En 1999, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO), sufrió uno de los golpes patrimoniales más severos de su historia; la confiscación e incorporación al dominio del Estado de 111,656 hectáreas de tierras eriazas mediante el Decreto Supremo N° 017-99-AG.
Aquel acto, ejecutado sin el pago de un justiprecio y bajo la bandera de la «necesidad pública» para viabilizar el Proyecto Olmos, dejó una deuda histórica y una herida latente en el corazón del pueblo olmano.
Hoy, 27 años después, el anuncio del gobernador Jorge Pérez Flores sobre la transferencia de 1,000 hectáreas a favor del Gobierno Regional de Cajamarca ha reabierto cicatrices, pero también ha desnudado una red de desinformación que confunde justicia administrativa con despojo territorial.
Defensa comunal
Desde esta tribuna como medio de comunicación comprometido con Lambayeque, Centinela ha mantenido una postura firme de censura frente a la indolencia del Estado y del Poder Judicial, instituciones que han postergado sistemáticamente el derecho de la CCSDO, al cobro del justiprecio por las tierras confiscadas bajo el régimen de Alberto Fujimori.
No obstante, frente a la reciente coyuntura de las 1,000 hectáreas, el debate público ha sido secuestrado por un ‘cuchicheo’ seudo-periodístico y una narrativa política saturada de desinformación. Esta escalada de imprecisiones, que ha alcanzado niveles de confusión ha arrastrado incluso al pronunciamiento equívoco de autoridades locales y a metiches seudo dirigentes.
Error geográfico: el «pecado original» de la desinformación
El pilar sobre el cual se edificó el escándalo fue una confusión geográfica grosera. Un sector de la prensa y comunicadores locales difundieron que los terrenos en disputa se ubicaban en el distrito de Jayanca. Esta premisa falsa no solo fue una imprecisión; fue el motor de una crisis social.
Esta mala comunicación arrastró al alcalde de Jayanca, Hermes Román Carrillo Mori, a emitir el Oficio N° 03-2026-MDJ/PPM, exigiendo explicaciones por una supuesta vulneración a su autonomía.
Del mismo modo, el Comité Multiinstitucional de Jayanca, liderado por Bernardo Chiroque López, llegó a convocar medidas de fuerza y asambleas urgentes en defensa de un territorio que, técnicamente, nunca estuvo en juego.
El «Lote N° 3 del Remanente N° 3» se ubica íntegramente en el distrito de Olmos, bajo la jurisdicción del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT). Al despejar el error de ubicación, el 90% de los reclamos de Jayanca pierden su objeto jurídico.
La soberanía de este distrito permanece intacta. Hoy queda claro, Jayanca nunca estuvo en los planos de transferencia, y su indignación fue alimentada por una comunicación deficiente que el PEOT —por conveniencia— salió a desmentir, mientras oculta otros hechos mucho más graves que este.
Denuncia de Pro Actione: «desubicación«
El clima de crispación alcanzó su punto máximo con la denuncia penal interpuesta por Rubén Eduardo Fernández Morales, presidente de la asociación civil Pro Actione, por presunta negociación incompatible y abuso de autoridad.
Sin embargo, la denuncia nace con un vicio de nulidad fáctica, “Lolin” Fernández sostiene que el predio se ubica en Jayanca.
Este error de georreferenciación demuele su propia estrategia legal. Al errar en la ubicación, la denuncia se estrella contra la realidad registral:
- Inexistencia del Objeto del Delito: No se puede imputar un abuso de autoridad sobre el territorio de Jayanca cuando el «Lote N° 3 del Remanente N° 3» se encuentra físicamente en Olmos.
- Falta de Rigurosidad: Basar una acción ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en interpretaciones erradas de seudo-periodistas, en lugar de consultar la Anotación Preventiva del 5 de marzo de 2026 o la memoria descriptiva del PEOT, revela una negligencia técnica que encamina la denuncia al archivo por atipicidad. Sin «escena del crimen» (Jayanca), no hay delito que perseguir.
Paradoja comunal
Otro actor en esta controversia es presidente de la CCSDO, Fredy Benitez, quien hoy reclama una «deuda histórica» y un litigio ante la CIDH.
Resulta especialmente contradictorio el pronunciamiento del dirigente que mientras hoy denuncian una «entrega apresurada», la memoria histórica es implacable. La historia registra que, en el año 2012, durante la gestión del vendepatria expresidente Ismael Maza Cruz y su secretario José de los Santos Arroyo Soplopuco, autorizaron al GORE Lambayeque —sin consultar a la asamblea comunal— que inscriba 127 mil has. de tierras ancestrales.
¿Cómo se puede hablar de «confiscación» cuando la propia institución comunal entonces en manos de la Lista Celeste, con su silencio validó en su momento el saneamiento físico-legal que hoy cuestiona?
Metiche
En medio de esta guerra de comunicados, un seudo dirigente del distrito de Olmos, que dice liderar a la “sociedad civil de Olmos” emitió un comunicado, para “emplazar de manera pública, directa y sin intermediarios al señor Jorge Pérez, al gerente del PEOT y consejeros regionales, para que se presenten personal y presencialmente en la plaza de armas del distrito a fin de rendir cuentas públicamente ante la población de Olmos y explicar”
El metiche seudo dirigente —que solo sirve a los intereses del burgomaestre local— pretende engañar a la población con un comunicado, como los otros, sin sustento técnico y legal; como lo hizo contra la subprefcta de Olmos.
Propiedad vs. territorio
Es imperativo que la opinión pública entienda la distinción técnica que el Comunicado del PEOT de abril de 2026 subraya. La transferencia de propiedad no es una cesión de soberanía.
- Propiedad: El GORE Cajamarca será el dueño registral del lote (Derecho Privado).
- Territorialidad Intacta: El predio sigue estando en el distrito de Olmos, Lambayeque. El nuevo dueño (Cajamarca) no ejerce soberanía política; debe respetar la zonificación lambayecana, pagar sus arbitrios y someterse a las autoridades de Lambayeque.
Comparar este acto con una pérdida de soberanía nacional es una falacia jurídica que solo busca generar miedo. Lambayeque no pierde ni un milímetro de su mapa regional.
Legalidad y Seguridad Jurídica
El Acuerdo Regional N° 187-2010-GR.LAMB./CR, aprobado por unanimidad el 19 de noviembre de 2010, no fue un capricho; fue la ratificación de un compromiso bilateral necesario para que Cajamarca permitiera el trasvase de las aguas del río Huancabamba. Sin esa agua, el Proyecto Olmos —y los miles de hectáreas que hoy sí producen— seguiría como un desierto.
El proceso de transferencia de las 1000 Has. al GORE Cajamarca, cuenta con el respaldo de la Ley N° 29151 (Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales) y ha cumplido todas las etapas, desde la identificación por la Comisión Técnica en 2018 hasta la opinión favorable de la SBN.
La «verdad histórica» es que Lambayeque está honrando el Acta de Jaén (2007), garantizando la paz social con Cajamarca, región que provee el agua para el milagro agrícola de Olmos.
Quienes hoy gritan «traición» basándose en mapas falsos y denuncias sin sustento, deberían revisar la historia de todo lo que el gobierno central, regional y local (en contubernio mafioso con autoridades locales, como Willy Serrato o los expresidentes comunales, Isamel Maza Cruz, José de los Santos Arroyo Soplopuco y Santos Montalván Núñez), le han hecho a este olvidado pueblo de Copiz.
