El reciente proceso electoral municipal que ha catapultado al virtual triunfo a Santos Efraín Montálvan Núñez, bajo el amparo de la camiseta de Acción Popular, representa el capítulo más grotesco y asqueroso en la historia de la captura institucional del distrito Olmano.
Lejos de ser el emergente liderazgo comunal que pregona su propaganda, Montalván constituye la ficha de recambio de un engranaje criminal denominado la «Peste Celeste». Una telaraña de poder que operó la transferencia de terrenos, la simulación de actos eleccionarios y el desfalco de más de 17 millones de soles sin rendición de cuentas, garantizando el blindaje de sus antecesores a cambio del aparato económico que terminó comprando el sillón municipal.
GÉNESIS DE UN PODER ILEGAL
El ascenso de Santos Montálvan al control absoluto de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO) nació viciado de nulidad y fraude. En diciembre de 2021, la maquinaria dirigencial asestó un golpe al padrón y a las mesas de votación comunal.
La ilegalidad fue de tal magnitud que el Juzgado Civil de Motupe, mediante la Resolución N° 5 emitida en el Expediente N° 02722-2021-0-1708-JR-CI-01, declaró la NULIDAD ABSOLUTA del proceso electoral.
El fallo judicial dejó al descubierto la manipulación sistemática perpetrada por el Comité Electoral; se excluyeron arbitrariamente 11 mesas y 8 actas de sufragio que contenían 158 votos favorables a la opositora Lista Roja, mientras se inflaba el padrón mediante la masiva inscripción de falsos comuneros —los denominados «golondrinos»— traídos desde San Ignacio, Jaén y Lima para distorsionar la voluntad popular.
Sin embargo, en un sistema donde la justicia penal negocia con mafias en los recovecos más oscuros del sistema; la Segunda Sala Civil de Lambayeque emitió un fallo que devolvió el respiro a la red, permitiendo que Montalván continuara cuatro años en la dirigencia comunal.
Durante este periodo, no solo desconoció los mandatos de la Ley General de Comunidades Campesinas (Ley N° 24656), sino que erigió una dictadura administrativa al margen de la Asamblea General.
BOTÍN DE S/17 MILLONES
En las últimas dos gestiones del expresidente comunal Santos Efrain Montalván Núñez el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones (MTC) pagó a la CCSDO) S/17′ 334, 829, 72; por predios adquiridos a la comunidad, destinados a la ejecución y liberación del derecho de vía del Proyecto Vial Concesionado «Tramos Viales del Eje Multimodal del Amazonas Norte – IIRSA Norte».
El hallazgo de la descomunal cifra se encuentra en el Informe N° 07673-2026-DDP/CGV2, suscrito por Reyna Isabel Huaman Huarcaya, Directora de la Dirección de Disponibilidad de Predios (DDP) del MTC.
Este documentos oficial confirma que Montalván recibió desembolsos que superaron los S/ 17,000,000 sin embargo nadie (salvo los integrantes de la peste celeste), sabe el destino de ese millonario botín.
¿Dónde está el dinero de los comuneros olmanos? Durante cuatro años de ejercicio, Santos Montálvan no presentó un solo balance contable auditado. Violando flagrantemente el Estatuto Comunal y el Código Civil sobre personas jurídicas, el dinero jamás fue ingresado a la contabilidad transparente de la comunidad ni se rindió cuenta en Asamblea General. No hay escuelas comunales, no hay redes de agua ni desagüe, no existen postas ni infraestructura agropecuaria que justifiquen el destino de esa bolsa millonaria.
Lo que existe son pequeñas habitaciones construidas sin criterio técnico, compra no autorizada de maquinaria china, donaciones en efectivo a equipos de futbol, etc.
Montalván manejó los recursos en la opacidad absoluta, transmutando el dinero de las expropiaciones estatales en la caja chica de su posterior campaña electoral municipal.
NEGOCIOS DE FAMILIA
El tráfico de tierras en Olmos no solo abasteció a grandes especuladores; se convirtió en el patrimonio familiar de la directiva. Uno de los hechos más escandalosos de la gestión de Montalván involucra de manera directa a su círculo de sangre; la adjudicación express e ilegal de un predio comunal de 10 hectáreas a su propio hermano, Lander Montálvan Núñez.
Sin someter la decisión al mandato soberano de la Asamblea General de Comuneros -único órgano facultado por ley para disponer del patrimonio comunal- la directiva presidida por Santos Montálvan firmó las actas de posesión y titulación interna a favor de su familiar.
El círculo de la valorización ilícita se cerró poco después: Lander Montalván procedió a la comercialización y venta del predio a una ciudadana foránea procedente de la región Cajamarca.
BLINDAJE PROCESAL E IMPUNIDAD
La llegada de Montalván a la cumbre de la directiva comunal no fue un accidente, sino un relevo pactado con los caciques del despojo olmano: «May» Maza y «Timo» Arroyo.
Cuando la fiscal Natalia Rosa Aza Santamaría, al mando de la Carpeta Fiscal N° 1097-2019, avanzaba a paso firme en las investigaciones preparatorias contra Maza Cruz y Arroyo Soplopuco por los delitos de Banda Criminal, Defraudación y Tráfico Sistemático de Tierras, la Comunidad Campesina ostentaba la calidad legal de parte agraviada.
Como representante legal estatutario y garante de los bienes de la CCSDO, Montálvan tenía la obligación legal ineludible de apersonarse al proceso penal ante el Ministerio Público; constituir a la comunidad como Actor Civil para exigir embargos, reparaciones civiles y restitución de hectáreas robadas y aportar las actas, libros de padrón y títulos clonados durante las gestiones de Maza y Arroyo.
Montalván rehusó deliberadamente apersonarse y jamás impulsó el caso. Omitió su deber procesal para dejar en la indefensión a la comunidad y garantizar el congelamiento de la causa. Este calculado encubrimiento por omisión alimentó la paralización del expediente y precedió a una serie de movimientos altamente sospechosos en la estructura fiscal, entre ellos el abrupto traslado de la fiscal Rosa Aza Santamaría a la sede judicial de Jaén y el posterior requerimiento de sobreseimiento (archivamiento) formulado por un fiscal adjunto temporal en marzo de 2024.
El favor fue devuelto de inmediato. A cambio de sepultar la persecución penal y de no exigirles jamás un balance económico ni auditoría de sus anteriores administraciones, Maza Cruz y Arroyo Soplopuco pusieron a disposición de Montalván todo el aparato logístico, la red de operadores y el respaldo político de la «Peste Celeste» para asegurar su proyección a la alcaldía distrital.
ASALTO A ACCIÓN POPULAR
Con los bolsillos llenos por los 17 millones no auditados y el respaldo de la maquinaria delictiva blindada, el siguiente paso era la captura del poder político local. Para lograrlo, el facineroso perpetró un asalto a las estructuras del Partido Acción Popular.
Militantes históricos de la agrupación denunciaron un fraude sistemático en los comicios internos del partido; se pasaron por alto las elecciones normadas por el Estatuto del partido, fraguando actas de delegados e imponiendo su candidatura a la fuerza.
Pese a las impugnaciones planteadas y la evidentes investigaciones por crimen organizado que pesaban en su contra, la candidatura pasó los endebles filtros del Jurado Electoral Especial (JEE), utilizando a una agrupación histórica como simple cascarón de alquiler para lograr impunidad e inmunidad municipal.
Ya en la contienda, la estrategia de captación del voto fue un despliegue de la «escuela clientelar» con repartos masivos de calamina, sacos de cemento, dinero en efectivo para festividades, camionetas recorriendo los caseríos y la promesa explícita de «titular» las tierras que previamente la propia red había despojado.
MUNICIPIO QUE HUELE A SECUESTRO
El resultado del reciente proceso electoral en Olmos no representa la fiesta de la democracia; es el triunfo de un esquema de captura corporativa y delictiva del Estado.
Santos Montálvan Núñez ha llegado a las puertas del sillón municipal dejando a su paso, un proceso comunal declarado nulo por fraude electoral; más de S/17 millones esfumados sin auditoría, tráfico de tierras probado a favor de familiares directos, un pacto de impunidad procesal con la «Peste Celeste» y la profanación de la democracia interna de un partido político.
Si la fiscalía contra el Crimen Organizado y la DIVIAC no intervienen de manera inmediata, las arcas del distrito y la contabilidad oculta de la CCSDO; la alcaldía de Olmos no será una casa de gobierno municipal, si no que operará como el cuartel general desde donde se consagrará el lavado de activos, la impunidad judicial y el despojo comunal.

