La reciente propuesta de transferencia del Proyecto Olmos al Ministerio de Agricultura y Riego (MIDAGRI), lejos de ser una solución técnica o administrativa, es un claro intento de encubrir las responsabilidades de Odebrecht y de funcionarios locales que permitieron el deterioro de una de las obras de irrigación más importantes del norte peruano. Así lo ha denuncia el sociólogo Enrique Parodi en una entrevista que desnuda las maniobras detrás de esta movida política y empresarial.
Quien observe este caso desde fuera, podría pensar que la transferencia del proyecto a una entidad nacional es una oportunidad para sanear su gestión y resolver los problemas técnicos, como la colmatación del embalse Limón. Sin embargo, basta con revisar los hechos para darse cuenta de que el verdadero objetivo es liberar a Odebrecht (ahora CTO) de las consecuencias legales, económicas y sociales de su mala gestión y corrupción.
Recordemos que desde 2024 el embalse Limón está colmatado, impidiendo su funcionamiento y afectando gravemente a miles de agricultores, así como a las poblaciones cercanas que vieron cómo toneladas de lodo fueron descargadas al río Huancabamba. Estos daños tienen responsables claros: la empresa concesionaria y los funcionarios del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), quienes por años omitieron las advertencias técnicas de las consultoras contratadas para monitorear el embalse como tampoco la auditoria del 2019 que formuló La Contraloría.
Aun así, hoy se plantea una «solución» que no es más que una huida hacia adelante: trasladar la gestión al MIDAGRI, dejar atrás cualquier investigación profunda, y con ello sepultar también las sanciones y reparaciones que Odebrecht debería afrontar. Tal como advierte Parodi, «esto significa, en dos palabras: borrón y cuenta nueva». Pero ¿a quién beneficia ese «borrón y cuenta nueva»? Sin duda a la empresa corrupta, a los funcionarios que la encubrieron y a las autoridades regionales que ahora pretenden quedar impunes.
Más preocupante aún es el silencio cómplice de las entidades que deberían defender los intereses regionales: asociaciones civiles, colegios profesionales, y hasta la Cámara de Comercio de Lambayeque, que, en vez de alzar la voz, se han alineado con Odebrecht, defendiendo sus intereses. La misma Asociación Civil de Defensa de los Intereses de Lambayeque (ASIL), que debería liderar la defensa del proyecto y de la población afectada, permanece muda. ¿Qué más prueba de complicidad se necesita?
Lo grave es que esta transferencia no resolverá el problema de fondo: la colmatación del embalse y la pérdida de capacidad de irrigación. Según Parodi, las opciones técnicas para recuperar el embalse, como el dragado o el recrecimiento de la presa, son soluciones costosas y complejas. Y, ¿quién asumirá esos costos? Por supuesto, el Estado, es decir, todos los peruanos. Mientras tanto, Odebrecht se irá «limpia» y sin asumir ni un dólar de los daños causados.
Es necesario recordar, además, que este no es el primer episodio donde Odebrecht evade sus responsabilidades. En 2017, con el Decreto de Urgencia 003-2017-PCM, ya se permitió que la empresa vendiera sus acciones sin responder por los perjuicios de corrupción en la fase de construcción del Proyecto Olmos. Hoy la historia se repite, y si no alzamos la voz, volveremos a ver cómo una empresa corrupta escapa sin castigo y el pueblo paga los platos rotos.
Por todo esto, es urgente que las autoridades nacionales, y en especial la Contraloría General de la República y el Congreso, intervengan para frenar esta transferencia encubridora. Se necesita un peritaje técnico independiente, sanciones firmes contra Odebrecht y los funcionarios responsables, y una solución transparente y justa para la población afectada.
No podemos permitir que, bajo el discurso de «salvar el proyecto», se esconda una de las maniobras más descaradas de impunidad de los últimos años. El Proyecto Olmos no debe convertirse en otro monumento a la corrupción y la negligencia. Hoy, Lambayeque necesita justicia, no más mentiras.
