Este 27 de mayo el Tribunal Registral estaría emitiendo una resolución a favor de la inscripción de la directiva de Fredy Benites, tras una presunta transacción clandestina de “cientos de miles de soles” aseguro una fuente cercana a la organización.
La informante menciono también que, “usos y costumbres” habrían pagado a chamanes de Huancabamba por rituales de magia negra que incluso se habrían ejecutado en el propio local institucional, como último recurso criminal, para conseguir meter las manos, en las cuentas bancarias de la comunidad.
¡Maldita Corrupción!
Cientos de miles de soles se habrían movido en la sombra más oscura del sistema registral peruano con un presunto objetivo criminal, comprar un pronunciamiento prevaricador.
La fuente filtró este periodista —a traves de una conversacion en whatsapp— esta revelación, que de comprobarse, amenaza con demoler las bases institucionales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).
Según la informante, este 27 de mayo el Tribunal Registral emitiría una resolución estimatoria bajo la mesa para favorecer la inscripción fraudulenta de la junta directiva de Fredy Rolando Benites More en los registros públicos.
La supuesta e inusual “demora” en el pronunciamiento de la Tercera Sala no habría obedecido a carga procesal, sino a un «fuerte» y millonario acuerdo económico destinado a doblegar la legalidad y ordenar al registrador de Chiclayo, Carlos Jaramillo Munaico, dar luz verde al trámite de la cuestionada directiva.
El botín justifica el descaro del soborno. La informante ha sido tajante al desnudar las motivaciones de la cúpula. La urgencia de capturar la certificación registral responde de forma exclusiva a que “hay millones en la cuenta de la comunidad y ellos no pueden sacarlos”. Esta monumental inmovilización de dinero ha empujado a la mafia celeste a inyectar —supuestamente— masivas sumas de dinero sucio en los despachos registrales.
La filtración de la información no se detiene en la presunta coima financiera; la fuente ha involucrado directamente a la máxima autoridad política del distrito de Olmos en este concierto delictivo, manifestando de forma textual la consigna que retumba en las reuniones secretas de la peste celeste, “El alcalde Daniel Rivera Pasco está junto con los de la comunidad que están esperando que el 27 de mayo le van a dar la resolución de SUNARP”.
De acuerdo con el informante, el burgomaestre distrital de Olmos se habría involucrado de lleno con la organización celeste, operando políticamente para empujar al Tribunal Registral a emitir el fallo favorable.
Pero el nivel de degradación moral y desesperación de la «peste celeste» habría alcanzado su punto más macabro con el uso sistemático de artes ocultas para asegurar el éxito del asalto patrimonial.
Los «5 jefes de la peste celeste», conscientes del cerco técnico que los asfixia en el plano legal, habrían financiado viajes y rituales hacia las místicas lagunas de Las Huaringas, en Huancabamba, Piura, para someter a los funcionarios a amarres esotéricos. El informante reveló que la cúpula celebró rituales de brujería de alta magia negra “hasta en el propio local comunal” de Olmos.
Otro fraude
Si el Tribunal Registral concreta el fallo este 27 de mayo, consumaría un grosero atropello contra la verdad procesal. La realidad documental demuestra que la Junta Directiva de Fredy Benites More (período 2026-2027) enfrenta un verdadero calvario normativo debido a deficiencias insubsanables. El origen del bloqueo administrativo radica en la Esquela de Observación del 29 de enero de 2026, emitida por el registrador de Chiclayo, Carlos Jaramillo Munaico.
Al evaluar el Título N° 2025-03832192 (presentado originalmente el 22 de diciembre de 2025), el registrador detectó una inconsistencia técnica burda; la directiva declaró en su constancia de quórum la existencia de 88 libros padrones, pero al mismo tiempo afirmó que estos estaban numerados correlativamente solo del 1 al 79. La existencia de nueve libros «fantasmas» destapó las sospechas de un inflado masivo del padrón.
Este hallazgo registral se cruzó con la vía penal. La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Olmos, bajo la conducción de la Dra. Natalia Rosa Aza Santamaría, inició una investigación criminal por manipulación de datos, falsificación de documentos públicos e inclusión masiva de «votos golondrinos».
Ante la solidez de las evidencias, la Juez Flor Maribel Mendoza Cueva, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Motupe, dictó la Resolución N° 01 del 29 de diciembre de 2025 (Expediente N° 13400-2025-83-1708-JR-PE-01), ordenando una medida drástica e irreversible: la exhibición forzosa e incautación absoluta de los documentos del Padrón Electoral en manos de la Comisión Especial de Empadronamiento año 2025.
Con el padrón que judicialmente no ha sido incautado, por ser el cuerpo del delito, la base de la elección celeste quedó jurídicamente inexistente.
Conforme al Artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ninguna autoridad administrativa puede eludir ni dejar sin efecto los mandatos judiciales. Si los vocales de la Tercera Sala ordenan la inscripción basándose en un padrón incautado por fraude ideológico, incurrirán de forma flagrante en el delito de Prevaricato (Art. 418 del Código Penal), arrastrando responsabilidades administrativas y penales severas.
Prórrogas vencidas
Ante la inminencia de la tacha en Chiclayo, Benites More apeló al Tribunal Registral, ingresando el expediente a la Tercera Sala el 3 de febrero de 2026. Con el fin de ganar tiempo para estructurar el millonario acuerdo denunciado, el 9 de marzo de 2026, la Presidenta del Tribunal, Nora Mariella Aldana Durán, emitió la Resolución N° 053-2026-SUNARP/PT, concediendo una prórroga de 30 días hábiles adicionales con la clásica excusa de la «carga procesal».
Sin embargo, los plazos que otorga la ley son impostergables. Según el cronograma oficial de la propia SUNARP, el término máximo e improrrogable para que el Tribunal Registral emitiera su pronunciamiento final venció el 30 de abril de 2026. Al día de hoy, a mediados de mayo, el sistema informático de seguimiento de causas muestra un vacío absoluto de información: no hay actas, no hay firmas, no hay rastro del voto de los vocales.
Centinela consultó fuentes de soporte técnico del ente registral, la respuesta ha sido tajante; el sistema funciona a la perfección. La invisibilidad del trámite responde a una maniobra deliberada para congelar el caso y ocultar el texto de una resolución que, en estricto derecho, debió ser una Tacha Especial, pero que el «fuerte acuerdo económico» busca transformar en una orden de inscripción.
El silencio y el hermetismo del Tribunal Registral son un reconocimiento implícito de la putrefacción jurídica que rodea a la «peste celeste». El complot está armado, el dinero depositado y la presunta participación del alcalde Rivera Pasco, estaría listo para celebrar el despojo patrimonial.
Centinela mantendrá la mirada fija sobre el Tribunal Registral este 27 de mayo; si se consuma la inscripción de Fredy Benites, se habrá firmado el acta de defunción de la fe pública registral en el Perú, validando un asalto multimillonario impulsado por coimas de cientos de miles de soles, padrones delictivos y brujería de Huancabamba.
