Lo que el 11 de abril de 2026 inició como una diligencia aparentemente rutinaria por la «Ley Seca» electoral, ha derivado en una contienda legal que recién inicia y pone en la línea de los acusados al SUP.PNP Juan Manuel Mori Paico, de la Comisaría Sectorial del distrito de Olmos.
Alfredo Ruiz Vilchez, en su calidad de Gerente General del establecimiento «Las Fariseas S.A.C.», ha decidido no dar marcha atrás y ha formalizado una denuncia penal por el delito de abuso de autoridad ante la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Olmos.
Esta nueva ofensiva jurídica, presentada este 8 de mayo de 2026, no es un hecho aislado. Representa la respuesta de un ciudadano que, tras tocar las puertas de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú (PNP), se topó con el desaliento y la presunta inacción institucional.
Ante las voces que desde el interior de la comisaría le advertían que «nada pasaría» con su queja administrativa, Ruiz Vilchez ha optado por la vía penal, buscando que el Ministerio Público desarticule lo que describe como una campaña de amedrentamiento y persecución policial.
Amenazas
Los hechos que sirven de base para esta denuncia fiscal se remontan a la víspera de las elecciones generales. Según el expediente, a las 21:28 horas del 11 de abril, una comitiva integrada por personal de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la PNP se constituyó en el kilómetro 89 de la Panamericana Norte, donde opera «Las Fariseas S.A.C.». El objetivo era verificar el cumplimiento de la restricción de venta de alcohol.
La inspección fue impecable desde el punto de vista legal para el establecimiento. No se halló parroquianos ni una sola botella abierta ni una transacción sospechosa. Sin embargo, cuando las autoridades electorales daban por concluida la labor, el Superior PNP Juan Manuel Mori Paico habría decidido actuar por cuenta propia.
Según el relato del denunciante, Mori Paico apartó al administrador del local, Jorge Luis Vilcherrez Odar, del resto del grupo. En ese aislamiento forzado, el efectivo policial habría lanzado una advertencia que Ruiz Vilchez califica de intimidatoria, «Si vendes alcohol, te voy a llevar detenido».
Lo más alarmante para la defensa, a cargo de la abogada Olenka Rubí Arroyo Soplapuco, no fue solo la frase, sino el procedimiento posterior. Mori Paico procedió a anotar en hojas sueltas —ajenas a cualquier acta oficial— el nombre, número de DNI y celular del trabajador.
Sin infracción constatada y sin procedimiento regular en curso, este acto ha sido interpretado como un exceso funcional y un amedrentamiento injustificado.
¿Falso operativo?
La valentía de Ruiz Vilchez al acudir inicialmente a la Oficina de Disciplina de Chiclayo el 18 de abril parece haber tenido un efecto bumerán. La denuncia administrativa, lejos de frenar las acciones policiales, habría desencadenado una represalia aún más grave, la ejecución de una «incursión pirata».
No obstante, fuentes de la Comisaría Sectorial de Olmos han revelado un dato preocupante; no existía ninguna Orden de Operaciones que autorizara dicha intervención en esa fecha y hora. Más grave aún, el Libro de Ocurrencias, se encuentra vacío respecto a la misión del patrullero PG-684 en ese lugar.
El 29 de abril de 2026, a las 16:10 horas, el patrullero de placa PG-684 ingresó a los dominios de «Las Fariseas S.A.C.». Dos efectivos en ropa de faena descendieron para realizar un supuesto operativo.
Esta ausencia de registro oficial transforma el acto en un allanamiento ilegal y un uso indebido de recursos del Estado —combustible, vehículo y horas hombre— para fines estrictamente personales de venganza. Para el denunciante, es la prueba irrefutable de que el Superior Mori Paico ha orquestado una persecución sistemática en su contra.
Denuncia penal
El escrito presentado ante el Fiscal de Turno de Olmos es contundente al tipificar estas conductas bajo el Artículo 376° del Código Penal por Abuso de Autoridad. La defensa sostiene que el funcionario público, abusando de sus atribuciones, ha cometido actos arbitrarios que causan un perjuicio directo al administrado.
Además del abuso de autoridad, la denuncia fiscal invoca la violación de otros marcos legales fundamentales, como el Art. 205° del Nuevo Código Procesal Penal, que regula los límites estrictos del control de identidad, los cuales habrían sido excedidos al recopilar datos personales sin causa justificada.
Así mismo, Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales); debido al manejo irregular de la información del trabajador Vilcherrez Odar en hojas sueltas; y el Decreto Legislativo N° 1267, que establece los principios y deberes del personal policial, los cuales se ven vulnerados al actuar fuera de los procedimientos reglamentarios y las órdenes de servicio.
Como prueba de los actos irregulares, Ruiz Vilchez ha entregado un dispositivo USB que contiene las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento. En estos videos se observaría no solo el incidente del 11 de abril, sino también la incursión del patrullero el 29 de abril, evidencias que desmienten cualquier intento de la dependencia policial por minimizar los hechos.
Silencio que preocupa
Mientras el caso que recién ha ingresado al Ministerio Público en busca de justicia, el silencio en la Comisaría de Olmos es calificado por testigos como «sepulcral». Los expertos en derecho administrativo advierten que Mori Paico y la tripulación del patrullero PG-684 enfrentan un panorama sombrío bajo la Ley N° 30714, que regula el régimen disciplinario de la PNP.
Dichas acciones, de comprobarse la falta de orden oficial, califican como infracciones «Muy Graves», que podrían terminar sanciones ejemplares para los involucrados.
El caso de «Las Fariseas» ha dejado de ser una simple disputa para convertirse en un símbolo de resistencia civil ante la arbitrariedad. La pregunta que hoy se hacen los olmanos y olmanos, es, cuántas de estas «intervenciones fantasma» ocurren a diario bajo el amparo de la noche o la soledad de las carreteras, sin que una cámara de seguridad quede como testigo.
Alfredo Ruiz Vilchez ha dejado claro que su lucha es por la justicia y para evitar que otros ciudadanos sufran el mismo acoso. Con la denuncia fiscal ya en marcha, el Ministerio Público tiene ahora la responsabilidad de arrojar luz sobre las sombras que parecen haberse instalado en la Comisaría de Olmos, garantizando que el uniforme de la nación sea utilizado para proteger y no para amedrentar.
