Lo que el 21 de octubre de 2024 fue una alerta temprana publicada en una investigación de Centinela, hoy es una realidad judicial ineludible, el «Proyecto Terra» se ha transformado en uno de los mayores escándalos de presunta estafa masiva y tráfico de terrenos en el distrito de Olmos, bajo una fachada de modernidad agroexportadora que terminó siendo, para muchos, una desgracia de millones de soles.
El esquema, operado por la empresa R COORP E&D S.A.C. y liderado por su gerente general, Diego Rodríguez Valverde, prometía el acceso al «oro rosa», parcelas de pitahaya listas para la exportación.
Sin embargo, detrás del marketing agresivo en TikTok y Facebook, se escondía una vulnerabilidad legal que la investigación de Centinela señaló hace dos años, los terrenos ofertados se ubican en la Parcela III, un lote de 127 mil hectáreas que, para evitar precisamente el tráfico de tierras, fue inscrito temporalmente a nombre del GORE Lambayeque. En términos sencillos, la inmobiliaria vendía lo que no le pertenecía, supuestamente.
Anatomía del engaño
El modus operandi fue tan audaz como efectivo. R COORP E&D S.A.C. no solo vendía tierra; vendía una ilusión de solvencia. Con oficinas en Chiclayo y Lima, los asesores cerraban contratos de compraventa de bien futuro con reserva de propiedad.
Los incautos, muchos entre ellos personas de la tercera edad, buscando asegurar un patrimonio para su jubilación, abonaron cuotas iniciales que oscilaban entre los 28,000 y 30,000 soles.
Hoy, la realidad es desoladora. Según los testimonios que obran en la Carpeta Fiscal N° 2406074502-2025-6813-0, las etapas 2, 3 y 4 del proyecto son terrenos en donde no hay plantas sembradas, no hay infraestructura de riego y, lo más grave, la empresa carece de permisos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), certificados de suelos y licencias de exportación.
Las denuncias indican que se habrían vendido cerca de e 4,000 parcelas, lo que proyecta un compromiso patrimonial que supera los S/120 millones de soles recaudados solo por conceptos de cuotas iniciales.
Blindaje fiscal
El camino hacia la justicia ha sido pedregoso. El primer obstáculo no vino de los denunciados, sino del propio Ministerio Público. El fiscal Carlos Gustavo Cáceres Alejos, titular del Sexto Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, emitió inicialmente la Disposición UNO de archivo, bajo el argumento de que el caso era un «incumplimiento contractual» de índole civil.
Esta decisión, que pretendía normalizar la apropiación de millones de soles como un simple desacuerdo comercial, fue un golpe bajo para los primeros 30 denunciantes.
No obstante, la abogada Claudia Noriega —defensa de los agraviados— elevó el caso. La respuesta de la instancia superior fue un revés fulminante para la fiscalía provincial. El Fiscal Adjunto Superior, Julio César Arturo Peralta Vásquez, mediante la Disposición Fiscal N° UNO del 26 de febrero de 2026, declaró fundado el recurso de elevación de actuados.
El magistrado superior fue claro, no se puede archivar una causa sin investigar cuando existen indicios de un «negocio jurídico criminalizado», donde el contrato es solo la herramienta para el despojo.
Citas y declaraciones
«Diego Rodríguez Valverde nos dijo que para el año 2024 ya iba a estar todo solucionado, nos mostró documentos sin sellos, elaborados por él mismo», reza una de las declaraciones que figuran en el expediente.
Los agraviados no solo denuncian la falta de entrega de los predios, sino también el incumplimiento de las utilidades prometidas a quienes invirtieron en la Etapa 1. Mientras tanto, la empresa sigue ofertando hasta la Etapa 8, operando como una maquinaria que necesita nuevos aportantes para sostener una estructura que ya muestra grietas profundas.
La lista de investigados no se detiene en Rodríguez Valverde. El Ministerio Público ha puesto bajo la lupa a Yerko Gianiro Moisés Olazabal, Estela María Eugenia Valverde Aleman y Hebert Omar Rivera Lazo, entre otros representantes de R COORP E&D S.A.C.
La investigación preliminar ahora busca determinar cómo se montó esta organización para engañar a incautos en un territorio tan sensible como el de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos.
Advertencia ignorada
Es necesario recordar que este escenario fue vaticinado. La investigación periodística de octubre de 2024 publicada en Centinela, identificó a siete empresas, entre ellas FUNDO DEL VALLE (Corporación Agrícola del Valle S.A.) y el propio PROYECTO TERRA, como entidades que operaban en terrenos con serias irregularidades registrales.
En aquel informe se advirtió que la Parcela III era propiedad del Estado y que cualquier transferencia privada era, cuando menos, cuestionable. Quienes ignoraron la alerta periodística hoy forman parte de las filas de ciudadanos que desfilan por la DIVINCRI Chiclayo.
Click, en el siguiente enlace para acceder al informe de investigación: ¡Cuidado con los negocios Agro-inmobiliarios!: Presunta estafa masiva y tráfico de terrenos de comunidades campesinas.
Estado actual del caso
Al cierre de esta edición, las diligencias están en su punto más crítico. Para este 10 de abril de 2026, la Policía Nacional, a través del Área de Investigación de Estafas de la DIVINCRI, ha citado a una nueva tanda de agraviados, entre ellos Zunilda Becerra Quispe, Carlos Ernesto Castañeda y Paul Anthony Córdova, para que proporcionen sus declaraciones.
La presión social y jurídica crece.
Los afectados han solicitado formalmente el levantamiento del secreto bancario de los investigados y la intervención de la Unidad de Víctimas y Testigos (UDAVIT). El objetivo es claro, recuperar el capital y asegurar que los responsables de este «humo agroexportador» terminen tras las rejas.
Desde El Ciclón, seguiremos vigilantes. Olmos no puede seguir siendo la tierra de nadie donde el tráfico de terrenos se disfraza de inversión inmobiliaria.
