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Licitación de compactadoras de la MPCh, es ilegal y mafiosa

Jorge Moncada Mino
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Licitación de compactadoras de la MPCh, es ilegal y mafiosa

Proceso se elaboró al márgen de la ley de Contrataciones, para favorecer a determinado postor que entregara camiones Donfeng, de procedencia China.

[PUBLICADA 14MARZ2021]

RECUPERADA 15 DE MARZO DEL 2022

Un nuevo escándalo de presunta corrupción, al interior de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), pone en evidencia otra vez, la comprometida apatía, del oficialista concejo edil, al descubrirse, que el proceso de licitación para la compra de 7 compactadoras, fue elaborado y aprobado de manera ilegal, para favorecer la sobrevaloración y direccionamiento, de determinada marca china.

La compra de compactadoras, siempre ha rondado en la cabeza del alcalde Marco Gasco. El primer intento, termino en lo que se conoce, como el caso Veolia. El segundo, con la ilegal “Declaratoria en situación de emergencia, por la insuficiente capacidad operativa de la maquinaria…” aprobada por mayoría (9 regidores), en sesión de concejo del 22ENE2021.

Y es precisamente el Acuerdo de Concejo N° 04-2021-MPCH/A, el que sirve de “sustento” para impulsar, en primera convocatoria, la Licitación Pública N° 001-2021-MPCH-CS, para la adquisición de 7 compactadoras. 

 ¿Qué aprobaron los regidores?

Desde el inicio de esta gestión, uno de los serios problemas, que no ha podido resolver el alcalde Marco Gasco Arrobas, es la limpieza pública.

Para hacerlo, intento de todo; incluso, pensó que al contratar a un exalcalde y exministro; compañero suyo de vieja militancia aprista, podría solucionarlo. El compañero Juan José Salazar García fracaso.

El 22ENE2021, 9 concejales del oficialismo, aprobaron la “Declaratoria en situación de emergencia por insuficiente capacidad operativa de la maquinaria y a las limitaciones de recursos humanos que tiene la Municipalidad Provincial de Chiclayo en la actualidad para el recojo de los residuos sólidos, por el plazo que dure el estado de Emergencia Sanitaria, decretada por el Gobierno central” (¡vaya nombrecito!).

 

Junior Leyson Vásquez Torres, Felipa Roxana Orosco Nuntón, Ricardo Guillermo Lara Doig, Pedro Ernesto Ubillus Falla, Carlos Montenegro Gonzales; así como, Maria Nela Berna Cleghorn Javier Fernando Montenegro Cabrera, José Luis Nakamine Kobashigawa y Andrés Calderon Purihuaman, fueron los regidores que votaron a favor de la declaratoria de emergencia

Se abstuvieron: Percy Milton Espinoza Gonzales, Jony Guillermo Piana Ramírez, Andrés Orlando Puell Varas, Jackeline Pamela Alva Carranza, Lucy Karina Villegas Campos y Randy Vegs Diaz.

Como se podrá apreciar, el motivo principal, sobre el cual supuestamente, se sustentaba la declaratoria de emergencia era “la insuficiente capacidad operativa de la maquinaria” es decir, otra vez, la figura de la carencia e inoperatividad de vehículos (compactadoras), según los siguientes informes:

  1. Informe N°013-2021-MPCH/GDA, del 13ENE2021, de la Gerencia de Desarrollo Ambiental
  2. Informe N°033-2021-MPCH/SGGRS, del 13ENE2021, de la Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos,
  3. Informe N°701-2020-MPCH/SGGRS, del 24DIC2020, de la Sub Gerencia de Residuos Sólidos, e
  4. Informe N°704-2020MPCH/SGGRS, del29DIC2020, de la Sub Gerencia de Residuos Sólidos.

Estos mismos informes, sirvieron de insumo, para que Comisión de Asuntos legales, que preside el oficialista Junior Leyson Vásquez Torres e integran los concejales, Andrés Calderón Purihuaman Ricardo Guillermo Lara Doig, suscriban el 21ENE2021 (un día antes de la sesión), el Dictamen N°003-2021-MPCH/CAL que recomendaba lo siguiente:

Artículo Primero: Recomendar, la “Declaratoria en Situación de Emergencia por insuficiente capacidad operativa de la maquinaria y a las limitaciones de recursos humanos que tiene la Municipalidad Provincial de Chiclayo en la actualidad para el recojo de los residuos sólidos, por el plazo que dure el estado de Emergencia Sanitaria, decretada por el Gobierno central”

En realidad, el Informe N° 701-2020-MPCH/SGGRS, del 24DIC2020, que suscribió el jefe de la Subgerencia de Residuos sólidos Lic. Gino Chaname Diaz, es el que propone la “Reposición de camión compactador para el servicio de recolección de residuos sólidos”

Por cierto, Gino Chaname Diaz, es licenciado en biología y botánica; experto en jardinería urbana.

Y es justamente ese mismo informe, 701-2020, entre otros, el que tuvieron a la vista los regidores, el 22ENE2021, día de la sesión de concejo y que ahora, es el documento fundamental, sobre el cual se sustenta las bases, para Licitación Pública N° 001-2021-MPCH-CS, conforme se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Las bases fueron aprobadas el 16FEB202, mediante Resolución de Gerencia Municipal N.º 672021-MPCH/GM, de la Gerencia Municipal, es decir, por el Ing. Juan José “Chiquitín” Salazar García.

Hasta aquí todo aparentemente está bien, si no fuera porque, al considerar en las bases de la licitación, el Informe N° 701-2020-MPCH/SGGRS se ha trasgredido la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, Decreto Legislativo N° 1341 -que modifica la Ley N° 30225- y el Decreto Supremo N° 056-2017-EF -que modifica el Decreto Supremo N° 350-2015-EF-, cuyas disposiciones son de aplicación obligatoria.

En otras palabras, el artículo 26° del Reglamento, señala que el Órgano encargado de las Contrataciones (OEC), o el Comité de Selección (según sea el caso), deberá elaborar los documentos del procedimiento (BASES), empleando obligatoriamente dos insumos:

  1. Los documentos estándar aprobados por el OSCE; y
  2. Las Especificaciones o Requerimientos técnicos mínimos; o Términos de referencia, que forman parte del contenido del expediente de contratación, y que, de acuerdo, con el artículo 22° del Reglamento, al momento de elaborar los documentos del procedimiento, ni el OEC, ni el Comité de selección, puede alterar, cambiar o modificar la información del expediente.

En este caso, en ninguna de 4 páginas del Informe N° 701-2020-MPCH/SGGRS, que es el sustento de las bases (que aprobó JJ Salazar García), para la Licitación Pública N° 001-2021-MPCH-CS, no existen Requerimientos técnicos mínimos (RTM), para laADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR.

El Reglamento define a los RTM como la “descripción de las características técnicas y las condiciones en que se ejecuta la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra”.

Asimismo, el numeral 2 del artículo 31° del Reglamento, establece que la propuesta técnica presentada por los postores debe contener, entre otros elementos, la documentación que acreditará el cumplimiento de los RTM.

Como se puede advertir, los RTM, que debe acreditar el postor a través de los documentos presentados en su oferta, son aquellos que se indican en las Bases.

En segundo lugar, en el apartado 2.8, del Resumen Ejecutivo de las actuaciones preparatorias de la Licitación Pública N° 01-2021-MPCH, respecto al requerimiento del Área usuaria, (encargada de elaborar Especificaciones técnicas mínimas),se ha consignado el Informe N° 318-2021-MPCH/SGLyCP, del 29ENE2021, de la Subgerencia de Logística, aparentemente, serían los RTM.

Sin embargo, de acuerdo con el numeral 8.6. del artículo 8 del Reglamento, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios, para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Por tal razón, el área usuaria es la responsable de la adecuada formulación del requerimiento.

En este caso, la subgerencia de logística no es el área usuaria que la Ley y el reglamento definan como la responsable para la elaboración de los RTM.

Centinela sometió a consulta las bases de la Licitación Pública N° 01-2021-MPCH con un especialista que pidió reserva en su nombre. Estas son sus conclusiones:

Este periodista requirió al Gerente Municipal Juan José Salazar García, una entrevista. Chiquitín no respondió. Igualmente, a través de WhatsApp enviamos al funcionario, un cuestionario de preguntas; tampoco respondió. ¿Será cierto eso de que, el que calla otorga?

Ante este descubrimiento, al compañero JJ Salazar, le quedan dos opciones: o renuncia a su cargo, o se calla, y se colude con la mafia que pretende seguir burlándose de los chiclayanos.

A los regidores en general, o piden que se anule el proceso, se denuncie a los responsables o siguen cubriendo la pestilente corrupción, que huele como la basura en las calles, que nos jode a todos.

Sala Penal absuelve a director de Centinela que denunció corrupción en UGEL Chiclayo

Redacción CENTINELA DIGITAL
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Sala Penal absuelve a director de Centinela que denunció corrupción en UGEL Chiclayo

El tribunal precisó que la crítica periodística no constituye difamación cuando cumple una función de control ciudadano

La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante la Sentencia de Vista N.° 309-2025 (Exp.08462-2023) absolvió al periodista Jorge Alberto Moncada Mino ―director de Centinela Digital― quien había sido condenado en primera instancia por el delito de difamación agravada a raíz de una denuncia interpuesta por Ali Martín Sánchez Moreno, director de la UGEL Chiclayo.

El fallo, fechado el 29 de octubre de 2025, no solo revocó la condena impuesta por el Cuarto Juzgado Unipersonal Penal de Chiclayo, sino que también anuló los antecedentes y la reparación civil, reconociendo que las publicaciones cuestionadas constituían un acto legítimo de control periodístico frente a hechos de corrupción en la administración educativa regional.

La Sala consideró que las expresiones formaban parte del lenguaje periodístico de crítica funcional y que no existió “animus difamandi”

Crítica legítima

La querella surgió a raíz de una investigación periodística publicada por Centinela Digital en julio de 2023, en la que se denunció que el entonces director de la UGEL Chiclayo, Ali Sánchez Moreno, habría actuado con dolo al evitar la separación inmediata del docente Marco Alexis Barreto Arellano, quien había sido condenado penalmente por falsificación de documentos e inhabilitado para ejercer cargos directivos.

En lugar de aplicar la sanción correspondiente, Sánchez Moreno optó por remitir el caso a la UGEL Lambayeque, eludiendo su responsabilidad funcional. Esta conducta, según la Sala, constituyó una omisión dolosa que favoreció la permanencia irregular del docente sentenciado.

Sánchez Moreno firmó un oficio infame que permitió encubrir la irregularidad, trasladando su responsabilidad a otra unidad de gestión educativa.

El periodista Moncada calificó esa actitud como una “lavada de manos” y utilizó expresiones figuradas como “Pilatos” y “miserable”, dentro de un contexto de denuncia pública. Sin embargo, la Sala Penal consideró que esas expresiones formaban parte del lenguaje periodístico de crítica funcional y que no existió “animus difamandi”, es decir, intención dolosa de dañar el honor del querellante.

Los términos utilizados -dentro de un contexto público- carecen de contenido penal

Click, en el siguiente enlace para leer el artículo que provoco la ira de Ali Sánchez Moreno, quien prefirió comportarse como Pilatos (para proteger la podredumbre de la institución) y no actuar conforme a la ley

https://centineladigital.pe/miserables-daniel-suarez-ali-sanchez-y-director-del-sanjo-se-creen-vivos-o-nos-creen-estupidos/

Libertad de expresión

En su resolución, la Sala citó jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Exp. N.º 6712-2005-PHC/TC, caso Magaly Medina) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Tristán Donoso vs. Panamá), recordando que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor nivel de escrutinio ciudadano y deben tolerar críticas severas, especialmente cuando sus decisiones afectan el interés público.

“No se acreditó propósito doloso de lesionar el honor del querellante, sino un ejercicio de crítica vinculada al desempeño de su función pública”, señala la sentencia, destacando que la labor periodística Moncada fue constitucionalmente protegida y necesaria para visibilizar la irregularidad cometida en la UGEL Chiclayo.

El tribunal subrayó que el derecho penal no debe usarse como mecanismo de censura ni de intimidación contra la prensa, y que la crítica, por dura o incómoda que resulte, es esencial en una sociedad democrática.

UGEL Chiclayo bajo sombra de corrupción

El caso expuesto por este medio se originó cuando el docente Marco Alexis Barreto Arellano, pese a estar condenado e inhabilitado judicialmente (Exp. N°046-2012-19), fue reasignado como director del histórico Colegio Nacional San José de Chiclayo.

El docente Marco Alexis Barreto estaba impedido de ser trasladado a otra I.E. menos permitírsele concursar a ninguna plaza


La denuncia periodística reveló que esta reincorporación irregular fue avalada desde la UGEL Chiclayo, y que Sánchez Moreno firmó un oficio infame que permitió encubrir la irregularidad, trasladando su responsabilidad a otra unidad de gestión educativa.

Solo después del escándalo mediático y de la presión pública, el propio Sánchez Moreno emitió la Resolución Directoral N.º 006594-2023-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC, destituyendo tardíamente al docente sentenciado. Para la Sala Penal, este hecho confirma que la denuncias publicas difundida por el director de Centinela, eran sustancialmente verdaderas y estaban amparadas por el derecho a la información.

Contra la instrumentalización judicial

La sentencia de vista constituye un precedente trascendental en defensa del periodismo de investigación, al reafirmar que la crítica a los funcionarios públicos no es delito cuando se basa en hechos verificables y cumple una función social de vigilancia.

Asimismo, la resolución alerta sobre el riesgo de instrumentalizar el sistema judicial mediante querellas temerarias que buscan amedrentar a los periodistas e inhibir la fiscalización ciudadana.

“El derecho penal no sanciona la falta de cortesía ni la crítica severa, sino la agresión dolosa al honor”, enfatizó la Sala, dejando claro que el periodismo no puede ser castigado por cumplir su rol fiscalizador frente a actos de corrupción administrativa.

La absolución del director de Centinela, no solo representa una victoria personal, sino una reivindicación del periodismo libre e independiente frente a los abusos de poder y la manipulación judicial.


El fallo de la Sala Penal de Lambayeque reafirma que denunciar la corrupción es un deber cívico y un derecho constitucional, y que los funcionarios públicos, como Ali Sánchez Moreno, deben responder por sus actos, no castigar a quienes los expone

La impecable defensa de los abogados José Castillo y Milton Bazán ha sido clave y decisiva en este caso.

Lea o descargue la sentencia

Sentencia Sala Penal Caso Alí Sanchez – Exp.08462-2023 by Jorge Alberto Moncada Mino

Lluvia en Olmos, pone al descubierto corrupción en peaje comunal

Jorge Moncada Mino
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Lluvia en Olmos, pone al descubierto corrupción en peaje comunal

La lluvia que se precipito la madrugada del 4 de noviembre, sobre el distrito de Olmos, puso al descubierto, que la recaudación que la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO), recibe por peaje, es otra terrible repartija de la cuestionada Lista Celeste.

La carretera que conecta desde el casco urbano de Olmos a la zona agroindustrial de Tierras Nuevas se transformó en una pesadilla. Más de 20 mil trabajadores quedaron varados en medio del lodo, sin poder llegar a sus centros de trabajo. Los buses se alineaban uno tras otro sobre una trocha, que se convirtió en una trampa mortal.

“Salimos a las cuatro de la mañana y no avanzamos ni un kilómetro”, cuenta un chofer en uno de los video registrado esa mañana. En las imágenes —verificadas por este medio— se observa una fila interminable de vehículos detenidos, una vía sin drenaje y ningún rastro de maquinaria o mantenimiento.

Aquella escena no fue un accidente natural, es la consecuencia directa, de un sistema informal de cobro de peaje comunal, que recauda dinero a los transportistas sin garantizar el servicio más básico —mantener la vía en condiciones transitables— y segura

Una fila interminable de vehículos detenidos, consecuencia de las lluvias y la falta de mantenimiento de la vía.

Bajo sospecha

Según el informe obtenido por este medio y la cobertura del portal Centinela Digital, la CCSDO administra una garita de cobro en la entrada de la trocha hacia Tierras Nuevas. El peaje, que se presenta como un “aporte comunal para el mantenimiento”, funciona todos los días y es obligatorio para buses, camionetas y camiones de las empresas agrícolas.  Se paga en efectivo, sin comprobante formal, y el monto varía según el tipo de vehículo.

“La comunidad recauda, pero nadie fiscaliza. Las máquinas nunca se ven, los baches crecen y los trabajadores somos los que pagamos las consecuencias”, denuncia un dirigente de transportistas que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

Diversas publicaciones —incluidas notas en Correo, RPP y Centinela Digital— señalan que el cobro ha generado millones de soles en los últimos años, sin que exista control. Nadie ha intervenido para ordenar o regular esta práctica.

¿Donde va los millones de soles que genera el cobro del peaje que realiza la gestión Montalván?

Caos y desesperación

En un artículo publicado en redes “Vía deteriorada hacia Tierras Nuevas impidió que 20 mil personas lleguen a su trabajo”, al que este medio tuvo acceso, detalla que hace apenas dos meses la empresa Cultivando ejecutó trabajos de mejoramiento en un tramo de 4.5 kilómetros, siendo responsabilidad de la CCSDO; sin embargo, el lodazal atrapó a centenares de buses y obligó a suspender la jornada laboral de miles de trabajadores.

Durante horas, los choferes intentaron avanzar sin éxito. “Ni las camionetas podían salir. Era como manejar sobre jabón”, narró otro conductor en el lugar. Las pérdidas fueron inmediatas, jornaleros que ganan por día dejaron de trabajar, los campos no recibieron mano de obra y las empresas agrícolas reportaron retrasos en la cosecha.

Las fotos y video grabado en el lugar —verificado por este medio— muestra el colapso total de la ruta. Buses estacionados por kilómetros, terreno húmedo y sin señales de intervención de maquinaria. La grabación coincide con los testimonios y con las fotografías que acompañan el informe oficial.

Pleitos por la torta

Al interior de la comunidad campesina hay divisiones. Algunos comuneros defienden el peaje como una fuente de ingresos “legítima” para obras internas, mientras otros denuncian que los recursos “desaparecen” y benefician solo a la dirigencia comunal.

Existen versiones de que parte del dinero habría sido destinado a financiar viajes francachelas y viáticos de autoridades comunales sin relación con el mantenimiento vial. “La verdad es que hay una repartija entre dirigentes y sus allegados” comento una comunera que pidió reserva de su nombre

¿Cobro paralelo? Desde el distrito de Olmos denuncian presuntos cobros paralelos, con entrega de tickets «bamba»

¿Cómo empezó esto?

La garita comunal se encuentra instalada en el sector El Muerto–Las Norias convertido ahora en el símbolo de una controversia que mezcla autonomía comunal, manejo económico turbio, repartija y presuntas irregularidades administrativas. Lo que empezó como un mecanismo de “autogestión” para financiar el mantenimiento de una trocha, hoy enfrenta denuncias por cobros indebidos, recaudaciones personales y violación del estatuto de la propia comunidad.

La Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO), reconocida como persona jurídica bajo el amparo del artículo 89 de la Constitución, obtuvo respaldo judicial en noviembre de 2024, cuando el Juzgado de Investigación Preparatoria de Motupe, mediante Sentencia N.º 7 (Exp. 12787-2024), declaró infundada la demanda de hábeas corpus interpuesta por transportistas que reclamaban el retiro del peaje comunal.

La jueza Flor Maribel Mendoza Cueva, determinó que el cobro era válido en tanto se realizara “a través de los representantes” o sea de sus directivo

El fallo, a cargo de la jueza Flor Maribel Mendoza Cueva, determinó que el cobro era válido en tanto se realizara “a través de los representantes” de la comunidad y dentro de sus tierras. Sin embargo, el fundamento que protegía la autonomía comunal se ha transformado, en la práctica, en una puerta abierta a la informalidad.

La jueza Flor Maribel Mendoza Cueva, determinó que el cobro era válido en tanto se realizara “a través de los representantes” o sea de sus directivos

Ilegalidad

El dinero recaudado por concepto de peaje no ingresa a las arcas comunales ni se deposita en cuentas institucionales. Transportistas y comuneros han solicitado reiteradamente balances y rendiciones de cuentas sin obtener respuesta. Algunos muestran en sus celulares los comprobantes de pago realizados por Yape a nombre de “Luis R. Torres C.”  y otros “Bertha A. Ramos O.”

Comuneros ajenos a la representación comunal son los encargados de realizar los cobros del peaje informal a través de yape

Charlatanes en “modo universidad” juegan con expectativas de la población olmana.

Jorge Moncada Mino
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Charlatanes en “modo universidad” juegan con expectativas de la población olmana.

En el Diccionario de Peruanismos (2016) la expresión nominal y festiva “sebo de culebra” se refiere a “algo de poco valor o utilidad real, que es promocionado excesivamente como la solución a todos los problemas”. La locución tiene su origen en las propiedades medicinales atribuidas –sin efectos científicos comprobados– a las pomadas elaboradas con el sebo (‘grasa’) de este reptil.

A los personajes que dedicaban a la venta del sebo de culebra, siempre se les ha llamado charlatanes. En Olmos como en otros pueblos de provincias, su presencia era infaltable en las ferias dominicales. Curiosos, incrédulos y creyentes formaban un círculo alrededor del “charla” y admirados por las palabras y argumentos, terminaban adquiriendo el ungüento, convencidos de las bondades y beneficios que lo comprado les otorgará.

Los charlas, vendedores de sebo de culebra, no han desaparecido. Solo cambiaron de escenario.

Los tiempos han cambiado, pero los vendedores de sebo de culebra, los charlatanes, los oportunistas ―que también les dicen políticos― no, son exactamente igual. Solo han cambiado de escenario.

Este 30 de setiembre, en solo tres horas ―y sin informes técnicos ni respaldo presupuestal― los políticos del congreso crearon veinte universidades públicas como quien reparte globos en una kermés electoral. Fue la jornada del populismo absoluto, la feria de los espejismos. Pero entre todos los gestos pintorescos de esa sesión, hubo uno que se llevó el trofeo del ridículo, la presencia del alcalde de Olmos, Daniel Rivera Pasco, ―otro político― convertido en improvisado animador de la “Universidad Nacional Autónoma de Olmos”.

El alcalde viajó a Lima acompañado de regidores y simpatizantes, con un cartel que proclamaba: “Olmos presente en la firma de la autógrafa del Proyecto de Ley 8077-2023-CR”. Una escena digna de sátira política, mientras el país debatía la quiebra técnica del sistema universitario, el burgomaestre olmano hacía turismo legislativo, posando frente a cámaras para celebrar una universidad sin presupuesto, sin estudio técnico y sin futuro real.

¿Era necesario el show?

Lo grave no es solo la frivolidad del gesto. Es el presunto uso de recursos públicos, la manipulación de expectativas y el intento de convertir una promesa vacía en bandera política. Rivera Pasco sabe —porque se lo han dicho los propios técnicos del Ministerio de Educación— que esa universidad no funcionará antes de diez años, si es que el Tribunal Constitucional no la anula antes. Aun así, prefirió el espectáculo al trabajo.

En este carnaval universitario, apareció otro conocido del populismo y charlatanería local, Santos Montalván, presidente de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO), quien, aprovechando la coyuntura de la asamblea extraordinaria para elegir su comité electoral, incluyó de contrabando en la agenda (para agradar a la gente), se le otorgue poderes, para avanzar con minutas de donación de terrenos comunales, a favor de la futura “universidad”.

Dos personajes distintos, un mismo libreto, usar el sueño educativo del pueblo como trampolín político.

Para agradar a los olmanos y obtener lo que quiere, Santos camuflo las minutas para el terreno de la futura universidad

Mientras tanto, la realidad golpea a Olmos. No hay agua potable para miles de familias en la zona rural; cero obras emblemáticas; a 3 meses de finalizar el 2025 la ejecución presupuestal, alcanza el 37.2%. Pero el alcalde decidió que era mejor figurar en Lima, colgarse de una ley inviable y posar como el “gestor de la educación universitaria”. La paradoja es brutal:  quien no puede garantizar servicios básicos en su distrito, ahora se sube a la promesa de abrir facultades y laboratorios que no existen ni en los planos.

Los expertos han sido claros. El exministro Óscar Becerra calificó esta ola de universidades como “un engaño miserable”, una estafa emocional contra los jóvenes de las regiones. “No hay profesores, no hay presupuesto, no hay plan. Esto solo sirve para que algunos se aseguren un sueldo de 25 mil soles como presidentes de comisiones organizadoras”.

Su diagnóstico fue respaldado por el exministro Ricardo Cuenca, quien advirtió que estas iniciativas “no tienen asidero en una verdadera reforma universitaria” y que son “puro interés particular”.

El Consejo de Educación propuso la creación de sedes

La exministra Flor Pablo fue más directa: “Están jugando con la expectativa de los pueblos y de las familias. Es una irresponsabilidad que el Congreso ignore las opiniones del MEF y del Minedu”. A su vez, el especialista Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (CAPPES), alertó que la proliferación de universidades reducirá aún más los presupuestos de las que ya existen.

“Estamos frente a una bomba de tiempo, más instituciones, menos calidad, menos docentes, menos investigación”, precisó.

Incluso organismos serios como el Consejo Nacional de Educación (CNE) e IPAE Acción Empresarial han pedido que el Ejecutivo acuda al Tribunal Constitucional para frenar esta ley populista. “Se trata de una decisión irresponsable que condena a las nuevas universidades a la precariedad y al descrédito”, advirtió el CNE.

Olmanos residentes en Lima también se colaron

Pero ni esos pronunciamientos técnicos ni los llamados a la prudencia detuvieron el entusiasmo del alcalde Rivera Pasco, que sigue promoviendo la “Universidad de Olmos” como si fuese obra suya.

El populismo, cuando se disfraza de progreso, es más dañino que la inacción. Porque promete futuro donde solo hay papeles, y porque usa el sueño legítimo de los jóvenes para esconder la mediocridad de la gestión pública. Rivera Pasco no gestionó un hospital no resolvió el drama del desabastecimiento del agua potable, pese a existir todas las condiciones a favor del pueblo olmano; pero quiso dejar su foto en el Congreso como “gestor universitario”. Y eso, en política, se llama clientelismo barato.

A estas alturas, el pueblo olmano ya entiende que el verdadero desarrollo no se decreta en Lima ni se firma con carteles en el Parlamento. Se construye con gestión seria, con transparencia y con visión de futuro. El espectáculo del alcalde en el Congreso no trajo progreso, trajo burla. Y peor aún, convirtió una legítima aspiración educativa en un acto de propaganda personal.

Cuando dentro de unos años los jóvenes de olmos descubran que su “universidad” sigue en comisiones, sin aulas, sin docentes y sin presupuesto, recordarán la sonrisa de Rivera Pasco en los pasillos del Legislativo. Recordarán también que mientras él aplaudía un papel sin valor, los expertos advertían que todo era —como dijo Becerra— “un engaño miserable”.

El país necesita educación, no teatro. Necesita planificación, no selfies. Y Olmos, más que nunca, necesita autoridades que representen la verdad, no la vanidad. El futuro educativo de Olmos no puede seguir siendo rehén del populismo de los vendedores de sebo de culebra.

Peaje informal de Comunidad de Olmos bajo sospecha: ¡Es un botín!

Jorge Moncada Mino
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Peaje informal de Comunidad de Olmos bajo sospecha: ¡Es un botín!

Cerca de tres millones de soles, sería la cifra que se habría recaudado en los 10 meses que lleva instalado, el peaje informal de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO); sin embargo, imágenes difundidas en Facebook, dan cuenta que el dinero no ingresaría a la administración comunal, sino, a cuentas privadas de personas cercanas al presidente Santos Montalván, lo que elevaría el nivel de sospechas  

Cuentas paralelas

Según denuncias públicas a través de Facebook y documentos obtenidos por este medio, los cobros diarios no son efectuados por los directivos reconocidos ni por el tesorero comunal, sino por las personas de Bertha Agustina Ramos Odar de Huayhija y Luis Richard Torres, dos comuneros sin cargo formal ni designación aprobada por la Asamblea General.

Lo más grave, ambos manejan los pagos a través de cuentas personales de yape, recibiendo dinero directamente de los transportistas, que trasladan personal hacia las empresas agroexportadoras de Tierras Nuevas.

El caso se complica, al ponerse en evidencia que Bertha Agustina Ramos Odar de Huayhija y otra persona (que no es Richard Torres), ligada sentimentalmente a la fémina, estarían haciendo cobros paralelos con tickets supuestamente falsos que ―según la fuente― habrían sido confeccionado de manera ilícita, en una imprenta de Chiclayo.

Otra fuente confirmó, que hasta 4 grupos ligados supuestamente a los directivos de la comunidad «administran» el peaje, turnándose una vez por semana. Asegura la fuente que los ingresos serían divididos -supuestamente- «en partes desiguales entre directivos. Por eso están callados. Por eso no dicen nada de las atrocidades que se cometen en la comunidad»

Comuneros ajenos a la representación comunal son los encargados de realizar los cobros del peaje informal a través de yape

¿Estafa?

Hace 45 días la fuente de Olmos, hizo llegar a este periodista, una cantidad importante de tickets supuestamente falsos, que los había obtenido de un familiar, quien los tenía escondido en su mochila. En el paquete que la fuente envió, se encontraba el Carnet Comunal N° 03106 perteneciente a Bertha Agustina Ramos Odar de Huayhija, si, la misma mujer que, junto a Luis Richard Torres, reciben los pagos de trasportistas en su yape personal. 

En la fecha que este periodista recibió el paquete con los tickets, encargo al colega Beto Castro ―de la plataforma informativa Olmos Ya TV― para que verifique si en la comisaría de Olmos, la propietaria del carné y el de los tickets, presentaron denuncias por perdida de documentos. Castro confirmo que nadie había presentado denuncia con esas características. 

¿Cobro paralelo? Desde el distrito de Olmos denuncian presuntos cobros paralelos, con entrega de tickets «bamba»

¿Cómo empezó esto?

La garita comunal se encuentra instalada en el sector El Muerto–Las Norias convertido ahora en el símbolo de una controversia que mezcla autonomía comunal, manejo económico turbio y presuntas irregularidades administrativas. Lo que empezó como un mecanismo de “autogestión” para financiar el mantenimiento de una trocha, hoy enfrenta denuncias por cobros indebidos, recaudaciones personales y violación del estatuto de la propia comunidad.

La Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO), reconocida como persona jurídica bajo el amparo del artículo 89 de la Constitución, obtuvo respaldo judicial en noviembre de 2024, cuando el Juzgado de Investigación Preparatoria de Motupe, mediante Sentencia N.º 7 (Exp. 12787-2024), declaró infundada la demanda de hábeas corpus interpuesta por transportistas que reclamaban el retiro del peaje comunal.

El fallo, a cargo de la jueza Flor Maribel Mendoza Cueva, determinó que el cobro era válido en tanto se realizara “a través de los representantes” de la comunidad y dentro de sus tierras. Sin embargo, el fundamento que protegía la autonomía comunal se ha transformado, en la práctica, en una puerta abierta a la informalidad.

La jueza Flor Maribel Mendoza Cueva, determinó que el cobro era válido en tanto se realizara “a través de los representantes” o sea de sus directivos

Ilegalidad


Desde el punto de vista legal, la Ley N.º 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, es clara. El manejo económico de los bienes comunales corresponde al tesorero comunal, bajo control del presidente y fiscalización de la Asamblea. Ninguna disposición permite que terceros —sin mandato ni acuerdo comunal— asuman funciones de recaudación. Cualquier delegación de funciones económicas debe constar por escrito y ser aprobada en asamblea, lo que no ha ocurrido en este caso.

La propia sentencia judicial, al referirse a los cobros “a través de sus representantes”, se refiere de manera orgánica a la Junta Directiva, no a individuos particulares. Por tanto, los cobros ejecutados por Ramos y Torres, sin respaldo ni control institucional, no solo son irregulares, sino contrarios al marco legal que rige a las comunidades campesinas.

El dinero recaudado por concepto de peaje no ingresa a las arcas comunales ni se deposita en cuentas institucionales. Transportistas y comuneros han solicitado reiteradamente balances y rendiciones de cuentas sin obtener respuesta. Algunos muestran en sus celulares los comprobantes de pago realizados por Yape a nombre de “Luis R. Torres C.”  y otros “Bertha A. Ramos O.”

El propio documento difundido por el transportista Martín Puse Monja, titulado “Cuentas claras, Sr. Santos Montalván”, exige a la directiva rendir cuentas del dinero cobrado “de acuerdo con la tarifa y el QR Yape”.

Estas pruebas evidencian una distorsión del espíritu de la sentencia, lo que el Poder Judicial reconoció como un acto de autogestión comunal se ha convertido en una fuente de recaudación sin control, bajo el pretexto de financiar mejoras en la vía comunal, cuidado de la vida y la salud de los comuneros, etc.  fueron puro cuento.

Excxandidato comunal exigió trasparencia en el manejo de los ingresos de la garita comunal

Vacío de control

El cargo de tesorero comunal, previsto en el estatuto, existe precisamente para evitar este tipo de prácticas. Es el responsable de recaudar, custodiar y registrar los ingresos comunales, presentando balances ante la Asamblea. Delegar esa función a personas ajenas a la directiva es, por tanto, un acto que carece de sustento jurídico y abre la puerta a la malversación.

De confirmarse que los fondos se están manejando fuera de la administración comunal, los hechos podrían tipificarse como usurpación de funciones (art. 361 del Código Penal), apropiación ilícita (art. 190) o incluso peculado por extensión (art. 387). No se trata solo de un conflicto interno, sino de un posible delito contra la administración de bienes comunales, una categoría especialmente grave por tratarse de recursos colectivos protegidos por ley.

El Tribunal Constitucional, en precedentes como el Exp. N.º 01126-2011-PHC/TC, ha recordado que la autonomía comunal “no es ilimitada” y que las decisiones internas deben respetar los derechos fundamentales y el principio de legalidad. La transparencia en el uso de los recursos es parte esencial de esa obligación.

Comuneros y trasportistas se opusieron a la garita comunal instalada en la gestión de Santos Montalván Núñez

Lambayeque: El perverso negocio de las encuestas

Jorge Moncada Mino
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Lambayeque: El perverso negocio de las encuestas

A siete meses de celebrase las elecciones generales para elegir ―de un total de 43 representantes de partidos políticos al presidente de la República, 60 senadores y 130 diputados ― el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que 61 empresas encuestadoras tienen licencia vigente y están en condiciones de ejercer sus labores en las presidenciales de abril y las regionales y municipales de octubre del 2026.

Solo 3 en Lambayeque

De las 61 empresas, 3 son lambayecanas, según se pudo comprobar este 19.09.2025, en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) y estas son: Klambp Eirl de Karl Vladimir Mena Farfán, Medios y Corporación Visual Sac dirigida por Alicia Herrera Timana y Consultora Quantum Muchick Sac a cargo de Luz Casas Alarcón

El Registro Electoral de Encuestadoras (REE) informó, que hasta el 03.06.2025, se inscribieron 14 encuestadoras y tienen la licencia vigente. En tanto, otras 289 se encuentran con la licencia cancelada.

Canceladas

Según la plataforma del REE, en Lambayeque, 18 son las encuestadoras con licencia canceladas: Consultora Vox Populi Eirl, Empresa Peruana de Estudios de Mercado y Opinion publica – Opina Peru Sac; Global Data Consulting Eirl, Tentativa Sac; Tendencia Investigación y Mercado Sac; Estudios de Opinión Publica Datos Perú Eirl; Imágenes y Letras Srl y Consultora Cuantika Sac.

Así mismo, encuestadora de la Universidad Privada Señor de Sipán; Instituto Privado de Estudios Sociales del Norte -Ipes Nor Sac;  Empresa de Opinión Ciudadana Decide Tu Sac;  Milenium data sSac, Tentativa Sac.; Factor Q Sac; Consultora Prospectiva Sac, Markedata Eirl, Grupo de Investigación Social Porvenir, Peru Sac y José Alberto Chinchayán Sac.          

La Ley Orgánica de Elecciones (LOE) establece que un requisito indispensable es que cualquier entidad, sea persona natural o jurídica, que pretenda publicar encuestas, sondeos o simulacros de votación en un proceso electoral, es estar inscrita previamente en el REE.

Sin embargo, conforme avanza el tiempo hacia las presidenciales, la guerra de encuestas se ha trasladado a las redes, en donde con total desparpajo, empresas licenciadas y clandestinas, publican sus estudios de “mercado electoral”, incluyen como posibles candidatos a ciudadanos con sentencias penales firmes, investigaciones fiscales abiertas y hasta con inhabilitaciones expresas para postular.

¿Es una omisión inocente? ¿O es una práctica que termina por inducir al electorado a creer que los corruptos tienen derecho a volver?

Quantum Muchick

En las elecciones del 2022, la página de Facebook, Chiclayo Honesto denunció que, de la manera más burda y poco disimulada, la empresa Quantum Muchick de Luz María Casas Alarcón en ese entonces, jefa de prensa del candidato Clemente Flores, que postulaba con la camiseta de “Constuyendo”  (sin siquiera disimular), colocaba a todos los candidatos de ese el movimiento regional en los primeros lugar de las supuestas preferencias electorales.

Chiclayo honesto informo también que Casas Alarcón percibía un sueldo de Clemente Flores y “ejecutaba lo que su empleador le ordenaba. Además, ella estaba ligada al candidato Eduardo Sáenz ya que también trabajaba como miembro de su equipo de campaña junto a Edilberto Eneque Eneque, jefe de prensa de Eduardo Saenz”.

Fuente: Chiclayo Honeto

En resumidas cuentas, según la denuncia de la época, la misma gente de prensa de Clemente Flores y Eduardo Saenz, hicieron sus encuestas y proclamaron como «ganadores» a sus patrones.

La plataforma también hizo un llamado a los medios de prensa escritos “que dicen llamarse serios, deben tener más cuidado con las publicaciones que presentan. Diario La República Norte, debe realizar una aclaración sobre lo sucedido”

Global Data

Con el título “Una más de global data y el nuevo clan de las encuestas en Lambayeque”  la misma plataforma, denunció el 22 de julio del 2022, a la encuestadora Global Data Consulting Eirl que dirige Yvan Solís, quien fue detectado en un entramando de favorecimiento familiar.

“Iván Solís, no solo es dueño de la encuestadora Global Data, sino que ha demostrado ser un manipulador y sinvergüenza, al colocar al esposo de su sobrina, Henry Cobeñas, como primero en la preferencia electoral en Pomalca, según la última encuesta publicada por este señor que además es primo hermano con el suegro del candidato. Dejemos de engañar a Pomalca, y señor Solís, no mienta usted a los lambayecanos con resultados manoseados por sus intereses económicos”

Fuente Chiclayo Honesto

El caso Serrato

Willy Serrato Puse, exalcalde de Olmos, condenado por corrupción, no dirige una encuestadora, pero es el caso más brutal que se puede exhibir como ejemplo de manipulación y mercantilismo de estas empresas. Serrato tiene un historial de procesos penales y está prohibido de tentar cargos públicos.

Sin embargo, ahí lo ponen: en la misma lista de “precandidatos” de ciudadanos sin antecedentes. ¿Resultado? Se instala en la mente del votante la idea de que Serrato es opción, que está de regreso, que es “uno más”.

Eso no es un descuido técnico. Es un engaño deliberado. Las encuestas no solo miden, moldean. Publicar a Serrato junto a otros aspirantes es lavarle la cara con estadísticas. Es normalizar lo anormal.

¿Porque las enuestadoras no publican esto?

Lo de Willy Serrato no es un caso aislado. Es el símbolo de un sistema que normaliza la podredumbre. Que un condenado aparezca como opción política en 2025 es una bofetada a la memoria de los ciudadanos de Olmos, que lo vieron hundir a su distrito en redes de corrupción, y un insulto a cualquier lambayecano que aún cree en la democracia.

Los medios que reproducen esas encuestas sin advertir nada son cómplices. La ciudadanía merece información clara: ¿está habilitado o no? ¿Tiene condena o no? Callar esos datos es estafar al votante. ¿Ustedes creen que la aparición en encuestas que lo declaran favorito es gratis?

En Lambayeque necesitamos encuestas que informen, no que engañen. Porque si seguimos tolerando que los condenados figuren como opciones, mañana las elecciones no serán una fiesta democrática, sino un carnaval de corruptos.

Hermanos de presidente comunal implicados en robo a una casa

Jorge Moncada Mino
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Hermanos de presidente comunal implicados en robo a una casa

El número de placa de un automovil intervenido por la policía de Lambayeque ―utilizado para cometer un robo en un departamento― sería el vínculo delictivo que conecta al presidente de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO) y sus hermanos, con la banda de roba-casas “Los Charlis de la Mudanza”

La madrugada del sábado, agentes de la Comisaría 2 de Mayo de Lambayeque capturaron a César Antonio Torres Vázquez (39), presunto miembro de la banda “Los Charlis de la Mudanza”, dedicada al hurto agravado en viviendas. El operativo se realizó tras el robo en el domicilio de Elena del Rocío Cabrejos Enríquez, en el pueblo joven Santa Rosa, donde se sustrajeron bienes valorizados en más de S/15,000, según el diario El Norteño.

Diario El Norteño, del 07/09/2025, da cuenta de hecho policial.

Seguimiento e identificación del vehículo

Gracias a las cámaras de videovigilancia, la PNP logró identificar el vehículo utilizado en el ilícito: una unidad con placa F4K-289. El automóvil fue hallado estacionado cerca del estadio de Lambayeque, con Torres Vázquez al volante. En su interior se encontraron artefactos, ropa y equipos de cómputo pertenecientes a la agraviada

Lo que ha encendido las alarmas es que el vehículo está registrado en SUNARP a nombre de Milko Montalbán Núñez, policía en actividad adscrito a la División de Seguridad del Estado. Milko es hermano de Santos Efraín Montalbán Núñez, presidente de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, acusado públicamente de presunta estafa y tráfico de tierras comunales, por la ciudadana Sonia Monteza, conforme a publicaciones en el diario El Ciclón

Nótese el nuemro de placa F4K-289. Compárese co el registro de placa SUNARP

Actuación de Lander

Publicación de Claudia Majail

En la noche del viernes 5 de setiembre, un colega periodista de Olmos, compartió una captura de la página de Facebook de CLAUDIA MAJAIL (Clau), en el que se leía el siguiente mensaje: “Sinvergüenza Lander Montalván. Una persona esta injustamente detenida por culpa de este individuo”

El mensaje publicado en Claudia Majail incluía una fotografía de Lander Montalván, el hermano de Santos y de Milko.  Carmen Majail, una persona de la tercera edad ―según refirió al otro lado del teléfono― ser familiar de Carmen y que, por culpa de Lander Montalván habían detenido a su yerno CESAR ANTONIO TORRES VASQUEZ (39).

“Mire señor este tipo Lander Montalván, creo que es amigo, de mi yerno o no sé, pero según me dicen, ese Lander habría contratado o le habría pedido a mi yerno para que realicen una mudanza, pero resulta que no era así. Llego la policía y este Lander y otro se corrieron y han detenido a mi yerno” indicó Carmen Majail.

Diligencias en curso y silencio institucional

Torres Vázquez permanece bajo custodia por el presunto delito de receptación. La policía busca identificar a otros dos sujetos que habrían participado en el robo y lograron huir. El Ministerio Público ha solicitado ampliar la declaración del detenido para esclarecer el vínculo entre el vehículo oficial, su propietario y la banda delictiva.

Hasta el cierre de esta nota, ni la División de Seguridad del Estado de la PNP, ni la Comunidad Campesina Santo Domingo han emitido pronunciamiento alguno. La ciudadanía exige que se investigue a fondo el uso de bienes registrados a nombre de funcionarios públicos en actividades criminales, y que se deslinden responsabilidades sin privilegios ni encubrimientos.

Ciudad Sutton: El crimen que callan los olmanos.

Jorge Moncada Mino
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Ciudad Sutton: El crimen que callan los olmanos.

En 2018, el gobierno peruano anunció con bombos y platillos que la Nueva Ciudad de Olmos (NCO), o Ciudad Charles Sutton, una urbe planificada con una inversión que superó los S/500 millones de soles. Fue presentada como un símbolo de modernidad y desarrollo para Lambayeque.

Sin embargo, lo que en el papel y en la narrativa oficial sigue siendo presentaban como un hito histórico; terminó convertido en una de las mayores injusticias sociales de las últimas décadas. Mientras la NCO permanece desierta y abandonada, el pueblo tradicional de Olmos y sus caseríos siguen sobreviviendo sin agua potable.

Agua robada

El Estudio de Disponibilidad Hídrica del Proyecto Olmos, avalado por la Autoridad Nacional del Agua, destinaba 0,30 m³/seg. (9,5 millones de m³ anuales) para el consumo de la ciudad tradicional Olmos.

Así lo ratificó, Alfonso Pinillos Moncloa, gerente general de H2Olmos (Odebrecht), con la Carta H2O-GG-001-2014, cuando fue convocado por el Ing. Rene Cornejo, entonces, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), para que la empresa concesionaria, del agua del Trasvase del Proyecto Olmos, “precise la ubicación de un punto de suministro de agua y el caudal para uso poblacional” para la NCO

Esa dotación de agua, que pudo haber transformado la vida de más de 45 mil personas, fue desviada ilegalmente a la Nueva Ciudad, con oficios firmado por Willy Serrato Puse y avalado por el Humberto Acuña Peralta. El resultado: los olmanos quedaron condenados a beber agua salobre de pozos, apenas dos horas al día, mientras la infraestructura millonaria construida en la NCO carece de población y utilidad.

En este punto hay que precisar, que de acuerdo con la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, (que también firmó el Contrato de Concesión del Proyecto Olmos), es la única entidad, que ejerce la rectoría técnica – normativa, para la gestión integrada, sostenible y multisectorial de los recursos hídricos en beneficio de los usuarios de agua y población en general.

Traición contra Olmos

Detrás de esta decisión existió una red político-empresarial integrada por el MVCS, el Gobierno Regional de Lambayeque (GORE) y la Municipalidad Distrital de Olmos (MDO)

Personajes como Humberto Acuña Peralta (entonces gobernador regional) Willy Serrato Puse (exalcalde de Olmos, hoy condenado por corrupción), y el hoy concejero regional Juan Pablo Horna, avalaron acuerdos y oficios ilegales ―pese a no tener facultades― para reasignar el agua los 0,30 m³/seg a la NCO, lo hicieron, contraviniendo el contrato de concesión y las normas de la ANA. Se usurpó el derecho vital de todo un pueblo

Millones para la nada

La NCO cuenta con servicios de agua, desagüe, vialidad y áreas verdes. Sin embargo, la ciudad permanece deshabitada. La lógica detrás de esta obra no fue atender a los olmanos, sino crear un polo urbano artificial para las empresas agroexportadoras del Proyecto Olmos, sacrificando a la población local.

Hoy, Olmos tradicional sigue sin planta de tratamiento de agua potable, a pesar de que existieron S/ 130 millones transferidos en 2013 para solucionar este problema. El dinero, como las obras, se perdió en el laberinto de la corrupción y la impunidad, en la gestión de Willy Serrato Puse. Con ese dinero, sobre una quebrada que abastecía a pobladores de los caserios aledaños. se construyó dos pozas de oxidación que tienen sancion de demolicion expedida por la ANA.

Crimen

Negar agua potable a una población no es un simple error administrativo: es un crimen social y gubernamental. El acceso al agua está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución peruana y en la Ley de Recursos Hídricos.

Que un Estado priorice un proyecto fantasma en lugar de garantizar agua limpia a su gente refleja un modelo de desarrollo perverso, donde la vida de miles de ciudadanos pesa menos que los intereses de grandes capitales.

Corolario

Lo ocurrido en Olmos constituye un ejemplo de manual de captura del Estado, funcionarios y políticos que, en lugar de defender a la población, actuaron como operadores de intereses privados.

La construcción de la NCO fue un desfalco planificado, y el costo lo pagan hasta hoy familias enteras que ven vulnerado su derecho elemental a beber agua segura. Olmos fue víctima de una captura política y empresarial, donde los intereses de las agroexportadoras y la corrupción se impusieron sobre la vida de miles de ciudadanos.

El gobierno peruano tiene la obligación histórica y moral de reparar este daño: devolver el caudal que pertenece al pueblo de Olmos, construir de inmediato una planta de tratamiento y garantizar agua potable las 24 horas. De lo contrario, la Nueva Ciudad de Olmos quedará como un monumento a la impunidad y al abandono de un pueblo que clama por justicia.

Audio revela presunta coordinación en el MEF para contratación directa en el Proyecto Olmos

Jorge Moncada Mino
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Audio revela presunta coordinación en el MEF para contratación directa en el Proyecto Olmos

―Empresario involucrado asegura que ministro de economía habría aprobado trato ilegal

Un nuevo escándalo sacude al Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Un audio difundido por el congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso evidenciaría presuntas coordinaciones irregulares entre un empresario privado y autoridades de alto nivel del Estado para concretar una contratación directa millonaria sin proceso de licitación.

Presuntas negociaciones

El audio difundido en el programa Panorama registra una conversación entre Ranjiro Nakano, presidente del Consejo Directivo del PEOT, y Saúl Yabar, gerente general de la empresa IEGESA, en la que se discutirían los pasos para viabilizar un contrato sin licitación a favor de dicha empresa.

“He estado con él dos veces. La primera con (José) Salardi y con el actual (ministro de Economía). Él está de acuerdo con la contratación directa. Me dijo: ‘Saca el Decreto de Urgencia, dáselo al Gobierno Regional, ellos lo envían, yo lo firmo, le hago firmar a Dina (Boluarte) y al día siguiente estás contratado”, asegura Yabar en el audio.

Nakano, quien dirige el PEOT, pregunta si se ha coordinado también con el ministro de Agricultura. Yabar responde que no, pero que el ministro de Economía sí habría dado luz verde.

Cordinaciones previas

De acuerdo con el Oficio N° 1661- 2025-GR.LAMB/PEOT-GG, del 6 de julio del 2025, firmado por Luis Piedra Núñez, Gerente general del PEOT;  IEGESA de Saúl Yabar yWhite Wáter representada por Hugo Verga, habían sido citadas para el 17 de julio, en las instalaciones del PEOT, a solicitud de las mencionadas empresas que habían requerido información sobre el estado y situación del embalse Limón.

“Hemos recepcionado vuestra comunicación, mediante la cual su representada expresa interés en sostener una reunión informativa con los profesionales a cargo del Componente de Travas del proyecto Olmos…” se lee en el documento

Fiscalización citará a implicados

Para el congresista Juan Burgos, esta conversación es una pieza clave que demostraría una presunta red de corrupción que atraviesa el PEOT y alcanza al MEF y al Ejecutivo. En ese sentido, anunció que citará de inmediato al ministro Raúl Pérez-Reyes, al exministro José Salardi y al propio Saúl Yabar para que rindan cuentas ante el Parlamento.

Burgos advirtió que el caso debe ser asumido por el Ministerio Público, ya que lo revelado podría constituir delitos contra la administración pública, tráfico de influencias y colusión.

Niega reunión

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, negó rotundamente las acusaciones formuladas por Yabar, afirmando que jamás se ha reunido con él, ni en público ni en privado, y que procederá a denunciarlo civil y penalmente por difamación.

“Rechazo absoluta y categóricamente las afirmaciones del señor Yabar, a quien no conozco. Lo que está ocurriendo es una patraña montada para desacreditar mi nombre y sacarme del proceso”, declaró el titular del MEF a Panorama.

Pérez-Reyes sostuvo que esta campaña en su contra no es casual y está relacionada con su oposición a la renovación del contrato con la concesionaria Odebrecht (hoy Novonor), encargada de la operación del Trasvase Olmos.

Ocultaron batimetrías

Mientras se discute la legalidad de la contratación directa, un hecho igualmente grave fue revelado por Centinela en febrero de este año. Se trata de los 10  informes técnicos de batimetría, elaborados por consultoras contratadas por CTO

Estos documentos advertían el grave nivel de colmatación y riesgo estructural de la presa Limón, infraestructura estratégica del trasvase que garantiza el abastecimiento de agua para más de 43 mil hectáreas en el valle de Olmos.

El ocultamiento de estos informes habría impedido la toma de decisiones oportunas desde el Gobierno Regional de Lambayeque y el Ejecutivo nacional, afectando gravemente la seguridad hídrica y la continuidad del servicio.

https://centineladigital.pe/exclusivo-autoridades-y-empresas-habrian-ocultado-informes-sobre-critica-situacion-de-la-presa-limon/

¿Quién es Saúl Yabar?

Saúl Yabar, gerente de IEGESA, estaría buscando adjudicarse contratos millonarios en el PEOT mediante supuestas coordinaciones con altos funcionarios. La empresa ha estado activa en servicios de ingeniería y construcción, pero carece de antecedentes en megaproyectos de esta envergadura, lo que ha encendido las alertas sobre su presunta y repentina vinculación con el PEOT.

EL TREN DE LÓPEZ ALIAGA

ENRIQUE PARODI
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EL TREN DE LÓPEZ ALIAGA

«Santa Martha tiene tren, pero no tiene tranvía«

A mediados del siglo XIX, en el puerto de Santa Martha ubicado al norte de Colombia, sucedió un hecho paradójico que inspiró la famosa cumbia. Un hacendado de la zona, que había logrado la concesión del puerto y poseía una pequeña flota naviera, adquirió un tren en Europa para transportar la producción bananera y cerrar su círculo empresarial. Sin embargo, cuando inició las gestiones para construir la vía ferroviaria encontró mil obstáculos, reales y burocráticos, que le impidieron instalarla. Así, el tren quedó abandonado en un almacén recóndito. Gabriel García Márquez, el creador del realismo mágico se ocupe de este insólito caso en su “Cien años de soledad”.

Como señaló Marx, “La historia se repite: Primero como tragedia y luego como farsa”. Esta frase parece idónea para referirse al tren de Santa Martha y el de López Aliaga en Lima.

Todo especialista en inversión, pública o privada, conoce que ésta requieren de una serie de estudios previos en arreglo a su importancia o magnitud. El estudio imprescindible en todos los casos es el Expediente Técnico. Pero en los casos de grandes obras se exige un Plan Maestro y luego, para el caso de la inversión pública, de un Estudio de Pre Inversión.

El Plan Maestro es imprescindible para el caso de un servicio ferroviario en la ciudad de Lima porque éste debe estar insertado en el contexto de una red multimodal de vías que le da coherencia al transporte urbano de pasajeros. El caso más clamoroso de una trasgresión a esta metodología es el trazo este-oeste del Metropolitano que omite su paso por el actual aeropuerto Jorge Chávez debido al cambio de su ubicación original.

El recorrido del tren de Chosica a Lima tiene intersecciones, a nivel y desnivel, con una serie de vías importantes que conectan la ciudad de sur a norte y viceversa. En las intersecciones más importantes (Metro, metropolitano, Vía de Evitamiento, futuro Tren de cercanía Barranca-Lima, entre muchas otras) es imprescindible la instalación de estaciones y apeaderos de embarque y desembarque, previamente a la puesta en marcha del servicio ferroviario. De lo contrario, como en una novela del Gabo, las personas serían esclavos pasajeros de una absurda carrera con sólo partida y llegada final, reprimiendo su necesidad de apearse en un algún punto previo en el mar urbano limeño.

Así mismo es imprescindible la existencia de dos carriles en todo el trayecto (con sus respectivas medidas de seguridad) por razones básicas de servicio, de utilidad plena del tracto y los vagones y de la sostenibilidad del proyecto. El transporte público ferroviario en las metrópolis es subsidiado por el Estado debido a que carece de rentabilidad en términos privados y el ingreso generado por los pasajes se destina a la operación y mantenimiento del sistema. El Metro de Lima, por ejemplo, tiene dos vías férreas, 44 trenes que arrastran 6 vagones cada uno, hay 26 estaciones en su recorrido y traslada miles de pasajeros cada día. No obstante ello, el costo del pasaje es subsidiado. Por simple analogía se puede inferir que la propuesta de López Aliaga para el tren de Chosica – Lima es inviable en todos los términos.

La necesidad de implementar los componentes señalados, a la que debe sumarse el Patio de Talleres para el mantenimiento preventivo, exige una inversión de centenas o miles de millones de dólares y desnuda la demagogia, ignorancia, o mala fe de quienes consideran una gran iniciativa la de este tren para el beneficio de la población de Chosica.

Finalmente. Los vagones “donados” corresponde a un tren de cercanía y este propósito se refleja en su diseño de dos pisos, la disposición de asientos, los servicios higiénicos, etc. Lo lógico era darle este uso en alguna región del país que cuente con una infraestructura ferroviaria  adecuada. Pero no forzar en forma absurda su adecuación para un transporte urbano.

En Estados Unidos se ha iniciado, hace pocos años, un movimiento estratégico para cambiar las locomotoras a diésel por eléctricas. El desarrollo de China en vías férreas y trenes eléctricos de alta velocidad, que conectan su inmenso territorio, ha incentivado la evaluación de este campo en el país del norte. El remplazo de sus trenes diésel por una flota de trenes eléctricos nuevos llevado a cabo el año pasado por Caltrain en California es parte de este proceso. Lima, al solicitar los trenes en desuso, es el depositario de este pasado. Con el tren de “Porky” nos alejamos del  futuro y la modernidad.

Fiscalía de Olmos investigará escandalosa compra de cemento: En la mira alcalde, exgerente municipal y otros.

Jorge Moncada Mino
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Fiscalía de Olmos investigará escandalosa compra de cemento: En la mira alcalde, exgerente municipal y otros.

―Aunque rechazaron reabrir la carpeta inicial, el Ministerio Público reconoce que hay hechos graves que deben investigarse en la fiscalía de Olmos.

― MDO, habría pagado a falsos comunicadores para distorsionar Disposición fiscal. El objetivo hacer creer a la población que el caso se archivaría definitivamente.

La historia no termina.

A pesar de que la Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios emitió la Disposición Fiscal N.º 3 declarando improcedente la reapertura de la Carpeta N.º 763-2025 —referida al presunto uso de cemento vencido en la obra de la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre en Olmos— el caso ha dado un giro inesperado, que apunta, a que las investigaciones, se enfoquen en la responsabilidad funcional del alcalde Daniel Rivera y el exgerente Jesús Dávila Bravo, por la compra irregular, del cemento que dejaron vencer.

El 10 de julio del año en curso, con la Cedula de Notificación 00002-2025, la Fiscalía Anticorrupción alcanzo a este periodista la Disposición Tres, de la Carpeta Fiscal 763-2025, que disponía NO A LUGAR A LA REAPAERTURA DE LA CARPETA, en esa sede fiscal, por no ser competente; pero, por la gravedad de los hechos denunciados, la misma disposición ordena remitir copias certificadas y digitalizadas a la Fiscalía Provincial Corporativa Mixta de Turno de Olmos, para que proceda conforme a sus atribuciones.

Así, la Disposición firmada por el fiscal José Guevara Gil Armas, reconoce en su considerando sexto que existen elementos que deben ser evaluados desde una nueva perspectiva fiscal, lo que obliga a iniciar una nueva investigación penal en sede local.

Que dice el considerando Sexto:

 “No obstante, a lo antes mencionado, los informes que se ha hecho referencia en los literales a y b del considerando anterior, informan respecto a la comisión de una conducta omisiva en el sentido que los agentes públicos de la MDO,, en el año 2024, no habría ejecutado en el momento temporal oportuno el presupuesto asignado a la MDO, para el ejercicio fiscal 2024, lo cual habría afectado la consecuencia de los fines públicos y/o dee las metas presupuestales planificadas y programadas  por la entidad; sin embargo dicha conducta se subsumiría en el tipo penal PREVISTO Y CONMINADO EN EL Art. 377 del código penal (Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales) (…) consecuentemente se deberá remitir copias certificadas y digitalizadas de los actuados  de los escritos  y sus anexos respectivos a la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Turno de Olmos a fin de que proceda conforme a sus atribuciones, una vez consentida o confirmada la presente disposición”

fiscalia de Olmos investigara el caso

¿Qué significa esto?

Aunque la Fiscalía Anticorrupción no reabre la carpeta inicial, sí reconoce que hay hechos que ameritan una nueva investigación penal: desde la compra irregular y el presunto uso de cemento vencido en una obra pública millonaria, hasta el supuesto encubrimiento posterior para borrar toda evidencia.

Los informes de Centinela y ¡Olmos Ya! revelaron que funcionarios de la Municipalidad Distrital de Olmos habrían ordenado supuestamente cambiar las bolsas de cemento vencido antes de la intervención del Ministerio Público. También se denunció el uso de escolares para manipular declaraciones y amenazas contra la libertad de expresión e intimidación al periodista Beto Castro que también investigaban el caso.

Increible.

Perversa manipulación

En un intento por tapar la verdad ―justo cuando el exgerente de la MDO Jesús Dávila Bravo, anunciaba nueva designación como gerente en la Municipalidad Provincial de Ferreñafe― seudos periodistas, profesionales de la mentira y la manipulación, osaron escribir en su cuenta de Facebook una aseveración falsa:

“CONCLUSIÓN: La denuncia por el uso de cemento supuestamente vencido en la MDO no configura delito penal, por lo que la investigación no será formalizada ni continuada. Se dispone liberar el cemento inmovilizado y archivar el caso”

Al parecer la publicación de esa falsa afirmación el 8 de julio del 2025, insertada en la página de la cuenta de Radio Estrella Mix; sería producto de un supuesto acuerdo monetario entre la MDO y los seudo comunicadores, con el objetivo de confundir a la población.

Preguntamos: ¿Acaso el saliente exgerente de la MDO les alcanzó el texto con la falsa noticia (sobre el supuesto archivamiento), para que lo publiquen a cambio de dinero?

Y es que cualquier persona que lea la Disposición fiscal, al final, en el numeral 2 José Guevara Gil Armas escribió con letras mayúsculas y en negrita lo siguiente:

2. REMITASE COPIAS CERTIFICADAS Y DIGITALIZADAS A LA FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA MISXTA DE TURNO DE OLMOS (LAMBAYEQUE) DE LOS ESCRITOS DE FECHA 18 Y 26 DE JUNIO y sus anexos correspondientes, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones conforme a lo señalado en el considerando sexto de la presente disposición

Volvemos a preguntar: ¿Acaso los que publicaron la noticia falsa (afirmando que no se investigará); no leyeron el numeral 2 de la Disposición final? Saque usted sus propias conclusiones.  Al final de este articulo podrá acceder a la DISPOSICIÓN N° TRES.

Irrefutable verdad, que quisieron manipular

No es un cierre: es una nueva investigación

La Disposición Fiscal N.º TRES ―vista desde la perspectiva malintencionada de los seudo periodistas― ha generado confusión: con la cual hicieron creer que era el “archivo definitivo” del caso. Pero no es así. Lo que la Fiscalía ha hecho es derivar el expediente para que otra fiscalía —la de Olmos— investigue a fondo. Lo grave sería que esa nueva investigación no se formalice.

Para muchos ciudadanos y actores sociales, la supuesta negativa de reabrir la carpeta original resulto desconcertante. En realidad, es una derivación procesal que abre una nueva oportunidad para llegar a la verdad.

“El Ministerio Público no puede cerrar los ojos ante hechos de esta magnitud. Si bien no reabre una carpeta, está ordenando que otra fiscalía actúe. El problema ahora es garantizar que efectivamente se abra la nueva investigación y se actúe con celeridad”, señala un abogado penalista consultado por este medio.

Llamado a la vigilancia ciudadana

 La remisión de copias a la Fiscalía Mixta de Olmos implica que en los próximos días se debe formalizar una nueva carpeta fiscal, con número distinto, que investigue no solo la compra de cemento vencido, sino también la presunta red de encubrimiento montada desde la gestión municipal.

Lejos de quedar archivado, el “caso cemento vencido” ingresa ahora a una nueva etapa de investigación, con foco en las maniobras de encubrimiento, la utilización de menores y las amenazas a periodistas. El reto es evitar que esta derivación fiscal se convierta en un simple pase de manos burocrático y que, por el contrario, sirva para esclarecer responsabilidades y sancionar a quienes traicionaron la confianza pública. La Fiscalía Mixta de Olmos tiene la responsabilidad de actuar con firmeza y transparencia.

Acceda a la Disposición Fiscal y compruebe que el caso seguira en investigación.

CARPETA 763-2025 DISPOSICIÓN FISCAL TRES – CASO CEMENTO VENCIDO – MUNICIPALIDAD DE OLMOS by Jorge Alberto Moncada Mino

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