En el centro de una tormenta legal y social que compromete la seguridad de decenas de familias, se encuentra una decisión fiscal que los entendidos en la materia no dudan en calificar como un alarmante error técnico o, en el peor de los casos, como un flagrante acto de favorecimiento indirecto hacia la delincuencia organizada que explota el meretricio clandestino en la zona.
La protagonista de este cuestionado proceder es la abogada Rocío del Pilar Arce Cornejo, Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Olmos.
A través de la Disposición Fiscal Número Tres, emitida el pasado veintinueve de mayo del dos mil veintiséis en de la Carpeta Fiscal 821-2025, la magistrada ha determinado la ampliación excepcional del plazo de investigación preliminar por sesenta días contra Jorge Luis Távara Vásquez, presunto administrador del prostíbulo clandestino camuflado bajo la fachada de bar conocido como «El Semáforo».
Sin embargo, lo que debió ser un enérgico avance en la persecución penal se ha convertido en una abierta advertencia para los investigados.
En el tercer ítem de la sección resolutiva de la cuestionada disposición, la fiscal Arce Cornejo fijó formalmente la realización de una diligencia de constatación presencial en el local «El Semáforo» para el próximo día martes nueve de junio de 2026, exactamente a las 09:00 de la noche.
Lo insólito del mandato radica en que la disposición detalla con precisión increible el día, la hora y la participación de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Olmos para verificar el funcionamiento real del establecimiento e identificar a las trabajadoras.
Para los indignados moradores del AA. HH. «Alan García Pérez», lugar donde opera impunemente este antro, la resolución fiscal no es más que una «luz verde» para el encubrimiento. Con una lógica comunitaria aplastante, los vecinos organizados han denunciado que fijar una fecha pública equivale a «poner en aviso» al investigado Jorge Luis Távara Vásquez.
Advierten que el día de la inspección, las mujeres que atienden a los parroquianos simplemente recibirán la orden de no asistir, el local operará de forma pacífica como un simple bar comercial y el Ministerio Público pasará la diligencia sin registrar rastro alguno de la explotación sexual clandestina que allí se ejerce a diario.
«Esto nunca se va a terminar y pareciera que la fiscal los ayuda», exclamaron con amargura los residentes del sector afectado.
Archivo sospechoso
Para comprender la profunda desconfianza de la población de Olmos, es imperativo revisar el historial de la Carpeta Fiscal 821-2025. Este caso civil y penal nació gracias a la valentía de los ciudadanos Teodoro Huancas Oliden, José Miguel Sánchez Monja y Javier More Monja, quienes decidieron denunciar formalmente las actividades ilícitas de «El Semáforo».
Los denunciantes describieron un infierno cotidiano, trata de mujeres peruanas y extranjeras, escándalos públicos, trifulcas sangrientas y un consumo desmedido de alcohol que expone directamente a los menores de edad del asentamiento humano.
Sin embargo, el 14 de julio de 2025, la fiscal Rocío Arce Cornejo dictó la Disposición Número Uno, declarando de forma fulminante que «no procedía formalizar ni continuar la investigación preparatoria».
Bajo un argumento jurídico que la comunidad calificó de indolente, la fiscal provincial dictaminó que operar un prostíbulo sin los permisos correspondientes constituía una mera «infracción administrativa» que no competía al ámbito penal, ignorando las evidencias de meretricio encubierto.
Aquel blindaje primigenio dejó a la población en un absoluto estado de indefensión y alimentó la sospecha de una red de protección institucional en Olmos. Frente a este atropello, los denunciantes interpusieron un recurso de elevación de actuados que llegó al despacho del Fiscal Superior Jorge Juan Arteaga Vera, titular de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque.
El magistrado superior emitió un durísimo correctivo técnico mediante la Disposición N° 86-2026-3° FSPA-L, fechada el 19 de febrero de 2026. Arteaga Vera desarmó los argumentos de la fiscal Arce Cornejo, recordándole de forma contundente que el delito de Favorecimiento a la Prostitución, tipificado en el artículo 179° del Código Penal peruano, no exige captar el acto sexual en pleno desarrollo, sino que sanciona cualquier conducta orientada a coadyuvar, promover o allanar el camino para el ejercicio del comercio sexual clandestino.
El Fiscal Superior detectó negligencias severas en la etapa preliminar y ordenó revocar el archivo, mandando a efectuar de forma urgente las constataciones nocturnas omitidas.
Quiebre de la estrategia penal
A pesar del mandato imperativo de su superior jerárquico, la fiscal provincial penal parece haber optado por cumplir la orden solo en la forma, pero traicionando la efectividad del proceso en el fondo.
Juristas consultados por Centinela, sostienen unánimemente que programar un cronograma abierto y predecible para inspeccionar un delito clandestino dinamita las bases del Nuevo Código Procesal Penal.
El artículo 330°, inciso 2 del texto procesal penal determina que las diligencias preliminares tienen por objeto inmediato la realización de «actos urgentes o inaplazables» destinados a asegurar los elementos materiales de la comisión del hecho delictivo. Un acto programado con casi dos semanas de anticipación destruye el factor sorpresa, que es la regla de oro en la persecución del proxenetismo.
Los expertos coinciden con los vecinos de «Alan García Pérez», la fiscal, bajo el amparo de la Ley Orgánica del Ministerio Público, debió coordinar un operativo inopinado y sorpresa junto a las unidades de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, manteniendo la fecha bajo estricto secreto de sumario.
Al avisar formalmente al imputado Jorge Luis Távara Vásquez, la idoneidad, utilidad y pertinencia de la prueba quedan severamente frustradas, facilitando activamente el ocultamiento del iter delictivo o camino del delito. Mientras los entes fiscales operan desde la comodidad de sus escritorios burocráticos, en las calles de Olmos la tensión social escala.
Ciudadanos del lugar, agrupados en el «Comando Vecinos Vigilantes» consultados por este medio indicaron que cursaran un escrito a la fiscal para que el operativo se ejecute de manera reservada, caso contrario si la diligencia programada para el 9 de junio resulte frustrada o «limpia» debido a la filtración e infructuosidad de la agenda, denunciaran penal o administrativamente a la fiscal por presunta omisión de actos funcionales o favorecimiento personal, ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público del Distrito Judicial de Lambayeque.
De persistir en este itinerario predecible que beneficia al investigado, la fiscalía corporativa de Olmos no solo firmará el acta de un fracaso anunciado, sino que abrirá las puertas para que sus propios órganos de control interno evalúen penal y administrativamente un presunto favorecimiento personal en agravio de la sociedad y del Estado.
