La lluvia que se precipito la madrugada del 4 de noviembre, sobre el distrito de Olmos, puso al descubierto, que la recaudación que la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO), recibe por peaje, es otra terrible repartija de la cuestionada Lista Celeste.
La carretera que conecta desde el casco urbano de Olmos a la zona agroindustrial de Tierras Nuevas se transformó en una pesadilla. Más de 20 mil trabajadores quedaron varados en medio del lodo, sin poder llegar a sus centros de trabajo. Los buses se alineaban uno tras otro sobre una trocha, que se convirtió en una trampa mortal.
“Salimos a las cuatro de la mañana y no avanzamos ni un kilómetro”, cuenta un chofer en uno de los video registrado esa mañana. En las imágenes —verificadas por este medio— se observa una fila interminable de vehículos detenidos, una vía sin drenaje y ningún rastro de maquinaria o mantenimiento.
Aquella escena no fue un accidente natural, es la consecuencia directa, de un sistema informal de cobro de peaje comunal, que recauda dinero a los transportistas sin garantizar el servicio más básico —mantener la vía en condiciones transitables— y segura
Bajo sospecha
Según el informe obtenido por este medio y la cobertura del portal Centinela Digital, la CCSDO administra una garita de cobro en la entrada de la trocha hacia Tierras Nuevas. El peaje, que se presenta como un “aporte comunal para el mantenimiento”, funciona todos los días y es obligatorio para buses, camionetas y camiones de las empresas agrícolas. Se paga en efectivo, sin comprobante formal, y el monto varía según el tipo de vehículo.
“La comunidad recauda, pero nadie fiscaliza. Las máquinas nunca se ven, los baches crecen y los trabajadores somos los que pagamos las consecuencias”, denuncia un dirigente de transportistas que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.
Diversas publicaciones —incluidas notas en Correo, RPP y Centinela Digital— señalan que el cobro ha generado millones de soles en los últimos años, sin que exista control. Nadie ha intervenido para ordenar o regular esta práctica.
Caos y desesperación
En un artículo publicado en redes “Vía deteriorada hacia Tierras Nuevas impidió que 20 mil personas lleguen a su trabajo”, al que este medio tuvo acceso, detalla que hace apenas dos meses la empresa Cultivando ejecutó trabajos de mejoramiento en un tramo de 4.5 kilómetros, siendo responsabilidad de la CCSDO; sin embargo, el lodazal atrapó a centenares de buses y obligó a suspender la jornada laboral de miles de trabajadores.
Durante horas, los choferes intentaron avanzar sin éxito. “Ni las camionetas podían salir. Era como manejar sobre jabón”, narró otro conductor en el lugar. Las pérdidas fueron inmediatas, jornaleros que ganan por día dejaron de trabajar, los campos no recibieron mano de obra y las empresas agrícolas reportaron retrasos en la cosecha.
Las fotos y video grabado en el lugar —verificado por este medio— muestra el colapso total de la ruta. Buses estacionados por kilómetros, terreno húmedo y sin señales de intervención de maquinaria. La grabación coincide con los testimonios y con las fotografías que acompañan el informe oficial.
Pleitos por la torta
Al interior de la comunidad campesina hay divisiones. Algunos comuneros defienden el peaje como una fuente de ingresos “legítima” para obras internas, mientras otros denuncian que los recursos “desaparecen” y benefician solo a la dirigencia comunal.
Existen versiones de que parte del dinero habría sido destinado a financiar viajes francachelas y viáticos de autoridades comunales sin relación con el mantenimiento vial. “La verdad es que hay una repartija entre dirigentes y sus allegados” comento una comunera que pidió reserva de su nombre
¿Cómo empezó esto?
La garita comunal se encuentra instalada en el sector El Muerto–Las Norias convertido ahora en el símbolo de una controversia que mezcla autonomía comunal, manejo económico turbio, repartija y presuntas irregularidades administrativas. Lo que empezó como un mecanismo de “autogestión” para financiar el mantenimiento de una trocha, hoy enfrenta denuncias por cobros indebidos, recaudaciones personales y violación del estatuto de la propia comunidad.
La Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO), reconocida como persona jurídica bajo el amparo del artículo 89 de la Constitución, obtuvo respaldo judicial en noviembre de 2024, cuando el Juzgado de Investigación Preparatoria de Motupe, mediante Sentencia N.º 7 (Exp. 12787-2024), declaró infundada la demanda de hábeas corpus interpuesta por transportistas que reclamaban el retiro del peaje comunal.
El fallo, a cargo de la jueza Flor Maribel Mendoza Cueva, determinó que el cobro era válido en tanto se realizara “a través de los representantes” de la comunidad y dentro de sus tierras. Sin embargo, el fundamento que protegía la autonomía comunal se ha transformado, en la práctica, en una puerta abierta a la informalidad.
La jueza Flor Maribel Mendoza Cueva, determinó que el cobro era válido en tanto se realizara “a través de los representantes” o sea de sus directivos
Ilegalidad
El dinero recaudado por concepto de peaje no ingresa a las arcas comunales ni se deposita en cuentas institucionales. Transportistas y comuneros han solicitado reiteradamente balances y rendiciones de cuentas sin obtener respuesta. Algunos muestran en sus celulares los comprobantes de pago realizados por Yape a nombre de “Luis R. Torres C.” y otros “Bertha A. Ramos O.”
