En 2018, el gobierno peruano anunció con bombos y platillos que la Nueva Ciudad de Olmos (NCO), o Ciudad Charles Sutton, una urbe planificada con una inversión que superó los S/500 millones de soles. Fue presentada como un símbolo de modernidad y desarrollo para Lambayeque.
Sin embargo, lo que en el papel y en la narrativa oficial sigue siendo presentaban como un hito histórico; terminó convertido en una de las mayores injusticias sociales de las últimas décadas. Mientras la NCO permanece desierta y abandonada, el pueblo tradicional de Olmos y sus caseríos siguen sobreviviendo sin agua potable.
Agua robada
El Estudio de Disponibilidad Hídrica del Proyecto Olmos, avalado por la Autoridad Nacional del Agua, destinaba 0,30 m³/seg. (9,5 millones de m³ anuales) para el consumo de la ciudad tradicional Olmos.
Así lo ratificó, Alfonso Pinillos Moncloa, gerente general de H2Olmos (Odebrecht), con la Carta H2O-GG-001-2014, cuando fue convocado por el Ing. Rene Cornejo, entonces, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), para que la empresa concesionaria, del agua del Trasvase del Proyecto Olmos, “precise la ubicación de un punto de suministro de agua y el caudal para uso poblacional” para la NCO
Esa dotación de agua, que pudo haber transformado la vida de más de 45 mil personas, fue desviada ilegalmente a la Nueva Ciudad, con oficios firmado por Willy Serrato Puse y avalado por el Humberto Acuña Peralta. El resultado: los olmanos quedaron condenados a beber agua salobre de pozos, apenas dos horas al día, mientras la infraestructura millonaria construida en la NCO carece de población y utilidad.
En este punto hay que precisar, que de acuerdo con la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, (que también firmó el Contrato de Concesión del Proyecto Olmos), es la única entidad, que ejerce la rectoría técnica – normativa, para la gestión integrada, sostenible y multisectorial de los recursos hídricos en beneficio de los usuarios de agua y población en general.
Traición contra Olmos
Detrás de esta decisión existió una red político-empresarial integrada por el MVCS, el Gobierno Regional de Lambayeque (GORE) y la Municipalidad Distrital de Olmos (MDO)
Personajes como Humberto Acuña Peralta (entonces gobernador regional) Willy Serrato Puse (exalcalde de Olmos, hoy condenado por corrupción), y el hoy concejero regional Juan Pablo Horna, avalaron acuerdos y oficios ilegales ―pese a no tener facultades― para reasignar el agua los 0,30 m³/seg a la NCO, lo hicieron, contraviniendo el contrato de concesión y las normas de la ANA. Se usurpó el derecho vital de todo un pueblo
Millones para la nada
La NCO cuenta con servicios de agua, desagüe, vialidad y áreas verdes. Sin embargo, la ciudad permanece deshabitada. La lógica detrás de esta obra no fue atender a los olmanos, sino crear un polo urbano artificial para las empresas agroexportadoras del Proyecto Olmos, sacrificando a la población local.
Hoy, Olmos tradicional sigue sin planta de tratamiento de agua potable, a pesar de que existieron S/ 130 millones transferidos en 2013 para solucionar este problema. El dinero, como las obras, se perdió en el laberinto de la corrupción y la impunidad, en la gestión de Willy Serrato Puse. Con ese dinero, sobre una quebrada que abastecía a pobladores de los caserios aledaños. se construyó dos pozas de oxidación que tienen sancion de demolicion expedida por la ANA.
Crimen
Negar agua potable a una población no es un simple error administrativo: es un crimen social y gubernamental. El acceso al agua está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución peruana y en la Ley de Recursos Hídricos.
Que un Estado priorice un proyecto fantasma en lugar de garantizar agua limpia a su gente refleja un modelo de desarrollo perverso, donde la vida de miles de ciudadanos pesa menos que los intereses de grandes capitales.
Corolario
Lo ocurrido en Olmos constituye un ejemplo de manual de captura del Estado, funcionarios y políticos que, en lugar de defender a la población, actuaron como operadores de intereses privados.
La construcción de la NCO fue un desfalco planificado, y el costo lo pagan hasta hoy familias enteras que ven vulnerado su derecho elemental a beber agua segura. Olmos fue víctima de una captura política y empresarial, donde los intereses de las agroexportadoras y la corrupción se impusieron sobre la vida de miles de ciudadanos.
El gobierno peruano tiene la obligación histórica y moral de reparar este daño: devolver el caudal que pertenece al pueblo de Olmos, construir de inmediato una planta de tratamiento y garantizar agua potable las 24 horas. De lo contrario, la Nueva Ciudad de Olmos quedará como un monumento a la impunidad y al abandono de un pueblo que clama por justicia.
