La promulgación por insistencia de la Ley N.º 32293, que modifica el artículo 2 de la Ley 24657, ha generado una profunda fisura entre comuneros de la costa peruana y las dirigencias de algunas comunidades campesinas.
Una Esperanza
Uno de los defensores más firmes de esta ley es Ruitor Odar Puse, exalcalde del Centro Poblado Corral de Arena y exdirigente nacional de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados del Perú – AMUCEP. En una declaración contundente, afirmó que con esta norma «se acabó el negocio de la comunidad» y se abre paso para que más de 20 mil comuneros accedan a una vivienda digna con título registrado.
Para más de dos millones de posesionarios, de las comunidades campesinas de la costa, esta ley representa una puerta a la formalización y al derecho legítimo sobre las tierras que han habitado por generaciones. Para otros, especialmente algunos líderes comunales, se trata de una amenaza a su poder económico y político.
Durante décadas, miles de familias asentadas en tierras comunales vivieron en un limbo legal. No eran propietarios formales, pero tampoco invasores. Construyeron sus casas, criaron a sus hijos, cultivaron la tierra. Sin embargo, no podían acceder a un préstamo, a servicios públicos plenos o a una obra estatal porque el terreno estaba inscrito a nombre de la comunidad.
La ley en contexto
La Ley 32293, promulgada el 8 de abril de 2025, establece que las tierras comunales ocupadas por asentamientos humanos o centros poblados antes del 31 de diciembre de 2015, y que no pertenezcan a comunidades indígenas u originarias ni tengan litigios pendientes, pueden ser formalizadas a favor de sus actuales ocupantes.
El cambio legislativo permite al Estado, a través del COFOPRI, titular los lotes individuales, reconociendo décadas de posesión informal y otorgando a los residentes acceso al crédito, servicios públicos e inversión estatal.
Sin embargo, quedan exceptuadas las tierras gobernadas directamente por la comunidad campesina, preservando así cierto margen de control comunal.
Caso Olmos
Con la promulgación de la Ley N.º 32293, esa realidad empieza a cambiar. Así lo declara con firmeza Ruitor Odar Puse, quien se ha convertido en una de las voces más claras y valientes en defensa del derecho de los comuneros a titular sus propiedades.
“Después que se registraron las tierras a nombre de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, empezaron a cobrar al comunero por actualizar su certificado de posesión. Esa era la forma de tenerlo enganchado. Era un ingreso para ellos.”
¿Negocio encubierto?
Según Ruitor Odar, la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO) registró más de 277 mil hectáreas a su nombre en SUNARP supuestamente sin consultar a los verdaderos posesionarios. Esto les permitió cobrar a los comuneros por certificados de posesión —un trámite costoso que debían renovar periódicamente.
“Era un ingreso para la comunidad. Así han estado por años. El comunero pagando, pagando y pagando”, denuncia.
Otra fuente asegura que algunos alcaldes de los centro poblados habrian llegó a cobrar entre 5 y 6 soles por metro cuadrado para entregar un título, dificultando que miles de familias regularicen su situación. “¿Ustedes saben lo que es tener un título en registros públicos? Se abre un mundo de oportunidades para el poblador”, insiste Odar
La situación se vuelve aún más compleja cuando se considera que, sin título formal, ni el Estado ni los gobiernos locales pueden invertir en infraestructura pública como postas médicas, colegios o vías. Esto ha frenado el desarrollo de decenas de centros poblados en Olmos, a pesar de que muchos llevan más de medio siglo establecidos.
«Nos tuvieron 20 años esperando»
Ruitor cuenta que en Corral de Arena y otros centros poblados, muchas familias llevan 40, 50 o incluso 70 años habitando sus lotes. Sin embargo, cuando acudían a COFOPRI para titular, no podían hacerlo porque los terrenos ya estaban registrados como comunales sin haberles consultado nada.
“Los caseríos y centros poblados se inscribieron a nombre de la comunidad. COFOPRI no podía entrar, aunque en algunos casos sí lo hizo, como en El Puente o Insculas. Pero muchos otros quedaron fuera.”
La consecuencia de este bloqueo legal ha sido el estancamiento del desarrollo:
“El Estado no puede invertir en obras si el terreno está a nombre de la comunidad. Ni postas, ni colegios, ni veredas. ¡Ni siquiera se pueden titular las postas médicas! Así no se puede progresar.”
El conflicto con la comunidad
Desde la dirigencia de la CCSDO, la reacción ha sido de rechazo. Alegan que la norma vulnera los derechos colectivos, promueve el tráfico de tierras y viola el artículo 89 de la Constitución, que declara a las tierras comunales como inalienables e imprescriptibles. Incluso se habla de presentar medidas cautelares para detener su implementación.
Pero para Odar, esa oposición no es más que la defensa de un modelo económico clientelista, en el que algunos líderes han lucrado durante años a costa del derecho de propiedad de los comuneros. “¿Cómo vamos a truncar el desarrollo de un pueblo por mantener un negocio?”, cuestiona con indignación.
Además, cuestiona la supuesta intención de redefinir la CCSDO como una comunidad indígena u originaria, lo que legalmente los eximiría de la aplicación de la ley. “Eso no es así. Hay más de 20 mil viviendas que deben titularse. No pueden truncar ese derecho con esas artimañas. La CCSDO no es una comunidad indígena u originaria”, afirma.
Para Odar, el motivo es claro: “Se les escapa el negocio de las manos. Quieren seguir cobrando por certificados de posesión, por actualizaciones, por cada trámite. ¿Cómo van a oponerse a que 20 mil familias tengan un título de propiedad?”
“Con esta ley se abre un mundo de oportunidades”
la titulación asegura Ruitor Odar, es mucho más que un papel. Es la puerta a un mejor futuro: “Cuando tienes tu título inscrito en Registros Públicos, puedes pedir un préstamo, construir con seguridad, heredar, tener servicios. No es solo techo propio, es dignidad.”
También critica duramente que la riqueza acumulada por la comunidad a través de la venta de tierras no haya beneficiado a los comuneros, ni urbanos ni agrícolas:
“Tenemos agricultores con dos o tres hectáreas que no pueden acceder a un crédito porque la tierra no es suya. Llevan cuidándola 50 años, pero legalmente no pueden hacer nada.”
“No sean malos, dejen que el pueblo se libere”
En la entrevista Ruitor expresa una exhortación directa a quienes hoy se oponen a la aplicación de la ley:
“¿Cómo van a truncar el desarrollo de un pueblo? ¿Cómo es posible que los líderes quieran mantener atado al comunero solo para seguir cobrando? La comunidad tiene otras formas de generar ingresos: pueden hacer convenios, cooperativas, trabajar con empresas… Pero que no sea a costa del poblador.”
Más allá del título: ¿Qué está en juego?
La disputa va más allá de la legalidad o el derecho a la tierra: se trata del control social y económico sobre el territorio. Con esta ley, el Estado recupera parte de su capacidad de acción, la comunidad pierde un monopolio económico, y los comuneros acceden a la posibilidad real de progresar.
El caso de Olmos, con sus centros poblados y múltiples caseríos muestra que la titulación es posible, pero ha sido selectiva, desigual y politizada. “Muchos llevan esperando 15 o 20 años. Esta ley por fin les da esperanza”, dice Odar.
Ahora, el desafío será implementar la ley sin caer en nuevas irregularidades, proteger a las verdaderas comunidades indígenas y garantizar que la titulación no derive en nuevos procesos de concentración de tierras o urbanización descontrolada.
Pero mientras tanto, para miles de familias que han vivido por generaciones en tierras comunales sin derechos formales, la Ley 32293 representa una oportunidad histórica. Y, como dice Odar: “Los que conocemos bien el tema debemos salir a promocionar esta ley. Le va a servir muchísimo al pueblo”.
Derecho a progresar
La voz de Ruitor Odar resume una tensión nacional: la resistencia de algunos sectores comunales frente al derecho individual de los pobladores a tener su propiedad.
Mientras unos defienden “el patrimonio comunal”, otros, como él, defienden el derecho a progresar, “Esta ley no es solo para Olmos. Es para todo el Perú costero que ha estado abandonado por años por culpa del entrampamiento legal de las tierras comunales. Es hora de avanzar.”
