a ciudadanos de buena fe.
La cita de hoy en la Planta de Oxígeno se desarrollará bajo este denso panorama de fractura social y precariedad legal. Mientras Fredy Benites More cuenta con el respaldo de la reciente resolución del Tribunal Registral que valida su elección, en la realidad de los hechos demuestra que los candados del derecho civil y la falta de inscripción definitiva en los Registros Públicos de Chiclayo restan fuerza vinculante a las decisiones que se adopten en las próximas horas.
Todo, por el maldito dinero que un representante de la CCSDO, revestido de ilegalidad —como los anteriores— pretende conseguir; para disfrute de la «peste celeste» y abandono de los 32 mil comuneros
Las bases comunales opositores que se mantienen en alerta máxima, resguardadas por los comités de Rondas Campesinas, advirtieron que activarán de inmediato los mecanismos de control territorial y denuncias penales ante la Fiscalía Provincial Corporativa de Olmos si la directiva insiste en firmar convenios económicos o disponer de los predios comunales sin la debida publicidad e inscripción registral.
