Mientras una sentencia por difamación liquida las ambiciones municipales de Santos Montalván, el Tribunal Registral congela la inscripción de Fredy Benites ante la evidencia fiscal de un padrón electoral manipulado e incautado. En las siguientes líneas la crónica de un colapso legal anunciado, motivado por las ambiciones de unos pillos.
Peste Celeste
«Peste Celeste» no es solo una alusión al color de una facción política; en la Comunidad campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO) es, para muchos comuneros, el nombre de una maquinaria que hoy enfrenta su hora más oscura ante el Poder Judicial y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).
Dos procesos paralelos, pero profundamente entrelazados por sus protagonistas, revelan una trama de sentencias por difamación, padrones electorales bajo sospecha de fraude y un silencio administrativo en el Tribunal Registral que mantiene en vilo la institucionalidad del distrito.
Ocaso de “santitos”
El primer pilar de esta investigación se centra en Santos Efraín Montalván Núñez, ultimo presidente de la comunidad y figura central de la «Peste Celeste». Sus aspiraciones políticas para alcanzar la alcaldía de Olmos bajo la bandera del partido Acción Popular han sufrido un revés que parece definitivo.
La justicia ha sido contundente. El 12 de enero del 2026, la jueza Mary Nancy Becerra Abanto del Juzgado Especializado Penal Unipersonal, del Módulo Básico de Justicia de Motupe, en el Proceso nº : 12484-2024-0-1708-JR-PE-01, emitió una sólida sentencia en primera instancia condenado a Montalván por el delito de difamación, un fallo que, según el marco legal vigente, lo inhabilita para postular a cargos de elección popular.
Sin defensa
La situación se agravó cuando el 5 de mayo del 2026, los magistrados, Grandes Rojas, Rojas Cruz y Zapata Cruz —de la Tercera Sala Penal de Apelaciones— declaró la admisibilidad del proceso en una etapa que, en la práctica, ha dejado a Montalván sin una estrategia de defensa sólida.
Los argumentos presentados por su defensa técnica no han logrado revertir la contundencia de las pruebas que sustentan la condena inicial.
Este escenario judicial colisiona frontalmente con la cuestionada decisión del Comité Nacional Electoral de Acción Popular. En un acto que generó indignación en las bases del partido de la lampa, dicho comité ejecutó un levantamiento de tacha a favor de Montalván, permitiendo —momentáneamente— su carrera hacia el sillón municipal.
Sin embargo, la realidad de los expedientes judiciales es ineludible, con una sentencia confirmada y una sala que ha cerrado las puertas a nuevas maniobras dilatorias, la candidatura de Montalván pende de un hilo legal que la ética política difícilmente podrá sostener.
Padrón del Fraude
Mientras Montalván lucha en los tribunales penales, su aliado estratégico y delfín político, Fredy Rolando Benites More (cuya misión es cubrir fechorías), enfrenta su propio calvario en el terreno registral.
Benites, elegido en una cuestionada elección como sucesor en la Junta Directiva (periodo 2026-2027), pretendía inscribir su mandato ante la Superintendencia de Registros Públicos (SUNARP), mediante el título N° 2025-03832192. No obstante, el trámite se ha convertido en un laberinto de sospechas.
El origen del bloqueo radica en la Esquela de Observación del 12 de enero del 2025, emitida por el Registrador Público Carlos Jaramillo Munaico. El registrador detectó una discrepancia técnica insalvable, la directiva de Benites declaró la existencia de 88 libros padrones, pero simultáneamente afirmó que estos estaban numerados solo del 1 al 79. Esta inconsistencia fue el hilo del cual jaló la justicia.
Investigación fiscal
La investigación fiscal, liderada por la Dra. Natalia Rosa Aza Santamaría de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Olmos, ha puesto bajo la lupa la elaboración del padrón electoral. La sospecha es grave, manipulación de datos, inclusión de «votos golondrinos» y falsificación de documentos para garantizar el triunfo de la lista celeste.
Como resultado, la Juez Flor Maribel Mendoza Cueva, mediante la Resolución N° 01 del 29 de diciembre de 2025 (Expediente 13400-2025-83-1708-JR-PE-01), dictó una medida drástica, la incautación de los documentos relevantes del Padrón Electoral.
¿Omisión o Cautela Extrema?
Ante la observación del registrador, Fredy Benites apeló al Tribunal Registral. El expediente ingresó a la Tercera Sala el 3 de febrero de 2026. El 9 de marzo del 2026, argumentando “carga procesal” la Presidenta del Tribunal, Nora Mariella Aldana Durán, emitió la Resolución N° 053-2026-SUNARP/PT, concediendo una prórroga de 30 días adicionales para resolver.
Sin embargo, según el cronograma oficial de la SUNARP, el plazo máximo para que el Tribunal se pronunciara venció el 30 de abril de 2026. Hoy, a mediados de mayo, el sistema de seguimiento de causas muestra un vacío absoluto de información. No hay resolución, no hay actas de sesión, no hay rastro del voto de los vocales.
Consultadas fuentes internas de SUNARP sobre una posible falla técnica en su plataforma, la respuesta ha sido tajante, el sistema funciona correctamente. Esto deja una sola lectura posible, el Tribunal Registral ha decidido «congelar» el caso.
Esta demora inusual no es gratuita. Los vocales del Tribunal se enfrentan a un dilema legal de proporciones, si ordenan la inscripción de Benites basándose en un padrón que el Poder Judicial ya ordenó incautar por presunta falsedad, estarían incurriendo en una responsabilidad administrativa y penal grave.
El silencio del Tribunal es, en realidad, un reconocimiento implícito de la toxicidad jurídica que rodea a la «Peste Celeste». La invisibilidad del trámite en la web oficial sugiere que la resolución en redacción podría ser una Tacha Especial, el castigo máximo en derecho registral para títulos basados en documentos cuya veracidad no puede ser acreditada.
“crimen y castigo”
Los casos de Santos Montalván y Fredy Benites son las dos caras de una misma moneda; el intento de perpetuarse en el poder comunal y municipal mediante el uso de mecanismos que hoy la justicia está desmantelando. Por un lado, una sentencia por difamación que anula una candidatura política; por el otro, una investigación fiscal por fraude electoral que mantiene a la comunidad acéfala registralmente.
Para el ciudadano de Olmos y para los miles de comuneros de Santo Domingo, estas resoluciones y disposiciones fiscales —desde la incautación del padrón hasta la prórroga del Tribunal Registral— representan la última línea de defensa contra la impunidad.
Centinela, seguirá vigilante ante este silencio administrativo que, lejos de ser un olvido, parece ser el preludio de una decisión judicial y registral que marcará el fin de una era para la «Peste Celeste».
