El tiempo y la contundencia de los documentos del Ministerio de Interior (MINITER) han terminado por sepultar cualquier intento de defensa que el heredero de la peste celeste pretenda ejecutar para salvar su pellejo.
Garantías fraudulentas
Mientras la putrefacta Fiscalía Provincial de Olmos continúa mirando a otro lado, en el escandaloso caso de la asamblea ilegal convocada por Fredy Benites More, para negociar con la trasnacionales Kallpa y Quercus; el MININTER confirmó la primicia de Centinela respecto de las mentiras consignada en su Declaración Jurada del Exp. Administrativo N.° 243-2026.IN-VOI-DGIN-PREFLAM-SPLAM del 25 de mayo del 2026, que presentó a la subprefectura, para obtener garantías para una reunión comercial fraudulenta.
Frente a la claridad y contundencia de estos hechos, el heredero de la organización será denunciado penalmente ante el Ministerio Publico, por los delitos de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo (Artículo 411° del Código Penal) y Fraude Procesal (Artículo 412° del Código Penal).
MININTER confirma falsedad
El pasado 2 de junio de 2026 en las páginas de este medio, bajo el titulo “¡Escándalo!: Fredy Benites habría engañado a la subprefectura de Lambayeque sobre verdadero motivo de asamblea comunal” se publicó como una legítima y rigurosa alerta las pretensiones del dirigente espurio. Hoy con los documentos oficiales ha dejado de ser una simple sospecha periodística para convertirse en una verdad jurídica incontrovertible.
La Carta N° 001778-2026-IN-SG-AIP, del 12 de Junio del 2026, suscrita por Carlos Soraluz Matallana, funcionario responsable de Acceso a la Información Pública de la Secretaría General del Ministerio del Interior, no hace más que corroborar, punto por punto, el sofisticado esquema de engaño, simulación y fraude administrativo que se orquestó para entregar el territorio ancestral olmano a las fauces de intereses transnacionales.
Hoy, con el expediente en la mano, la historia no solo expone a un cuestionado dirigente, sino que desnuda la escandalosa e intolerable complacencia del aparato fiscal local que prefiere mirar hacia el otro lado, mientras los cimientos del Ministerio Publico sede Olmos, se resquebrajan.
Mintió en declaración jurada
La trama delictiva se materializó formalmente el 25 de mayo de 2026. En aquella fecha, el heredero de la organización Fredy Rolando Benites More compareció ante la Subprefectura Provincial de Lambayeque con un propósito claro, blindar legalmente un evento comunal mediante la obtención de garantías inherentes al orden público.
Para lograrlo, estampó su firma en el Formulario N° 3 del MININTER —para solicitar garantías— un documento administrativo de estricto cumplimiento que posee, por mandato expreso de la legislación peruana, el carácter de Declaración Jurada.
En dicho formato, bajo la solemne promesa de decir la verdad a la que obliga el ordenamiento legal, Benites More consignó una coartada cuasi perfecta, la convocatoria a una supuesta «Asamblea General de Delegados» programada para el 31 de mayo en el Local de usos múltiples del Sector Filoque, cuyo único y exclusivo objeto —según sus palabras escritas— sería la «Rendición del Informe económico del mes de enero hasta abril del 2026».
Asamblea “comercial” y fraudulenta
Aparentemente “engañada” por esta declaración jurada de supuesta normalidad institucional y fiscalización interna; la subprefecta Betty Carmina Girón Rodríguez (que estaba de salida), procedió a emitir la Resolución Subprefectural N° 086-2026-IN-VOI-DGIN-PREFLAM-SPLAM, concediendo el aval político para la concentración de delegados comuneros. Sin embargo, la verdad que se pretendía ocultar tras bambalinas era infinitamente más lucrativa y peligrosa.
Tal como este periodista lo denunció de manera anticipada en el informe periodístico del 2 de junio del 2026 —antes de que las autoridades reaccionaran— la fachada del balance contable sirvió en realidad para camuflar una asamblea de disposición patrimonial donde se discutió, aprobó y ejecutó la firma de convenios y la entrega de vastas extensiones de tierras comunales a favor de las corporaciones energéticas transnacionales Kallpa y Quercus, comprometiendo activos y contraprestaciones por servidumbres que ascienden a sumas millonarias.
El fraude procesal es de proporciones cuando se analiza a la luz de las leyes civiles y registrales del Perú. Las comunidades campesinas no son feudos personales; se rigen por la Ley General de Comunidades Campesinas (Ley N° 24656) y por sus propios estatutos inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).
Sin legitimidad para obrar
En este caso específico, el Estatuto de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, establece rigurosamente en su artículo 8° que cualquier acto de enajenación, gravamen o disposición de las tierras colectivas requiere indispensablemente de un quórum calificado de las dos terceras partes de los delegados calificados.
Al ocultar de forma dolosa la agenda económica-contractual de las transnacionales, Benites More no solo sustrajo el evento del control de la autoridad política, sino que evitó deliberadamente que se fiscalizara si la asamblea cumplía con la rigurosidad legal exigida.
Pero el engaño documental contenía otra mentira aún más audaz. El Exp. 243-2026 demuestra que, para acreditar su supuesta legitimidad y personería jurídica, Benites More adjuntó una credencial emitida por el Comité Electoral fechada el 18 de diciembre de 2025 y un Acta de Proclamación del 14 del mismo mes y año.
Lo que omitió informarle a la Subprefectura en su declaración jurada es que la inscripción de dicha junta directiva en la fecha, se encontraba técnicamente suspendida por la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo en la Partida N° 11010856.
En el derecho registral peruano, la eficacia de la representación frente a terceros y el propio Estado nace de la publicidad y la inscripción vigente.
Al encontrarse suspendida, el firmante carecía de la capacidad legal y la representatividad civil para actuar a nombre de la persona jurídica, incurriendo en una burda usurpación de funciones representativas ante el Ministerio del Interior.
¿Fiscalía cómplice?
Frente a la claridad de estos hechos, que configuran los delitos de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo (Artículo 411° del Código Penal) y Fraude Procesal (Artículo 412° del Código Penal), la respuesta de los órganos de justicia locales produce escalofríos. La Fiscalía Provincial de Olmos ha demostrado una indolencia que ya sobrepasa los linderos de la ineficiencia, para instalarse en el terreno de la sospecha pública generalizada.
A pesar de la alerta temprana que Centinela público el 2 se junio, los magistrados olmanos optaron por el mutismo absoluto, un «mirar hacia el otro lado» que alimenta la hipótesis ciudadana de que esta presunta organización criminal goza de un blindaje judicial de primer nivel.
Es así que el sospechoso repliegue de la fiscalía frente a las maniobras de Fredy Benites solo puede interpretarse como un blindaje implícito a quienes hoy controlan la CCSDO, como si fuera su caja chica, su chacra o su agencia inmobiliaria privada.
Investigación periodística
Mientras este periodista logra desarmar la mentira en semanas, los fiscales con todo el poder coercitivo del Estado se muestran incapaces de iniciar una investigación de oficio, un contraste ético que debería avergonzar a los titulares del Ministerio Público en Chiclayo y Lima.
El mérito de este trabajo periodístico radica en haber quebrado el pacto de silencio antes de que el cemento de la impunidad fraguara. La llegada de la Carta N° 001778-2026-IN-SG-AIP convierte las páginas de este diario en un instrumento de acusación formal; los papeles oficiales demuestran que tuvimos la razón desde el primer momento.
El ocultamiento de la verdad ante la Subprefectura Provincial para dar luz verde a un millonario negocio con Kallpa y Quercus es la prueba de una afectación directa a la fe pública y a la administración de justicia.
Si la Fiscalía de la Nación y los órganos de control interno no intervienen de inmediato para extirpar este tumor de corrupción que mantiene secuestrada a la CCSDO, la historia recordará este episodio no solo como el gran fraude de la entrega de tierras, sino como la capitulación definitiva de la legalidad ante las mafias asentadas en este olvidado territorio olmano.
