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miércoles, octubre 5, 2022

Patronal pretende desconocer pacto colectivo.

¡GUERRA EN EL PEOT!: Trabajadores se enfrentan al gobernador y su camarilla.

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Inician paros escalonados. Declaran personas no grata al Abg. Víctor Ricardo Quijano Chávez y al Ing. Miguel Díaz Espino.

Amparado en una opinión legal sesgada e improcedente, formulada por el jefe de la Oficina de Asesoría jurídica del PEOT, Víctor Quijano Chávez; el gobernador regional Luis Diaz Bravo, pretende desconocer y anular, un Laudo arbitral firme y consentido, sobre pacto colectivo, que los trabajadores lograron hace 8 años.

Esta decisión arbitraria -como la que practican los dictadores- ha desatado la guerra en el Proyecto Especial Olmos -Tinajones (Peot); entre el gobernador regional y su camarilla; contra los trabajadores afiliados al Sindicato – SUTPEOT, que advirtieron “no permitiremos que se pisotee nuestros derechos”

Desde este lunes 20 de diciembre del 2021, conforme lo habían advertido, iniciaron plantones laborales escalonados; en legítima defensa de sus derechos sindicales, que la patronal intenta revocar.

El asunto, que cuenta con abundante documentación -toda a favor del trabajador- no reviste mayor complejidad.

Se trata de un beneficio económico a favor de los trabajadores, que se originó en el 2009 y que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), ha reconocido en sendos informes Nos. 112 y 177-2021/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, en el que señalan que, el incremento de 15 a 40 soles de vales de alimentos si corresponde al trabajador.  En otras palabras, para decirlo de una manera simple: Es legal.

Manuel Cobeñas Risco, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Peot (SUTPEOT), resumió el problema de la siguiente manera. “En el 2013-2015 mediante Laudo Arbitral -que es inapelable- logramos el incremento de la asignación de refrigerio a S/40; sin embargo, ahora el gobernador, que está mal asesorado, se niega a cumplirlo y de manera temeraria, pretende anularlo” señalo el dirigente

Recordó que el beneficio nació en el 2009 y que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), ha reconocido en el INFORME FINAL N° 177-2021/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI que al trabajador si le corresponde el incremento de 15 a 40 soles de vales de alimentos.

“El PEOT nunca pidió nulidad del Laudo; fue el Procurador Público Regional, Abog. Amado Elíseo Rodríguez Monteza quien, en el año 2015, (Exp. 00175-2015-0-1801-SP-LA-01), ante la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, desistió de continuar con el proceso, por lo que quedo firme el laudo” recordó.

El pasado 10 de noviembre del 2021, el Gerente general Ing. Damián Vásquez Bernal y el jefe de Of. Administración, CPC César Sandoval Cruzalegui, por parte del PEOT suscribieron con el SUTPEOT, un Acta de acuerdos, referente al pago de las resoluciones de SUNAFIL y el incremento de vales de alimentos del Laudo Arbitral 2015.

Esta Acta, de pleno derecho, que suscribieron las partes, ha sido cuestionada por Quijano Chávez, con un oficio irreverente y amenazador, que el mencionado ha cursado al gerente general del Peot.

El pasado fin de semana, el gerente le respondió a Quijano Chávez, como se dice “lo saco al fresco” y con Memorando N° 298-2021, le exigió que ofrezca pruebas de oposición al Laudo Arbitral, que oportunamente haya presentado el PEOT.

El 15 de noviembre el SUTPEOT, realizó una asamblea extraordinaria en defensa y apoyo al cumplimiento al Acta del 10NOV2021, en donde además se acordó, respaldar al Ing. Damián Vásquez, declarar personas no grata al jefe de Of. Legal, Dr. Víctor Ricardo Quijano Chávez y al jefe de OPP Ing. Miguel Díaz Espino.

http://centineladigital.pe/peot-pagara-s-120-mil-por-defensa-legal-de-dos-funcionarios-investigados-por-crimen-organizado-en-caso-odebrecht-lava-jato/

Por si no lo recuerdan, Víctor Ricardo Quijano Chávez, es el mismo funcionario que enfrenta acusaciones “bajo los alcances de la Ley N° 30077- Ley contra el Crimen Organizado” que se le sigue en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente, Especializado en delitos de corrupción de funcionarios.

Es el mismo funcionario que solicito “auxilio económico” de S/120,000.00 para pagar a un estudio Jurídico, para defenderse, él y RAMÓN GONZÁLEZ VÉLEZ, en la investigación que se les sigue en el caso Odebrecht.

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