La mega investigación “reservada” que abarcaría un periodo de 13 años, se remonta ―según la fuente― al 2010, con la inscripción en SUNARP, de 277 mil Has., a favor de la CCSDO. Otra fuente informo, que habrían desaparecido acervo documentario comunal.
Oficio FECCOR
El 01/02/2024, el fiscal –, José Luis Jaramillo Cubas, de la Fiscalia especializada contra la criminalidad Organizada – FECCOR Chiclayo; dirigió el Oficio N° 39-2024-MP-FECCOR/CH/JLJC, al actual presidente Santos Montalban, para solicitarle “de manera reiterada y en calidad de muy urgente”que remita la documentación solicitada por su despacho.
La solicitud que reiteraba el pedido sería la tercera. Según la fuente, los “dos oficios anteriores tambien los habría recibido la actual gestión, pero estos no habrían atendido el requerimiento del fiscal”
En realidad, y según el informante de Centinela, la FECCOR habría iniciado la investigación en el 2023, como respuesta al tráfico de terrenos ―el más feroz del que se tenga noticia― que llego ante el congreso de la república y según los primeros indicios, “gracias a declaraciones de testigos claves”
Según nuestras fuentes, las pesquisas involucraría a exdirectivos y asociados de la CCSDO, en una larga lista que llegaría al medio millar de personas, en un periodo de 13 años. Otra fuente asevero― respecto al actual presidente SANTOS EFRAÍN MONTALBÁN NÚÑEZ ― que “es muy probable que también hubiese sido involucrado”
Bajo esa premisa cabe entonces las siguientes preguntas:
- ¿Por qué SANTOS EFRAIN MONTALBAN NUÑEZ, no entrega la documentacion solicitada por La FECCOR?
- ¿A quien o quienes quiere proteger?
- ¿Se estará protegiendo tambien él?
En la FECCOR, se guarda total hermetismo sobre la investigación; sin embargo otras fuentes no oficiales han proporcionado informacion importante.
¿Desaparecen pruebas de adjudicaciones?
Según información de otra fuente, cientos de expedientes de adjudicaciones de terrenos, documentos de catastro, libros de balances, etcétera; habrían “desaparecido” de los anaqueles de la CCSDO, despues que la FECCOR curso el oficio a Montalban.
Aseguro que un fiscal adjunto de la FECCOR, acompañado de efectivos policiales, habría llegado a las oficinas de la CCSDO, logrando incautar “unos cuantos papeles sin mayor importancia, porque la mayoría salieron del local con rumbo desconocido”
La extraña desaparición de cientos de folders y archivadores que guarda el historial de las adjudicaciones de los últimos 10 años habría sido comprobado por la Fiscalia Contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo – FECCOR; tras una incursión en el local comunal
¿A quiénes involucraría la investigación FECCOR?
En abril del 2010, Grimaldo Monja Benites, entonces presidente de la CCSDO, con apoyo de la iglesia católica, logró inscribir ante la Zona Registral N II – Chiclayo, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), 277, 878.065 has., en 12 Partidas; a favor de la comunidad.
Es realidad, cuando Monja Benites llego a la presidencia de la CCSDO, la extensión del territorio comunal sumaba 401, 930.059 has. Monja no logro inscribir todo el territorio. Quedaron sin inscribir 196,000 has. a las que bautizaron como Zona II o de controversia.
Posteriormente en el 2014, en una controvertida decisión el presidente de turno Ismael Maza Cruz, con su secretario (que lo sucedió al poder); autorizaron al GORE Lambayeque, para que inscriban a su nombre 196, 000 Has.
El cuento que utilizaron para esta ilegal inscripción fue: “para evitar el tráfico de tierras” sin embargo, en ese lote, el tráfico de tierras ha sido igual o mayor que en las 12 partidas que Monja Benites inscribió en el 2010.
Investigaciones periodistica de este medio, ha expuesto en el tapete público, la participación de Grimaldo Monja Benites en presuntos hechos de trafico de tierras, los que han sido expuestos en informes; a los que puede acceder, haciendo click en los siguientes enlaces:
Banda criminal.
En el 12/12/2019, gracias a informacion confidencial, la Dra. Natalia Rosa Aza Santamaria, fiscal Adjunta de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Olmos, incio las primeras pesquisas, que permitieron la apertura de la Carpeta Fiscal N° 1097-2019, precisamente contra los expresidentes Ismael Maza Cruz y José de los Santos Arroyo Soplopuco, por los presuntos delitos de banda criminal y tráfico de terrenos.
La investigacion logró acopiar 11 tomos, que contienen cientos de títulos archivados de adjudicaciones y ventas de terrenos a personas naturales y jurídicas, por miles y millones de dólares que se ejecutaron entre el 2015 hasta el 2019; cada uno en los periodos de Maza Cruz y Jose Arroyo.
Para el Ministerio Publico, estos dos sujetos serían los cabecillas de una presunta banda criminal, que en solo 5 años habría amasado una cuantiosa fortuna con el tráfico de tierras. Las pesquisas, que realizó la Dirección de Investigación Criminal DIRINCRI-CHICLAYO, asi lo va determinando.
361 involucrados
En esta investigación, además de Maza y Arroyo; se encuentran involucrados otros directivos, que acompañaron a los cabecillas. Asi tenemos: Manuel Pupuche Maco – (secretario) Lubert Asención Soplopuco Benites – (tesorero) Pablo Isaac Puse Arroyo – (secretario) y Franco Sánchez Serrato – (tesorero); dirigentes que estamparon sus firmas en las minutas, para las adjudicaciones ilícitas.
De los 361 involucrados, la policía ha identificado -por el momento- a 63 comuneros; incluso clanes familiares. Checa la lista.
Clik, para obtener relación de lotes traficados: Millonario Trafico de Terrenos en Comunidad Campesina de Olmos | PDF (scribd.com)
RELACION INVOLUCRADOS TRAFI… by Jorge Alberto Moncada Mino
Delitos
De acuerdo con el INFORME POLICIAL N° 75-2022- IIMACREPOL/REGPOLAM/DIVINCRI-DEPINCRI-CH-AIEst. Ismael Maza (a) “may Maza” y José de los Santos Arroyo (a) “timo Arroyo” con el apoyo de un astuto abogado, modificaron el estatuto comunal para otorgarse amplios poderes, lo que habría facilitado, poner en operación el millonario tráfico de terrenos, que está llevando a la extinción a la CCSDO.
Conforme a las investigaciones a “may Maza” y “timo Arroyo” se les imputa ser presuntos autores de los delitos contra la tranquilidad Pública – banda criminal; contra el patrimonio – fraude en la administración de personas jurídicas y contra el patrimonio – defraudación, en agravio de la CCSDO, dicho de otro modo, contra 35 mil comuneros.
La policía ha llegado a determinar que entre el 2015 al 2019, la banda criminal sedujo a los 361 comuneros para adjudicarles ilícitamente hasta en dos o más oportunidades parcelas, de manera gratuita que, en conjunto, suman miles de hectáreas de terreno y millones de soles para después de dos o tres semanas, sean trasferidas a empresarios que han ido ampliando su patrimonio, bajo esta modalidad ilegal, que inició “may Maza”
¿Qué descubrió la policia?
Durante los años 2014 al 2017 y 2018 al 2019 en que han fueron directivos, Maza Cruz y Arroyo Soplopuco; a la par, con el secretario y tesorero ―según las investigaciones de la policía― registraron poderes especiales para firmar minutas y escrituras públicas, con el fin de poder entregar tierras en adjudicación directa como propiedad a los comuneros.
De esta manera, como si hubiera sido un plan premeditado, desde el primer día de ingreso a la CCSDO, Maza Cruz y Arroyo Soplopuco modificaron a su antojo el estatuto, violando la Ley Nº 24656, ley de Comunidades campesinas.
Maza y Arroyo, incumplieron con sus deberes; abusaron de sus mandos, falsearon información modificaron lo que establece el estatuto de la CCSDO para beneficiarse económicamente.
“Los imputados habrían simulado procedimientos en la adjudicación de terrenos y se han desprendidos inmensas cantidad de terreno de propiedad de la CCSDO, para ser entregados a comuneros que no cumplían con los requisitos, para que éstos transfieran de forma inmediata a diversas empresas, quienes resultan en la actualidad ser propietarios de grandes extensiones de tierras, bienes que son de propiedad de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos” se lee en el documento policial.
Congreso interviene
Por la grave crisis que atraviesa la CCSDO, ocasionada precisamente por el tráfico de terrenos a gran escala, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, del Congreso de la República, entonces presidida por la legisladora Ruth Luque Ibarra, decidió intervenir, para indagar sobre los graves problemas.
El 19/09/2023, Daniel Ruiz Solís comunero olmano, se sentó en el despacho de la parlamentaria quien, junto a su equipo de asesores, escuchó durante casi 3 horas, la narración de las atrocidades, que dos expresidentes un abogado y el presidente actual, habrían cometido en los últimos 12 años, con total impunidad, pese a investigaciones en curso, en el Ministerio Publico, sede Olmos y el juzgado de Motupe.
Desde el legislativo salieron los oficios n° 0419 y 021-2023-20224-CPAAAAE-CR, dirigidos a Armando Miguel Subauste Bracesco, superintendente de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y Paul Werner Caiguaray Perez, entonces, Viceminstro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de ministros, para que adopten las acciones que resulten pertinentes frente a las presuntas irregularidades en la inscripción de títulos de propiedad de la CCSDO.
En conclusión, esta investigación que impulsar la FECCOR, seria producto de esas gestiones, en donde como habrá descubierto el lector, 4 serían los expresidentes comunales que podrían terminar en las rejas
