En agosto del 2024, Concesionaria Trasvase Olmos, arrojo 3,4 millones de metros cúbicos de lodo al rio Huancabamba. El perjuicio es incalculable y al menos 500 los agricultores afectados. En ese escenario La OEFA ordeno a CTO, reparar el daño y resarcir a los afectados. CTO se niega a hacerlo.
¿Otra maniobra para evadir su responsabilidad ambiental y social?
La Concesionaria Trasvase Olmos S.A. (CTO), subsidiaria de la corrupta Odebrecht, sigue sembrando controversia. Tras causar un grave daño ambiental en el río Huancabamba al verter el 06/08/2024; 3,4 millones de metros cúbicos de sedimentos y generar el desembalse de la presa Limón por falta de mantenimiento, ha sido sancionada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Ahora, en un nuevo intento por evadir sus responsabilidades, CTO busca variar la medida preventiva impuesta y, paralelamente, pretende reconocer miserias por concepto de indemnización a más de 590 agricultores afectados.
OEFA ordena descolmatación de sedimentos
Como consecuencia del grave deterioro ambiental y riesgos para la salud de las comunidades cercanas, en el Exp: Nº 0176-2024-DSAP-CAGR y Acta de Supervisión; el 19/11/2024, el OEFA, emitió la Resolución Directoral N° 031-2024-OEFA/DSAP, mediante la cual ordena a CTO, la inmediata descolmatación de los sedimentos acumulados en 185 áreas del cauce de los ríos Huancabamba y Chamaya, ubicados en las regiones de Cajamarca y Lambayeque.
Antecedentes del caso
El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), responsable de la infraestructura hídrica en la zona, tiene concesionada la operación y mantenimiento del trasvase del río Huancabamba a la empresa CTO. En agosto de 2024, el OEFA tomó conocimiento de una preocupante mortandad de peces en las inmediaciones de la presa Limón, ocasionada por la descarga de sedimentos al río Huancabamba.
El vertido masivo de sedimentos no es un hecho aislado. La acumulación de estos materiales en la presa Limón ―resultado de una gestión deficiente y falta de mantenimiento― comprometido gravemente el ecosistema del río Huancabamba, afectando la calidad del agua y poniendo en riesgo la seguridad de la infraestructura hidráulica, como consecuencia de la falta de mantenimiento y gestión negligente, que generaron consecuencias ambientales que hoy impactan directamente en las comunidades locales.
La supervisión ambiental realizada del 7 al 10 de agosto de 2024 reveló que CTO, había descargado grandes volúmenes de sedimentos directamente al cauce del río, con un estimado de 3,4 millones de metros cúbicos de material vertido en un lapso de cinco días. La acción generó una acumulación de sedimentos que impactó gravemente la calidad del agua, afectando el ecosistema y la actividad pesquera local.
Impacto ambiental y socioeconómico
Según el informe del OEFA, el vertimiento de sedimentos ha provocado una serie de consecuencias ambientales y sociales:
Alteración del cauce fluvial: La acumulación de sedimentos ha cambiado la morfología del río, afectando su flujo natural.
Muerte masiva de peces: Se ha reportado la presencia de especies muertas como bagres y carachamas, fundamentales para la pesca local y la seguridad alimentaria de la población.
Contaminación del agua: La alta concentración de sólidos en suspensión afecta la calidad del agua y puede tener implicaciones para el consumo humano y el riego de cultivos.
Impacto en las comunidades: Poblados aledaños, como Yerma, Arenal y San Lorenzo, dependen del río para sus actividades diarias y han reportado dificultades en el abastecimiento de agua y en la actividad pesquera.
Personas afectadas
Las comunidades cercanas a los ríos Huancabamba y Chamaya han sido las principales afectadas por el desastre ambiental. Pescadores de la zona han visto reducida drásticamente su actividad económica debido a la desaparición de especies clave. Agricultores que dependen del agua del río para el riego de cultivos han denunciado la afectación de sus cosechas debido a la contaminación del recurso hídrico.
Habitantes de los caserios: El Alumbre, Puerto Yerna, Yerna; Campamento Limón, Arenal Arabisca, Tierra Colorada, Las Juntas; Puente San Antonio y Patacón entre otros de los distritos de Pomahuaca y Pucara, reportaron problemas en la disponibilidad de agua potable, y presunto incremento del riesgo de enfermedades gastrointestinales: “la situación provocó una crisis sanitaria y económica en la región” dijeron los líderes comunales
Decisión del OEFA
Ante este escenario, el OEFA en su rol fiscalizador, dispuso como medida preventiva en la R.D. N° 031-2024, que CTO, proceda con la inmediata remoción de los sedimentos acumulados en las áreas afectadas, con un plan detallado para la disposición adecuada de los sedimentos, que debió presentar a la entidad, pero aparentemente no lo ha hecho.
De acuerdo con la resolución, CTO deberá ejecutar acciones que restablezcan las condiciones naturales del cauce, garantizando el paso libre del flujo de agua y sedimentos para prevenir futuros daños ambientales.
Además, la entidad de fiscalización ha advertido que continuará supervisando de cerca las acciones correctivas y en caso de no acatar la resolución del OEFA, la Concesionaria, podría enfrentar severas sanciones legales
Posibles sanciones
Según la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley N° 29325), las infracciones ambientales pueden ser sancionadas con multas que van desde 10 hasta 30,000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), dependiendo de la gravedad del daño causado.
Además, la empresa podría ser objeto de procesos administrativos sancionadores que podrían derivar en la suspensión de sus actividades y la obligación de ejecutar planes de remediación ambiental. En caso de comprobarse negligencia o dolo en la contaminación de los ríos, los directivos podrían enfrentar acciones penales por delitos ambientales, con penas de hasta ocho años de prisión según el Código Penal.
OEFA ordeno al PEOT, modificación del EIA
El PEOT, encargado de la infraestructura hidráulica del sistema de trasvase del río Huancabamba, concesionó su operación y mantenimiento a CTO, desde 2004. Sin embargo, tras los acontecimientos del 6 de agosto y las supervisiones por el OEFA, evidenciaron una serie de deficiencias en la gestión ambiental del proyecto, lo que llevó a la emisión otra resolución que el supervisor PEOT debe implementar.
En efecto, en el Exp. Nº 0176-2024-DSAP-CAGR, con fecha 31/10/2024, el OEFA emitió la Resolución Directoral N° 029-2024-OEFA/DSAP, mediante la cual ordena al PEOT, actualizar y/o modificar su Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos – Obras de Trasvase del río Huancabamba. La medida busca garantizar que los impactos ambientales sean adecuadamente evaluados y mitigados, en especial luego de los recientes incidentes de contaminación en los ríos Huancabamba y Chamaya.
El OEFA identificó que el actual EIA-d del proyecto no contempla adecuadamente los impactos negativos derivados de la descarga de sedimentos en los ríos Huancabamba y Chamaya, como Alteración del cauce fluvial, Muerte masiva de peces, Contaminación del agua e Impacto en las comunidades, descritos líneas arriba
El incumplimiento de esta resolución podría derivar en sanciones severas para el supervisor PEOT y la CTO. Según la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley N° 29325), las infracciones pueden ser sancionadas con multas de hasta 30,000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Asimismo, el PEOT podría enfrentar la suspensión de sus operaciones y la obligación de ejecutar un plan de remediación ambiental. En casos de negligencia comprobada, los responsables podrían ser sometidos a procesos penales por delitos ambientales.
Maniobra dilatoria de CTO: ¿Impunidad?
Tras la sanción impuesta por el OEFA, en un nuevo intento por evadir sus responsabilidades, CTO busca variar la medida preventiva impuesta y, paralelamente, pretende reconocer miserias por concepto de indemnización a más de 590 agricultores afectados.
Mediante el expediente Nº 0176-2024-DSAP-CAGR, CTO intenta variar la medida preventiva alegando que fenómenos climáticos extremos y condiciones de sequía, han provocado la acumulación de sedimentos, y que una limpieza según los términos exigidos podría generar mayores riesgos, incluso la descarga no controlada de sedimentos.
Sin embargo, este intento de CTO no es más que una estrategia para evitar cumplir con su obligación.
La empresa sostiene que la extracción de los sedimentos generaría una reocupación natural de estos en la zona, lo cual evidencia una falta de planificación en la gestión de residuos y mantenimiento de la presa. Además, CTO alega que la reducción de los niveles de operación del embalse podría poner en riesgo la seguridad de la presa, cuando en realidad este problema es consecuencia de su propia negligencia en el mantenimiento de la infraestructura.
Esta argumentación, lejos de eximir su responsabilidad, se percibe como una estrategia para eludir el cumplimiento riguroso de las medidas que garanticen una protección ambiental real.
Indemnización miserable
Pero no solo está en juego la integridad del medio ambiente; la situación tiene un impacto directo en la vida de más de 590 agricultores afectados por el desembalse en el río Huancabamba. Mientras la comunidad sufre las consecuencias del daño ambiental, CTO pretende reconocer una indemnización irrisoria, una auténtica «miseria», que no cubre ni de cerca los perjuicios ocasionados.
Este intento de minimizar la responsabilidad financiera es una clara muestra de la despreocupación de la empresa por las vidas y medios de subsistencia de quienes dependen del río.
La sombra de la Quinta Adenda
No es la primera vez que CTO intenta evadir responsabilidades. Este nuevo movimiento se suma a una larga lista de maniobras en las que CTO ha buscado flexibilizar acuerdos en su beneficio.
La historia nos recuerda las cuestionadas 4 adendas anteriores y la polémica Quinta Adenda, mediante la cual la concesionaria busca favorecerse en detrimento del Estado y de los usuarios del agua.
Ahora, intenta otra vez torcer las regulaciones a su favor, esta vez bajo la excusa de una “mayor protección ambiental”, cuando su historial demuestra lo contrario, lo que evidencia con este intento una estrategia repetitiva para evadir obligaciones y transferir los costos de sus errores a la comunidad y al medio ambiente.
El caso del trasvase del río Huancabamba pone en evidencia la importancia de una gestión ambiental responsable en grandes proyectos de infraestructura hídrica. La decisión del OEFA marca un precedente en la fiscalización de actividades que pueden comprometer la calidad del agua y el equilibrio ecológico. Ahora, la atención estará puesta en la respuesta de la empresa concesionaria y en la efectividad de las medidas de mitigación implementadas para restaurar el ecosistema afectado.
Necesidad de una respuesta firme del OEFA
Ante este escenario, es imperativo que el OEFA se mantenga firme y rechace cualquier intento de flexibilización que no garantice una protección ambiental y social efectiva. CTO debe asumir su responsabilidad, cumplir con las medidas de limpieza y mantenimiento de la presa, y ofrecer una indemnización justa que repare, en la medida de lo posible, los daños causados a los agricultores y al ecosistema del río Huancabamba.
Si CTO, busca impunidad, sentaría otro precedente peligroso, no solo para el sector, sino también para las comunidades vulnerables que son las principales víctimas de esta gestión irresponsable. Es momento de actuar con rigor y garantizar que la justicia ambiental y social prevalezca sobre intereses empresariales que, reiteradamente, buscan reconocer miserias en lugar de soluciones reales.
La presa Limón no se colmató por un evento climático impredecible. Se colmató porque CTO no ejecutó el mantenimiento adecuado, y ahora busca justificar su negligencia con supuestos “argumentos técnicos” que solo buscan evitar su responsabilidad.
¿Se permitirá que una empresa históricamente irresponsable siga manipulando las reglas a su favor, dejando a comunidades enteras en la incertidumbre? La respuesta debe venir de una acción firme y decidida por parte de las autoridades ambientales y judiciales.
