Mientras los ronderos de la zona altoandina custodian un tractor estatal para evitar su desmantelamiento tras el retiro de las cuadrillas del PEOT, el portal del MEF revela que la Municipalidad Distrital de Cañaris ya pagó más de S/105 mil por un suministro de combustible cuyo plazo legal expiró el 2 de junio. Un drama humanitario envuelto en sombras técnicas, interferencias de faja marginal y cuestiones presupuestales extrañas.
Desde hace quince días, los comuneros y las rondas campesinas de la zona se ven obligados a descender a pie durante cuatro extenuantes horas, organizándose en turnos de mañana, tarde y noche, con el único objetivo de custodiar un pesado tractor oruga dejado a su suerte en plena montaña.
La costosa maquinaria pesada, de propiedad estatal, ha sido abandonada y expuesta al desmantelamiento luego de que los operarios del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) retiraran abruptamente la excavadora hidráulica del frente de trabajo, dejando la construcción del camino vecinal Yerma – Faiquepampa en una situación de total abandono.
Este desolador panorama en el campo de operaciones contrasta con la realidad que registra el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La plataforma de consulta amigable para proveedores de la Municipalidad Distrital de Cañaris revela, que para el proyecto, “Creación del servicio de transitabilidad vial interurbana en el tramo entre la localidad Yerma – localidad Faiquepampa del distrito de cañaris de la provincia de Ferreñafe del departamento de Lambayeque” la entidad ya pago la suma de S/105,332.63 a la empresa ESTACION DE SERVICIOS CHALPON S.A.C. con RUC 20609932636, cuyo contrato legal ya caducó.
El origen del entrampamiento de esta infraestructura vial, proyectada para tener una longitud de 23.5 kilómetros y cruzar el río Huancabamba, arrastra un denso historial de trabas burocráticas y territoriales.
De acuerdo con las revelaciones vertidas por el consejero regional Dr. Julio César Sevilla Exebio, la viabilidad del trazo estuvo bloqueada durante años por la oposición de la empresa Concesionaria Trasvase Olmos (Odebrecht), entidad que operaba la infraestructura mayor de la Presa Limón y que impedía el paso de la vía bajo el argumento técnico de que afectaba áreas de su propiedad y de su exclusiva servidumbre contractual.
Aunque el PEOT reasumió el control directo de las obras de trasvase, la pesadilla legal no terminó. La parálisis actual encuentra un nuevo detonante técnico, la ausencia de información oficial y de estudios concluyentes sobre la delimitación de la faja marginal del río Huancabamba por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y del propio PEOT, lo que ha generado una severa interferencia técnica que pone en riesgo la estabilidad del proyecto.
La cronología de las versiones oficiales evidencia el tamaño del engaño hacia las sesenta familias que habitan la comunidad. El 12 de marzo de 2026, a través de una optimista nota de prensa institucional, el PEOT anunció un acuerdo tripartito entre la entidad regional, la municipalidad y la asamblea comunal para iniciar la trocha carrozable, fijando como fecha de arranque físico el 15 de marzo de 2026.
Posteriormente, el 29 de mayo de 2026, una segunda nota de prensa del PEOT aseguraba que la ejecución «avanzaba» a paso firme, reportando un supuesto progreso de 1 km 300 de apertura de vía mediante el despliegue de un pool mecánico compuesto por un tractor, una excavadora y un volquete Komatsu.
Sin embargo, los documentos oficiales emitidos esta semana desbarataron la narrativa gubernamental. El Oficio N° 000109-2026-GR.LAMB/CR-CRAAP, remitido el 11 de junio de 2026, por el consejero Julio César Sevilla Exebio al Gerente General del PEOT, Luis Germán Piedra Núñez (quien postula a la alcaldía de Jayanca), sincera que el avance real es de apenas un kilómetro con de cinco metros, denunciando que la excavadora fue retirada hace dos semanas debido a que el alcalde de Cañaris “no contribuye con el pago del combustible” según información de la población, confirmo la autoridad.
Sin embargo, al revisar el expediente logístico de la comuna andina, otra es la realiadad. El 4 de marzo de 2026, el Gerente Municipal de Cañaris, Lic. Cristian David Rodríguez Neyra, suscribió el Contrato N° 2002-2026-MDK/GM con la empresa Estación de Servicios Chalpon S.A.C., representada por Karol Milena Arias Aldaz, para la adquisición de 7,000.00 galones de combustible diésel B5 S-50, por un monto cerrado de 94,500.00 soles.
La Cláusula Quinta de dicho documento estipula explícitamente que el plazo de ejecución del suministro sería de noventa días calendario. Una operación matemática básica determina que el periodo contractual feneció el 2 de junio de 2026. Al cumplirse la fecha límite, el contrato quedó legalmente extinto.
El escándalo estalla al revisar el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del MEF. Al jueves 11 de junio, la Estación de Servicios Chalpón S.A.C. ya cobró y recibió del Estado la suma de S/105,332.63; es decir, la gestión municipal ya le habría pagado al grifo, además un exceso de S/10,832.63, supuestamente por encima del valor total estipulado en la Cláusula Tercera y Cuarta del contrato original, y en fechas posteriores a su vencimiento legal.
Dado que la Cláusula Séptima exige de forma obligatoria que cada desembolso cuente con la conformidad escrita de la Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural —bajo la jefatura del Ing. Andrés Enrique Llanos Tantalean— refrendada por el residente y el supervisor de la obra, la investigación fiscal deberá determinar cómo se emitieron actas de conformidad para recepcionar supuestamente, miles de galones de combustible diésel en una montaña donde las máquinas estatales llevan quince días apagadas y abandonadas por falta de pago, presuntamente.
El proyecto vial Yerma – Faiquepampa fue declarado viable bajo el amparo del Formato N° 07-A de Invierte.pe con el Código Único de Inversiones (CUI) 2719110, y su expediente técnico fue aprobado mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 019-2026-MDK/GM con un presupuesto global de S/9,210,536.31, una cifra que absorbe o supera la totalidad de las transferencias anuales que recibe el distrito por concepto de FONCOMUN, las cuales oscilan entre los 6 y 9 millones de soles para el presente año fiscal 2026.
Iniciar una obra de semejante envergadura por la modalidad de Administración Directa, sin tener aseguradas las transferencias del gobierno central y basándose solo en convenios endebles de maquinaria, constituye una grave irresponsabilidad política que ha dejado a la población en el más absoluto desamparo.
El drama de Faiquepampa no es nuevo. En el año 2024, un voraz incendio forestal destruyó las tuberías plásticas artesanales con las que sesenta familias conducían agua de consumo a lo largo de 5 Km. entre los cerros, afectando directamente a la única escuela primaria de la zona.
A pesar de los insistentes clamores dirigidos al PEOT y a la comuna distrital, la ayuda estatal fue nula, obligando a los ronderos a reconstruir su precario sistema con recursos comunales.
La cúspide de la crisis humanitaria se vivió semanas atrás, cuando una madre gestante entró en labor de parto; ante la ausencia de la carretera prometida y la imposibilidad de tránsito vehicular, su hijo murió en el vientre mientras los comuneros la trasladaban a pie en una camilla improvisada durante cuatro horas de descenso para poder abordar una ambulancia rumbo al Hospital Belén.
Hoy, esas mismas familias damnificadas deben abandonar sus parcelas agrícolas para cuidar un tractor del Estado, convirtiéndose en los vigilantes ad honorem de una obra millonaria paralizada, mientras el combustible de las máquinas se evapora de manera impune en los despachos contables de la municipalidad.
