Un concurso CAS, convocado para cubrir el cargo de Subgerente de Seguridad Ciudadana, ha sacado a relucir el desprecio que la Municipalidad Distrital de Olmos (MDO), tiene contra la mujer. La comision de concurso permitió la participacion de un policia sancionado por violencia familiar.
Se trata del Mayor PNP (r) Carlos Alberto Elera Vargas «ganador» del Proceso CAS N° 001-2024-MDO, quien mediante Resolución N° 302-2019-IN/TDP/1°S, del 9 de setiembre del 2019 fue sancionado por 6 meses de disponibilidad, por la comisión de Infracción muy grave Código MG-89, por violentarse contra su esposa J.D.B.G.,
Pese a ese antecedente será contratado por la comuna olmana que dirige Daniel Rivera Pasco. Desde el Concejo edil los regidores, entre ellos cinco mujeres, guardan cómplice silencio.
Gestion desatroza
A finales del 2023, para lavarle la cara a su desastroso gobierno, el alcalde de la MDO Daniel Rivera Pasco, anuncio con bombos y platillos, que convocará a un concurso público, para “…contratar los mejores profesionales y oxigenar la gestión”
En realidad, desde los primeros meses del 2023, el Órgano de Control Institucional (OCI), detectó una serie de irregularidades que, al 21 de marzo del 2024, suman cerca de 60 informes de control, los que cuentan la historia del pésimo gobierno de Rivera y notifican sobre la corrupción edil que ha infestado la comuna olmana.
El informe Visita de Control N° 3944-2024-CG/GRLA-SVC “Proceso a la Gestión de Seguridad Ciudadana en la Municipalidad Distrital y Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 2024” revela la desastrosa situación en la que se encuentra la Seguridad Ciudadana en Olmos.
¿Concurso amañado?
En febrero del 2024, los abogados Luis Alberto Herrera Lozada y Jorge Aníbal Alvitez Barboza y el CPC Javier Armas Velázquez, miembros del Comité de Selección de Personal para Contratación Administrativa de Servicios para el periodo 2024, aprobaron las Bases de Proceso CAS N° 001-2024-MDO, en el que se requería, entre otros, un experto en Seguridad Ciudadana.
Carlos Alberto Elera Vargas, Esteban Nolberto Panta Medina y Eduardo del Rosario Molero Ayala, se presentaron al concurso. Molero Ayala ocupaba el cargo, este había sido designado a dedo, por Rivera Pasco en el 2023.
El resultado del concurso, en la etapa preliminar, determino que Carlos Alberto Elera Vargas, fue el unico declarado “APTO” De acuerdo con los resultados en la evaluación curricular, el comité le otorgo a Elera 35 puntos: 5 en formación, 10 en experiencia general, 10 en experiencia especifica y 10 en requisitos adicionales.
A partir de allí corrió solo. En la en entrevista personal, Elera Vargas obtuvo 53.33 puntos, sumado a los 35 de la evaluación curricular, logro 88.3 puntos; es decir fue declarado ganador solitario.
Declaración Jurada con truco
Nadie conoce las preguntas de rigor a las que fue sometido el exoficial. Pero por si no estas al tanto de lo que es una entrevista personal, te contamos que es un diálogo con preguntas y respuestas sobre temas profesionales, formativos y personales, en el cual tanto la persona entrevistadora como la entrevistada intentan resolver sus dudas.
Según las bases para el Proceso CAS N° 001-2024-MDO en la entrevista personal se evaluó “Habilidades, Competencia y Ética. Pregunta: ¿Interrogaron a Carlos Alberto Elera Vargas, sobre su salida de la PNP? ¿Le preguntaron si había sido sancionado por infracción grave? Nadie lo sabrá.
Lo cierto es que, los concursantes deberían llenar una serie de formatos; entre ellos el Formato N° 1 DECLARACION JURADA.
En ese documento se les solicita a los concursantes declarar ―bajo juramento― si no registran antecedentes penales, policiales, ni judiciales. Asi mismo si no están inhabilitados administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión o desempeño en la función pública, entre otros requisitos que podrían ser impedimentos para contratar con el estado. Lo que no se les pregunto, es si habian sido sanciondos por falta administrativa grave.
Sancionado por violencia familiar
Carlos Alberto Elera Vargas, Mayor PNP (r) declarado ganador con 88.3 puntos en el concurso, para el cargo de Subgerente de Seguridad Ciudadana, fue sancionado por 6 meses de disponibilidad, por la comisión de Infracción muy grave del Código MG-89, por agredir y amezar de muerte a su esposa J.D.B.G. Asi lo dipuso el Tribunal de Disciplina Policial en la Resolución N° 302-2019-IN/TDP/1°S, del 9 de setiembre del 2019.
En la Denuncia N° de Orden 12845318, registrada el 31 de octubre del 2018 y Nota Informativa N° 304-C2018 formulada en la Comisaria PNP La Familia – Chiclayo, J.D.B.G., refirió que asistió con Elera Vargas a una fiesta de donde ella se retiró. Luego recibió una llamada de una amiga, quien le informo que su esposo abandono la fiesta, acompañado de una amiga.
Agrega que su esposo se apareció a los dos días en su domicilio, y al reclamarle fue agredida. En su denuncia señalo lo siguiente:
“(…) manifestó a ver sido víctima de violencia física y psicológica por parte de su esposo Carlos Alberto Elera Vargas (…) amenazándola que la iba a matar a balazos”
A su turno, en el interrogatorio al que fue sometido Carlos Alberto Elera Vargas, este lo negó todo. Dijo que todo era invento de su esposa y que el día de los hechos se encontraba “viajando a la ciudad de San Miguel – Cajamarca”
Carlos Alberto Elera Vargas, Mayor PNP, firmara en los próximos días contrato con la MDO, para desempeñarse, en el cargo de Subgerente de Seguridad Ciudadana, hasta diciembre del 2024, pese a los antecedentes administrativos graves y complicados que la comisión paso por alto.
Regidores «neutrales»
Lo preocupante de este caso es la posición «neutral» que ha asumido el concejo municipal, al soslayar este caso. A los ediles olmanos los han convencido, de que la sanción impuesta al expolicia es «…simplemente administrativa y no le impide ser contratado» De los nueve regidores cinco son mujeres y todas ellas -salvo la regidora Sara Maza- han preferido guardar silencio.
Gladys Lopez Mayanga, Angelica Maco Roque, Aracely Huaman Monja, Gladys Benites Maco, son las cuatro mujeres olmanas que con su complice silencio le han dado la espalda a todas las mujeres del Perú y el mundo. Los concejales varones Juan Tesen Arroyo, Miguel Mayanga Avellaneda, Vicente Sanchez Chapilliquen y Roger Vebntura Monja, decidieron seguir el mismo camino vergonsoso, que sus pares mujeres.
¿Que dice la Defensoria del Pueblo, sobre funcionarios sancionados por violencia familiar?
Como consecuencia del aumento de casos de violencia contra la mujer; en una nota publicada en su portal, la Defensoría del Pueblo recordó lo siguiente:
- La eliminación de la violencia contra la mujer constituye una obligación constitucional e internacional del Estado peruano, por ello forma parte substancial de nuestro ordenamiento jurídico. En virtud de estos mandatos ha sido establecida como una política pública nacional, que no puede quedar solo en el papel, debe ser obligatoriamente asumida por todo funcionario público como un código de conducta.
- El Estado peruano ha suscrito diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre los que destaca la “Convención de Belém do Pará”, dirigidos a garantizar los derechos de la mujer e implementar políticas públicas de prevención, atención y sanción con la finalidad de erradicar las acciones de violencia en contra de las mujeres.
- En este contexto, el Poder Ejecutivo aprobó el “Plan Nacional contra la violencia de género 2016-2021”, el cual establece y desarrolla la política pública en esta materia. De la misma forma, el Tribunal Constitucional ha determinado que el Estado peruano tiene la obligación constitucional de adoptar acciones idóneas para combatir toda forma de violencia contra la mujer, en la medida que constituye un problema estructural en nuestra sociedad.
- Si la política pública se concreta y ejecuta en la actuación de los funcionarios del Estado, más aun cuando se trata de funcionarios de alto nivel, no es posible que quien la viole o ignore en su actuación diaria, permanezca en el cargo.
