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Licitación de compactadoras de la MPCh, es ilegal y mafiosa

Proceso se elaboró al márgen de la ley de Contrataciones, para favorecer a determinado postor que entregara camiones Donfeng, de procedencia China.

[PUBLICADA 14MARZ2021]

RECUPERADA 15 DE MARZO DEL 2022

Un nuevo escándalo de presunta corrupción, al interior de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), pone en evidencia otra vez, la comprometida apatía, del oficialista concejo edil, al descubrirse, que el proceso de licitación para la compra de 7 compactadoras, fue elaborado y aprobado de manera ilegal, para favorecer la sobrevaloración y direccionamiento, de determinada marca china.

La compra de compactadoras, siempre ha rondado en la cabeza del alcalde Marco Gasco. El primer intento, termino en lo que se conoce, como el caso Veolia. El segundo, con la ilegal “Declaratoria en situación de emergencia, por la insuficiente capacidad operativa de la maquinaria…” aprobada por mayoría (9 regidores), en sesión de concejo del 22ENE2021.

Y es precisamente el Acuerdo de Concejo N° 04-2021-MPCH/A, el que sirve de “sustento” para impulsar, en primera convocatoria, la Licitación Pública N° 001-2021-MPCH-CS, para la adquisición de 7 compactadoras. 

 ¿Qué aprobaron los regidores?

Desde el inicio de esta gestión, uno de los serios problemas, que no ha podido resolver el alcalde Marco Gasco Arrobas, es la limpieza pública.

Para hacerlo, intento de todo; incluso, pensó que al contratar a un exalcalde y exministro; compañero suyo de vieja militancia aprista, podría solucionarlo. El compañero Juan José Salazar García fracaso.

El 22ENE2021, 9 concejales del oficialismo, aprobaron la “Declaratoria en situación de emergencia por insuficiente capacidad operativa de la maquinaria y a las limitaciones de recursos humanos que tiene la Municipalidad Provincial de Chiclayo en la actualidad para el recojo de los residuos sólidos, por el plazo que dure el estado de Emergencia Sanitaria, decretada por el Gobierno central” (¡vaya nombrecito!).

 

Junior Leyson Vásquez Torres, Felipa Roxana Orosco Nuntón, Ricardo Guillermo Lara Doig, Pedro Ernesto Ubillus Falla, Carlos Montenegro Gonzales; así como, Maria Nela Berna Cleghorn Javier Fernando Montenegro Cabrera, José Luis Nakamine Kobashigawa y Andrés Calderon Purihuaman, fueron los regidores que votaron a favor de la declaratoria de emergencia

Se abstuvieron: Percy Milton Espinoza Gonzales, Jony Guillermo Piana Ramírez, Andrés Orlando Puell Varas, Jackeline Pamela Alva Carranza, Lucy Karina Villegas Campos y Randy Vegs Diaz.

Como se podrá apreciar, el motivo principal, sobre el cual supuestamente, se sustentaba la declaratoria de emergencia era “la insuficiente capacidad operativa de la maquinaria” es decir, otra vez, la figura de la carencia e inoperatividad de vehículos (compactadoras), según los siguientes informes:

  1. Informe N°013-2021-MPCH/GDA, del 13ENE2021, de la Gerencia de Desarrollo Ambiental
  2. Informe N°033-2021-MPCH/SGGRS, del 13ENE2021, de la Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos,
  3. Informe N°701-2020-MPCH/SGGRS, del 24DIC2020, de la Sub Gerencia de Residuos Sólidos, e
  4. Informe N°704-2020MPCH/SGGRS, del29DIC2020, de la Sub Gerencia de Residuos Sólidos.

Estos mismos informes, sirvieron de insumo, para que Comisión de Asuntos legales, que preside el oficialista Junior Leyson Vásquez Torres e integran los concejales, Andrés Calderón Purihuaman Ricardo Guillermo Lara Doig, suscriban el 21ENE2021 (un día antes de la sesión), el Dictamen N°003-2021-MPCH/CAL que recomendaba lo siguiente:

Artículo Primero: Recomendar, la “Declaratoria en Situación de Emergencia por insuficiente capacidad operativa de la maquinaria y a las limitaciones de recursos humanos que tiene la Municipalidad Provincial de Chiclayo en la actualidad para el recojo de los residuos sólidos, por el plazo que dure el estado de Emergencia Sanitaria, decretada por el Gobierno central”

En realidad, el Informe N° 701-2020-MPCH/SGGRS, del 24DIC2020, que suscribió el jefe de la Subgerencia de Residuos sólidos Lic. Gino Chaname Diaz, es el que propone la “Reposición de camión compactador para el servicio de recolección de residuos sólidos”

Por cierto, Gino Chaname Diaz, es licenciado en biología y botánica; experto en jardinería urbana.

Y es justamente ese mismo informe, 701-2020, entre otros, el que tuvieron a la vista los regidores, el 22ENE2021, día de la sesión de concejo y que ahora, es el documento fundamental, sobre el cual se sustenta las bases, para Licitación Pública N° 001-2021-MPCH-CS, conforme se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Las bases fueron aprobadas el 16FEB202, mediante Resolución de Gerencia Municipal N.º 672021-MPCH/GM, de la Gerencia Municipal, es decir, por el Ing. Juan José “Chiquitín” Salazar García.

Hasta aquí todo aparentemente está bien, si no fuera porque, al considerar en las bases de la licitación, el Informe N° 701-2020-MPCH/SGGRS se ha trasgredido la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, Decreto Legislativo N° 1341 -que modifica la Ley N° 30225- y el Decreto Supremo N° 056-2017-EF -que modifica el Decreto Supremo N° 350-2015-EF-, cuyas disposiciones son de aplicación obligatoria.

En otras palabras, el artículo 26° del Reglamento, señala que el Órgano encargado de las Contrataciones (OEC), o el Comité de Selección (según sea el caso), deberá elaborar los documentos del procedimiento (BASES), empleando obligatoriamente dos insumos:

  1. Los documentos estándar aprobados por el OSCE; y
  2. Las Especificaciones o Requerimientos técnicos mínimos; o Términos de referencia, que forman parte del contenido del expediente de contratación, y que, de acuerdo, con el artículo 22° del Reglamento, al momento de elaborar los documentos del procedimiento, ni el OEC, ni el Comité de selección, puede alterar, cambiar o modificar la información del expediente.

En este caso, en ninguna de 4 páginas del Informe N° 701-2020-MPCH/SGGRS, que es el sustento de las bases (que aprobó JJ Salazar García), para la Licitación Pública N° 001-2021-MPCH-CS, no existen Requerimientos técnicos mínimos (RTM), para laADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR.

El Reglamento define a los RTM como la “descripción de las características técnicas y las condiciones en que se ejecuta la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra”.

Asimismo, el numeral 2 del artículo 31° del Reglamento, establece que la propuesta técnica presentada por los postores debe contener, entre otros elementos, la documentación que acreditará el cumplimiento de los RTM.

Como se puede advertir, los RTM, que debe acreditar el postor a través de los documentos presentados en su oferta, son aquellos que se indican en las Bases.

En segundo lugar, en el apartado 2.8, del Resumen Ejecutivo de las actuaciones preparatorias de la Licitación Pública N° 01-2021-MPCH, respecto al requerimiento del Área usuaria, (encargada de elaborar Especificaciones técnicas mínimas),se ha consignado el Informe N° 318-2021-MPCH/SGLyCP, del 29ENE2021, de la Subgerencia de Logística, aparentemente, serían los RTM.

Sin embargo, de acuerdo con el numeral 8.6. del artículo 8 del Reglamento, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios, para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Por tal razón, el área usuaria es la responsable de la adecuada formulación del requerimiento.

En este caso, la subgerencia de logística no es el área usuaria que la Ley y el reglamento definan como la responsable para la elaboración de los RTM.

Centinela sometió a consulta las bases de la Licitación Pública N° 01-2021-MPCH con un especialista que pidió reserva en su nombre. Estas son sus conclusiones:

Este periodista requirió al Gerente Municipal Juan José Salazar García, una entrevista. Chiquitín no respondió. Igualmente, a través de WhatsApp enviamos al funcionario, un cuestionario de preguntas; tampoco respondió. ¿Será cierto eso de que, el que calla otorga?

Ante este descubrimiento, al compañero JJ Salazar, le quedan dos opciones: o renuncia a su cargo, o se calla, y se colude con la mafia que pretende seguir burlándose de los chiclayanos.

A los regidores en general, o piden que se anule el proceso, se denuncie a los responsables o siguen cubriendo la pestilente corrupción, que huele como la basura en las calles, que nos jode a todos.

Timo Arroyo y «simpatizantes» que ‘votaron’ varias veces, en elecciones de “la celeste” ¡al banquillo fiscal!

Por las graves irregularidades que se evidenciaron en las internas de la Lista Celeste, como la participación de personas ajenas a ese partido comunal  ―a quienes se les permitió “votar” varias veces, en diferentes mesas, para favorecer al candidato del oficialismo ― la fiscalía de Olmos iniciará investigación penal contra los que resulten responsables en este escandaloso fraude electoral.  

Denuncia

Este 16 de mayo del 2025, Pablo Enrique Tesen Arroyo, personero Legal del candidato N° 01, Isidro Serrato Puse, solicitó a la Coordinadora de la fiscalía provincial Mixta Corporativa de Olmos, Rocío del Pilar Arce Cornejo “actuación de oficio e iniciar investigación contra José de los Santos Arroyo Soplopuco, presidente del Comité Electoral 2025 para las Elecciones Internas de la Lista Celeste de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos”

En su escrito, Tesen Arroyo, denuncia que el también expresidente de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO), pretender validar las elecciones pese que, al detectarse hechos ilegales, se presentó la impugnación correspondiente, por no haberse permitido votar a más de 1,000 comuneros.

Denuncia con 33 folios presentada por el personero legal de la Lista 3

El denunciante señala ademas, que José de los Santos Arroyo Soplopuco, sin considerar su posición como presidente del Comite electoral habría declarado públicamente su intención de validar la elección, a favor del Candidato N°03, Fredy Rolando Benites More, cuando aún no se resuelven las impugnaciones presentadas en su oportunidad.

Votación cuestionada

El personero legal acompaño su denuncia con evidencias contundentes, que descalifican el proceso electoral. Son 21 actas de las mesas de votación 4, 5, 6, 8, 9, 10 13,14 entre otras; con las que se ha determinado que varias personas, habrían votado varias veces en diferentes mesas, a favor del candidato del oficialismo, Fredy Benites More.

El 16 de mayo del 2025, a horas 5:23 a. m. el portal Olmos Ya ―medio que viene informando sobre este fraude― publicó dos actas en las que, según el medio, el director del Diario El Ciclón ROY RICHAR CERVERA MENDOZAZ, identificado con DNI 06795584 habría participado en las elecciones y habría firmado las actas de las mesas 9 y 13.

Al día siguiente CERVERA MENDOZAZA, publicó en su cuenta un “Pronunciamiento” en la que califica como “noticia tendenciosa y temeraria que me involucra en actos improbados” y advierte que “se reserva el derecho de adoptar las acciones legales correspondientes…”

La plataforma informativa Olmos Ya! publicó las actas cuestionadas, Cervera respondió

Mas firmas

Las investigaciones que la PNP llevará a cabo, pasará por someter a pruebas dactiloscópica (huellas dactilares) y grafotécnicas (firmas), para determinar el grado de participación de los denunciados en este fraude electoral de “los celestes” que recuerda las elecciones generales comunales en donde con mañas y ayuda del Poder Judicial le robaron el, triunfo a MARTIN PUSE MONJA, candidato de la Lista Roja, de la cual Cervera es simpatizante.

En el siguiente grafico elaborado por Olmos Ya, se da a conocer la relacion de comuneros y la cantidad de veces que firmaron y “votaron” en otras mesas.

La lista del fraude

Para tapar «cochinadas» anteriores, buscan perpetuarse con fraude

Por otro lado Tesen Arroyo cuenta que el candidato celeste ha sido administrador de la gestión 2020-2021 cuando José de los Santos Arroyo Soplopuco fue presidente de la CCSDO y trabajador de la gestión 2022 – 2023 y 2024 – 2025 que preside el actual presidente Santos Efraín Montalván Núñez, pero hace unos meses habría renunciado estratégicamente a fin de participar en las elecciones internas de la Lista Celeste, para luego, como representante de esa lista participar en las generales de la comunidad en donde probablemente planean repetir otro fraude.

La lista Celeste ha “ganado” las elecciones en los últimos 12 años. La gestión de Ismael Maza Cruz, Jose de los Santos Arroyo Soplopuco como expresidentes y Santos Efrain Montalvan Nuñez actual presidente, es altamente cuestionada.

RUITOR ODAR: “Se acabó el negocio de la comunidad, ahora 20 mil comuneros podrán ser dueños de su casa”

La promulgación por insistencia de la Ley N.º 32293, que modifica el artículo 2 de la Ley 24657, ha generado una profunda fisura entre comuneros de la costa peruana y las dirigencias de algunas comunidades campesinas.

Una Esperanza

Uno de los defensores más firmes de esta ley es Ruitor Odar Puse, exalcalde del Centro Poblado Corral de Arena y exdirigente nacional de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados del Perú – AMUCEP. En una declaración contundente, afirmó que con esta norma «se acabó el negocio de la comunidad» y se abre paso para que más de 20 mil comuneros accedan a una vivienda digna con título registrado.

Para más de dos millones de posesionarios, de las comunidades campesinas de la costa, esta ley representa una puerta a la formalización y al derecho legítimo sobre las tierras que han habitado por generaciones. Para otros, especialmente algunos líderes comunales, se trata de una amenaza a su poder económico y político.

Durante décadas, miles de familias asentadas en tierras comunales vivieron en un limbo legal. No eran propietarios formales, pero tampoco invasores. Construyeron sus casas, criaron a sus hijos, cultivaron la tierra. Sin embargo, no podían acceder a un préstamo, a servicios públicos plenos o a una obra estatal porque el terreno estaba inscrito a nombre de la comunidad.

Ruitor Odar gestionando en el Congreso de la Republica

La ley en contexto

La Ley 32293, promulgada el 8 de abril de 2025, establece que las tierras comunales ocupadas por asentamientos humanos o centros poblados antes del 31 de diciembre de 2015, y que no pertenezcan a comunidades indígenas u originarias ni tengan litigios pendientes, pueden ser formalizadas a favor de sus actuales ocupantes​.

El cambio legislativo permite al Estado, a través del COFOPRI, titular los lotes individuales, reconociendo décadas de posesión informal y otorgando a los residentes acceso al crédito, servicios públicos e inversión estatal.

Sin embargo, quedan exceptuadas las tierras gobernadas directamente por la comunidad campesina, preservando así cierto margen de control comunal.

Ley que abre esperanzas a miles de comuneros en Olmos

Caso Olmos

Con la promulgación de la Ley N.º 32293, esa realidad empieza a cambiar. Así lo declara con firmeza Ruitor Odar Puse, quien se ha convertido en una de las voces más claras y valientes en defensa del derecho de los comuneros a titular sus propiedades.

“Después que se registraron las tierras a nombre de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, empezaron a cobrar al comunero por actualizar su certificado de posesión. Esa era la forma de tenerlo enganchado. Era un ingreso para ellos.”

 ¿Negocio encubierto?

Según Ruitor Odar, la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (CCSDO) registró más de 277 mil hectáreas a su nombre en SUNARP supuestamente sin consultar a los verdaderos posesionarios. Esto les permitió cobrar a los comuneros por certificados de posesión —un trámite costoso que debían renovar periódicamente.

“Era un ingreso para la comunidad. Así han estado por años. El comunero pagando, pagando y pagando”, denuncia.

Otra fuente asegura que algunos alcaldes de los centro poblados habrian llegó a cobrar entre 5 y 6 soles por metro cuadrado para entregar un título, dificultando que miles de familias regularicen su situación. “¿Ustedes saben lo que es tener un título en registros públicos? Se abre un mundo de oportunidades para el poblador”, insiste Odar

La situación se vuelve aún más compleja cuando se considera que, sin título formal, ni el Estado ni los gobiernos locales pueden invertir en infraestructura pública como postas médicas, colegios o vías. Esto ha frenado el desarrollo de decenas de centros poblados en Olmos, a pesar de que muchos llevan más de medio siglo establecidos.

«Nos tuvieron 20 años esperando»

Ruitor cuenta que en Corral de Arena y otros centros poblados, muchas familias llevan 40, 50 o incluso 70 años habitando sus lotes. Sin embargo, cuando acudían a COFOPRI para titular, no podían hacerlo porque los terrenos ya estaban registrados como comunales sin haberles consultado nada.

“Los caseríos y centros poblados se inscribieron a nombre de la comunidad. COFOPRI no podía entrar, aunque en algunos casos sí lo hizo, como en El Puente o Insculas. Pero muchos otros quedaron fuera.”

La consecuencia de este bloqueo legal ha sido el estancamiento del desarrollo:

“El Estado no puede invertir en obras si el terreno está a nombre de la comunidad. Ni postas, ni colegios, ni veredas. ¡Ni siquiera se pueden titular las postas médicas! Así no se puede progresar.”

Realidad olmana

El conflicto con la comunidad

Desde la dirigencia de la CCSDO, la reacción ha sido de rechazo. Alegan que la norma vulnera los derechos colectivos, promueve el tráfico de tierras y viola el artículo 89 de la Constitución, que declara a las tierras comunales como inalienables e imprescriptibles. Incluso se habla de presentar medidas cautelares para detener su implementación.

Pero para Odar, esa oposición no es más que la defensa de un modelo económico clientelista, en el que algunos líderes han lucrado durante años a costa del derecho de propiedad de los comuneros. “¿Cómo vamos a truncar el desarrollo de un pueblo por mantener un negocio?”, cuestiona con indignación.

Además, cuestiona la supuesta intención de redefinir la CCSDO como una comunidad indígena u originaria, lo que legalmente los eximiría de la aplicación de la ley. “Eso no es así. Hay más de 20 mil viviendas que deben titularse. No pueden truncar ese derecho con esas artimañas. La CCSDO no es una comunidad indígena u originaria”, afirma.

Para Odar, el motivo es claro: “Se les escapa el negocio de las manos. Quieren seguir cobrando por certificados de posesión, por actualizaciones, por cada trámite. ¿Cómo van a oponerse a que 20 mil familias tengan un título de propiedad?”

“Con esta ley se abre un mundo de oportunidades”

la titulación asegura Ruitor Odar, es mucho más que un papel. Es la puerta a un mejor futuro: “Cuando tienes tu título inscrito en Registros Públicos, puedes pedir un préstamo, construir con seguridad, heredar, tener servicios. No es solo techo propio, es dignidad.”

También critica duramente que la riqueza acumulada por la comunidad a través de la venta de tierras no haya beneficiado a los comuneros, ni urbanos ni agrícolas:

“Tenemos agricultores con dos o tres hectáreas que no pueden acceder a un crédito porque la tierra no es suya. Llevan cuidándola 50 años, pero legalmente no pueden hacer nada.”

“No sean malos, dejen que el pueblo se libere”

En la entrevista Ruitor expresa una exhortación directa a quienes hoy se oponen a la aplicación de la ley:

“¿Cómo van a truncar el desarrollo de un pueblo? ¿Cómo es posible que los líderes quieran mantener atado al comunero solo para seguir cobrando? La comunidad tiene otras formas de generar ingresos: pueden hacer convenios, cooperativas, trabajar con empresas… Pero que no sea a costa del poblador.”

Más allá del título: ¿Qué está en juego?

La disputa va más allá de la legalidad o el derecho a la tierra: se trata del control social y económico sobre el territorio. Con esta ley, el Estado recupera parte de su capacidad de acción, la comunidad pierde un monopolio económico, y los comuneros acceden a la posibilidad real de progresar.

El caso de Olmos, con sus centros poblados y múltiples caseríos muestra que la titulación es posible, pero ha sido selectiva, desigual y politizada. “Muchos llevan esperando 15 o 20 años. Esta ley por fin les da esperanza”, dice Odar.

Ahora, el desafío será implementar la ley sin caer en nuevas irregularidades, proteger a las verdaderas comunidades indígenas y garantizar que la titulación no derive en nuevos procesos de concentración de tierras o urbanización descontrolada.

Pero mientras tanto, para miles de familias que han vivido por generaciones en tierras comunales sin derechos formales, la Ley 32293 representa una oportunidad histórica. Y, como dice Odar: “Los que conocemos bien el tema debemos salir a promocionar esta ley. Le va a servir muchísimo al pueblo”.

Derecho a progresar

La voz de Ruitor Odar resume una tensión nacional: la resistencia de algunos sectores comunales frente al derecho individual de los pobladores a tener su propiedad.

Mientras unos defienden “el patrimonio comunal”, otros, como él, defienden el derecho a progresar, “Esta ley no es solo para Olmos. Es para todo el Perú costero que ha estado abandonado por años por culpa del entrampamiento legal de las tierras comunales. Es hora de avanzar.”

¡Confirmado, CTO y PEOT se coludieron!: No hicieron nada ante advertencias de consultoras, para evitar sedimentación del embalse Limon.

Diez informes de batimetría, a los que este periodista ha tenido acceso; revelan de manera contundente, que las consultoras contratadas por CTO; advirtieron, hace 8 años al Supervisor PEOT, sobre la acumulación acelerada de sedimentos, en el embalse Limón. Guardaron cómplice silencio.

En el siguiente informe revelaremos como CTO contravino su propio Reglamento de Operación y Mantenimiento; se coludió con el PEOT y juntos, actuaron en secreto, para trasgredir el Contrato de Concesión de la Operación y mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos. Ahora, con ayuda del gobierno central y actores locales, buscan impunidad.

Como secretos de alcoba

“Levantamiento Topográfico – Batimétrico para la Evaluación del Tránsito de Sedimentos y Determinación de la Capacidad de Almacenamiento del Embalse Limón” es el título único, de los 10 informes, que hasta hace unos días permanecían guardados celosamente ―como secretos de alcoba― en alguna oficina del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT). Hoy, tras una larga espera, salen a la luz.

Aparecen, para demostrar las escandalosas fallas en la gestión y supervisión de la Operación y Mantenimiento del Trasvase a cargo del PEOT, que la clase politica quiere encubrir, a costa de la crítica situación de la Presa Limón, piedra angular del Proyecto Olmos para el trasvase de agua en la región de Lambayeque.

Estos informes, elaborados para la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO), entre el 2015 al 2024 por 4 consultoras relacionadas entre sí; revelan en sus páginas, el secreto mejor guardado de este pecaminoso affaire, al que tendrán que responder judicialmente el actual y los exgerentes del PEOT, como también el jefe máximo de la CTO. Un resumen de los informes, los puede obtener en el portafolio, al final de este artículo

Aquí empezó todo

PRW INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.C (2015, 2016 y 2018); HIDRÁULICA Y OCEANOGRAFÍA INGENIEROS CONSULTORES (2017, 2019 y 2020); ARGOS ENGINEERING &PROJECTS (2021, 2022 y 2023) y TLP ENGINEERING & CONSULTING S.A.C (2024), como se ha dicho, son las empresas emparentadas entre sí, que de manera contundente señalan en las conclusiones de sus informes, la catastrófica situación del embalse. El asunto comenzó el 2015.

Análisis comparativo

Según los datos recopilados en los diversos levantamientos batimétricos, la capacidad útil del embalse Limón disminuyó de manera alarmante en los últimos nueve años. Mientras que, en el inicio de la operación, en 2012, el volumen útil se aproximaba a los 26,96 Hm³, para diciembre de 2017 los informes señalaban una reducción de 19,47 Hm³, evidenciando una pérdida acumulada de más del 27%.  Esta tendencia descendente se ha mantenido hasta el presente, poniendo en tela de juicio la viabilidad del trasvase de los 406 Hm³ de agua anuales que establece el contrato.

Con el apoyo del Soc. Enrique Parodi se realizó un análisis comparativo de los estudios realizados entre 2012 y 2016, los que revelaron que la sedimentación se concentró principalmente entre los niveles 1,105 y 1,125 msnm, afectando progresivamente la capacidad útil del embalse.

En el 2017, el informe de la consultora HIDRÁULICA Y OCEANOGRAFÍA INGENIEROS CONSULTORES, (CONTRATO: CTO-O&M/004-20172017), suscrito por el Ing. Walter Lévano Lévano especialista en geomática, evidenció la presencia de acumulaciones de sedimentos de hasta 6 metros, lo que indicaba la necesidad de acciones inmediatas.

Para el 2018, la reducción en la capacidad de almacenamiento ya comprometía la eficiencia del embalse, lo que sugería que la CTO debió haber iniciado las labores de descolmatación al menos en ese año, pero no lo hicieron. El PEOT se silenció.

En setiembre del 2024 la empresa TLP ENGINEERING & CONSULTING S.A.C, determinó en su informe (CÓDIGO: TLP-020924-INF-01-1), que la capacidad de almacenamiento del embalse había disminuido de manera considerable desde 2015, perdiendo volúmenes de almacenamiento en cada nivel característico. El informe de batimetría que en diciembre de este año ejecutará, cualquiera de las consultoras, será crucial.

Cuadro 1: Comparación de Volúmenes (2015 vs. 2024)

En resumen, a partir del 2016, los estudios batimétricos mostraban una disminución notable de la capacidad de almacenamiento del embalse. Según los datos comparativos de los volúmenes registrados en 2015, 2016, 2017 y 2018, la pérdida de capacidad se aceleró en ese periodo. ¿Por qué el PEOT no hizo nada?

Advertencias de las Consultoras

Los informes técnicos señalan que la empresa consultora contratada para los estudios batimétricos, presentaron advertencias sobre la colmatación progresiva del embalse. En el informe de 2016 se destacó que la sedimentación avanzaba hacia la presa y comprometía el volumen útil del embalse.

Asimismo, los informes de 2017 y 2018, como ya se ha dicho, señalaron que la acumulación de sedimentos afectaba la operatividad del embalse y que era necesario implementar medidas correctivas para evitar la reducción de su capacidad.

En conclusión, las advertencias sobre la sedimentación fueron constantes desde 2016, y la CTO ―conforme a sus responsabilidades del contrato de concesión― debió haber iniciado acciones correctivas en 2018 para evitar la pérdida progresiva de almacenamiento y funcionalidad del embalse. Sin embargo, los entonces gerentes del PEOT se callaron, pusieron bajo siete llaves los escandalosos informes.

Cuadro 2:  Comparativo de la Colmatación y Advertencias

Este cuadro demuestra que las advertencias sobre la colmatación fueron constantes desde 2016, pero la CTO no inició acciones de descolmatación hasta mucho después, cuando el problema ya había afectado gravemente la operatividad del embalse.

Hallazgos de La Contraloría

El informe de Acción Simultánea N° 881-2018 de La Contraloría revela que tanto el volumen útil como el volumen muerto del embalse no cumplen con las especificaciones establecidas en el Contrato de Concesión y en el Expediente Técnico. De acuerdo con el contrato, la Presa Limón debía contar con un embalse de 44 Hm³, distribuido en 30 Hm³ útiles y 14 Hm³ muertos.

Sin embargo, la realidad es otra: los estudios de batimetría muestran un volumen muerto decreciente, que hoy se encuentra muy por debajo de lo previsto, y un volumen útil insuficiente para garantizar el servicio, especialmente en años secos o en periodos de sequía extrema.

La Contraloría destaca que esta deficiencia implica un riesgo operativo inminente. La falta de capacidad para almacenar el agua necesaria podría traducirse en interrupciones en el trasvase, afectando el riego agrícola. «El incumplimiento de los requisitos técnicos genera un riesgo real de no poder atender el servicio de trasvase en condiciones de sequía extrema», señala el informe, subrayando la urgencia de adoptar medidas correctivas.

Cuadro 3: Hallazgos Comparativos

Comparación de la Capacidad de Almacenamiento (2015-2024).- Los informes de batimetría evidencian una pérdida acelerada del volumen útil, afectando la operatividad del embalse y comprometiendo el trasvase de 406 MMC anuales.

Cuadro 4: Capacidad de Almacenamiento

¿Quiénes son los responsables?

La situación crítica de la Presa Limón no solo obedece a la acción natural de la sedimentación, sino que también refleja fallas en la gestión y supervisión del proyecto.

Los informes de batimetría señalan que, desde la entrada en operación en 2012, el embalse no alcanzó los parámetros establecidos en la Propuesta Técnica y el Expediente Técnico presentada por CTO, lo que ha derivado en una colmatación acelerada y en el riesgo de incumplir con el calendario de trasvase de agua.

Cuadro 5: Comparación de Responsabilidades

Incumplimiento del Reglamento de Operación y Mantenimiento

Otro de los documentos obtenidos por Centinela es el Reglamento de Operación y Mantenimiento del embalse Limón, que establece criterios para garantizar la eficiencia del trasvase y minimizar el impacto de la sedimentación. En ese contexto, de acuerdo con lo informado hasta aquí, a continuación, se comparan las disposiciones del reglamento con la situación actual del embalse:

Cuadro 6: Parámetros Técnicos vs. Realidad Actual

Falta de medidas de control de sedimentación

El reglamento establece que el concesionario debe implementar medidas de mitigación para controlar la sedimentación, incluyendo:

Dragado periódico: No se ha implementado de forma efectiva.

Purgado de sedimentos mediante el túnel de fondo: No se ha realizado con la frecuencia requerida.

Monitoreo continuo: Si bien se han realizado estudios batimétricos, no se han ejecutado medidas correctivas para recuperar capacidad de almacenamiento.

La disminución de la capacidad útil afectó directamente la capacidad del embalse para regular el caudal de agua trasvasado. Esto conlleva riesgos como la Incapacidad para trasvasar 406 MMC/año, afectando el abastecimiento hídrico y la Reducción en la disponibilidad de agua para riego, afectando la producción agrícola en el valle de Olmos.

En este escenario crítico en épocas de sequía, el reglamento establece que el embalse debe contar con volumen suficiente para regular el suministro de agua en años secos. Sin embargo, debido a la colmatación, la capacidad de regulación se ha reducido drásticamente, lo que pone ha puesto en riesgo la seguridad hídrica en la región Lambayeque, para el 2026.

¿Qué dice el Contrato de Concesión para la Operacion y Mantenimiento?

En diciembre del 2024, cuando se hizo público la pretensión de CTO con la Quinta Adenda; Centinela dialogó con el Soc. Enrique Parodi. En esa entrevista, Parodi reveló las responsabilidades en la que había caído tanto CTO, como el encubrimiento por parte del Supervisor PEOT; que ahora confirmamos con los Informes de batimetría. La respuesta es contundente.

“Aquí tengo una copia del Contrato de Concesión, está en internet por si acaso. Voy a leer lo que dice la Cláusula 15.- Caducidad de la Concesión por otras causales.  15.1.- Causales de terminación anticipada del contrato de concesión, 15.1.1.-Por causa imputable al concesionario: Dice. En cumplimiento a la cláusula 2.4, la falta de vigencia de cualquiera de las pólizas, el incumplimiento de la Constitución y renovación de garantías, el incumplimiento de lo establecido en la cláusula 6: si dicho incumplimiento no ha sido subsanado de forma establecida en la cláusula 6.4 y que dice la cláusula 6.4.-Procedimiento ante el incumplimiento del concesionario durante el periodo de operación y mantenimiento: En los casos de incumplimiento de las obligaciones y disposiciones señaladas en la cláusula anterior, sin perjuicio de las penalidades correspondientes el supervisor, deberá enviar una comunicación escrita al concesionario indicando detalladamente el incumplimiento detectado y otorgándole un plazo no menor de 30 días para subsanarlo; si venciera el plazo otorgado sin que se hubiera remediado el incumplimiento, el supervisor deberá efectuar último requerimiento al concesionario, a fin de que cumpla con la obligación no ejecutada, otorgándole un plazo no menor de 15 días calendarios, bajo apercibimiento de que el contrato quede automáticamente caduco en caso contrario

¿Acaso existe alguna duda?

En el siguiente enlace puede leer la entrevista completa:

https://centineladigital.pe/soc-enrique-parodi-quinta-adenda-es-una-farsa-peot-y-gore-lambayeque-quieren-tapar-responsabilidad-legal-de-odebrecht-respecto-al-colapso-de-la-presa-limon-y-encima-quieren-usd-12-millo/

Con toda esta información, que duda cabe ya que CTO y el PEOT se coludieron para trasgedir el Contrato de Conseción de la Operacion y Mantenimiento del Trasvase Olmos. A estas alturas, preguntamos: 1) ¿CTO ― Odebrecht, actuó conforme a sus procedimientos conocidos? 2) ¿Cuál será la ruta que seguirá el Consejo regional de Lambayeque?; ¿Seguirán con el libreto circense para engañar y distraer a los olmanos?.

Sin embargo la pregunta mas importante es la siguiente:

En el siguiente cuadro -que puede descargar- tendrá acceso a un resumen detallado de los informes y conclusiones de las consultoras contratadas por CTO.

Consultoras Que Elaboraron Informes Para CTO 2015-2024 by Jorge Alberto Moncada Mino

Trasvase Olmos: Congreso se suma a circo impulsado por el GORE y Consejo Regional de Lambayeque

El próximo 27 de marzo ―si no surgen inconvenientes― se instalará en el distrito de Olmos otra mesa de trabajo multisectorial, convocada por el congresista Guillermo Bermejo Rojas (PL). El objetivo es abordar, la creciente polémica en torno al Trasvase Olmos.

Esta iniciativa surge a petición del Comité del Bloque de Riego N° 01 de Agua de Trasvase Olmos (Valle Viejo), encabezado por el agricultor Audias Tiquillahuanca Julca. Dicho comité solicitó al legislador que gestione las coordinaciones necesarias para realizar un debate técnico-legal sobre la presencia de Odebrecht en el proyecto Olmos.

En este contexto, el 12 de marzo de 2025, Bermejo Rojas, en su calidad de presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazonía y Afroperuanos, Ecología y Ambiente, remitió el Oficio N° 200-2024-2025-GBR-CR al gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores. En el documento, solicitó información y la instalación de una mesa de trabajo multisectorial.

Paralelamente, a través del Acuerdo Regional N° 000144-2025-GR.LAMB/CR, emitido el 13 de marzo de 2025, el Consejo Regional de Lambayeque autorizó al presidente del organismo, Gustavo Espinoza Soto, a gestionar reuniones con MIDAGRI, MEF, ProInversión y otros organismos competentes, para tratar la transferencia de titularidad del primer componente del Proyecto Olmos; es decir la tercera mesa de trabajo, por el mismo tema.

Ademas, según el artículo segundo del acuerdo regional, ya se habrían cursado invitaciones a los ministros de Agricultura y Economía, así como al presidente de ProInversión, para que en una sesión extraordinaria expliquen ante el pleno del Consejo Regional la intención de solicitar dicha transferencia. La gran incógnita es si el gobernador Pérez aceptará esta petición impulsada por el congresista de Perú Libre.

Sin embargo, este nuevo espacio de discusión ―sin duda, organizado con un fin subalterno por la mayoría del Consejo Regional― ha sido tomado como una burla por los pobladores de Olmos. Esto se debe a que, en menos de 15 días, el Consejo Regional ha realizado dos sesiones descentralizadas, en el distrito; en donde los improvisados oradores (figurettis), que gustan de participar en este tipo de eventos públicos, se dedicaron a recordar la trayectoria delictiva de Odebrecht, apartándose del único objetivo de la sesión extraordinaria relacionadas con la operación y mantenimiento del primer componente del proyecto Olmos, actualmente en disputa entre CTO y MIDAGRI.

“En el Consejo regional de Lambayeque, salvo la honrosa excepción del consejero Julio César Sevilla Exebio, el resto no se preocupa siquiera, por disimular su apoyo a Odebrecht, Novonor o CTO”, afirmó Gregorio Aldana, presidente del colectivo ciudadano Todos por Olmos.

Consejero Horna enfurece: Olmanos lo declaran “persona no grata” y lo acusan de traidor

Durante la segunda sesión descentralizada convocada por el Consejo Regional en Olmos, el ciudadano Gregorio Aldana Mio tomó la palabra y preguntó a los asistentes:

—¿Han escuchado hablar de Juan Pablo Horna? ¿Saben qué hizo ese señor contra el pueblo de Olmos?

La respuesta fue unánime:

—¡Sí, fuera el traidor!

Aldana, presidente del colectivo ciudadano Todos por Olmos, señaló directamente a Horna Santa Cruz como uno de los responsables de afectar los intereses del pueblo olmano.

“Este señor, en complicidad con Willy Serrato Puse, Humberto Acuña y malos funcionarios del Ministerio de Vivienda, nos arrebató los 300 litros por segundo de agua del trasvase, que pertenecen legalmente a este pueblo tradicional de Olmos. Todo para darle viabilidad a la Nueva Ciudad de Olmos o Charles Sutton. Por eso, lo declaro persona no grata y traidor a nuestro pueblo”, expresó indignado.

Testigos relataron que Horna, visiblemente molesto, exigía un micrófono para responder a Aldana por haberlo declarado persona no grata.

“Estaba desesperado, furioso”, comentó un asistente.

Un video que circula en Facebook muestra el momento en que la audiencia increpa al consejero apepista. En las imágenes se le escucha responder con frases incoherentes, entre ellas:

—¡Nadie lo ha elegido ni designado, no representa a nadie para declararme persona no grata!

Desde el fondo del salón, una voz le gritó:

—¡Fuera, ridículo y traidor!

La controversia en torno al Trasvase Olmos sigue creciendo, en medio de pugnas políticas y denuncias de presuntos favorecimientos a empresas vinculadas a Odebrecht. Mientras los actores políticos continúan organizando reuniones y mesas de trabajo, la población de Olmos parece haber perdido la paciencia y exige respuestas concretas sobre el destino de su recurso más preciado: el agua.

Proyecto Olmos: El encubrimiento disfrazado de transferencia

La reciente propuesta de transferencia del Proyecto Olmos al Ministerio de Agricultura y Riego (MIDAGRI), lejos de ser una solución técnica o administrativa, es un claro intento de encubrir las responsabilidades de Odebrecht y de funcionarios locales que permitieron el deterioro de una de las obras de irrigación más importantes del norte peruano. Así lo ha denuncia el sociólogo Enrique Parodi en una entrevista que desnuda las maniobras detrás de esta movida política y empresarial.

Quien observe este caso desde fuera, podría pensar que la transferencia del proyecto a una entidad nacional es una oportunidad para sanear su gestión y resolver los problemas técnicos, como la colmatación del embalse Limón. Sin embargo, basta con revisar los hechos para darse cuenta de que el verdadero objetivo es liberar a Odebrecht (ahora CTO) de las consecuencias legales, económicas y sociales de su mala gestión y corrupción.

Recordemos que desde 2024 el embalse Limón está colmatado, impidiendo su funcionamiento y afectando gravemente a miles de agricultores, así como a las poblaciones cercanas que vieron cómo toneladas de lodo fueron descargadas al río Huancabamba. Estos daños tienen responsables claros: la empresa concesionaria y los funcionarios del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), quienes por años omitieron las advertencias técnicas de las consultoras contratadas para monitorear el embalse como tampoco la auditoria del 2019 que formuló La Contraloría.

Aun así, hoy se plantea una «solución» que no es más que una huida hacia adelante: trasladar la gestión al MIDAGRI, dejar atrás cualquier investigación profunda, y con ello sepultar también las sanciones y reparaciones que Odebrecht debería afrontar. Tal como advierte Parodi, «esto significa, en dos palabras: borrón y cuenta nueva». Pero ¿a quién beneficia ese «borrón y cuenta nueva»? Sin duda a la empresa corrupta, a los funcionarios que la encubrieron y a las autoridades regionales que ahora pretenden quedar impunes.

Más preocupante aún es el silencio cómplice de las entidades que deberían defender los intereses regionales: asociaciones civiles, colegios profesionales, y hasta la Cámara de Comercio de Lambayeque, que, en vez de alzar la voz, se han alineado con Odebrecht, defendiendo sus intereses. La misma Asociación Civil de Defensa de los Intereses de Lambayeque (ASIL), que debería liderar la defensa del proyecto y de la población afectada, permanece muda. ¿Qué más prueba de complicidad se necesita?

Lo grave es que esta transferencia no resolverá el problema de fondo: la colmatación del embalse y la pérdida de capacidad de irrigación. Según Parodi, las opciones técnicas para recuperar el embalse, como el dragado o el recrecimiento de la presa, son soluciones costosas y complejas. Y, ¿quién asumirá esos costos? Por supuesto, el Estado, es decir, todos los peruanos. Mientras tanto, Odebrecht se irá «limpia» y sin asumir ni un dólar de los daños causados.

Es necesario recordar, además, que este no es el primer episodio donde Odebrecht evade sus responsabilidades. En 2017, con el Decreto de Urgencia 003-2017-PCM, ya se permitió que la empresa vendiera sus acciones sin responder por los perjuicios de corrupción en la fase de construcción del Proyecto Olmos. Hoy la historia se repite, y si no alzamos la voz, volveremos a ver cómo una empresa corrupta escapa sin castigo y el pueblo paga los platos rotos.

Por todo esto, es urgente que las autoridades nacionales, y en especial la Contraloría General de la República y el Congreso, intervengan para frenar esta transferencia encubridora. Se necesita un peritaje técnico independiente, sanciones firmes contra Odebrecht y los funcionarios responsables, y una solución transparente y justa para la población afectada.

No podemos permitir que, bajo el discurso de «salvar el proyecto», se esconda una de las maniobras más descaradas de impunidad de los últimos años. El Proyecto Olmos no debe convertirse en otro monumento a la corrupción y la negligencia. Hoy, Lambayeque necesita justicia, no más mentiras.

¿Plan «B» de Odebrecht?: Ministro de Agricultura, anuncia que Proyecto Olmos pasará al MIDAGRI.

De manera inesperada, Ángel Manero jefe del MIDAGRI, anunció que “después de una conversación con el gobernador regional” su cartera se hará cargo del Proyecto Olmos. Esto implica que asumirá la crítica situación de la presa Limón y la licitación internacional, para un nuevo operador.

En la siguiente entrevista que el Soc. Enrique Parodi Olivera, concedió a Centinela, repasamos los escenarios que Odebrecht creó, con la censurada Quinta Adenda y la transición hacia el MIDAGRI, con un nuevo operador, que aparentemente tira de la soga, para el lado de Odebrecht.

Jorge Moncada Mino (JMM): Enrique ¿Qué te parece, este «inesperado anuncio» del ministro de Agricultura Ángel Manero, sobre la transferencia del Proyecto Olmos al Ministerio de Agricultura y Riego (MIDAGRI)?  

Enrique Parodi Olivera (EPO): Mira para que salga el ministro a hablar de que le va a pedir al Gobierno regional la transferencia, creo que cualquier persona ligada a los hechos políticos del Estado, entenderá de que esto ya está conversado, porque, un ministro no puede lanzarse por la liebre y decir ‘yo le voy a solicitar’ como si no existiera los demás ministerios, el ejecutivo.

JMM: O sea un arreglo bajo la mesa y por supuesto, como si no existiera el Contrato de Concesión del Proyecto, la Ley Orgánica de Gobiernos regionales. Esta inusitada petición tendrá que pasar por el Consejo regional.

EPO: Claro, cómo te comentaba, eso está ya conversado, está definido y simplemente están haciendo los trámites necesarios para que ello suceda, lógicamente que este camino debe tener un acuerdo del Consejo Regional, para que suceda esta transferencia, pero ya Odebrecht ― probablemente― ha trabajado con la mayoría de los consejeros para acepten esta propuesta, porque es la mejor salida entre comillas, para todos.

JMM: Entonces esto si les va a cuajar, porque la Adenda era muy escandalosa…

EPO: Así es. La Adenda era complicada, se prestaba a mucha crítica, y, era difícil para ellos defenderla. Entonces ahora tienen este arreglo, para que se de esta transferencia, que obligatoriamente tiene que pasar por un acuerdo del Consejo regional. Pero qué significa esa transferencia en términos muy sencillos, borrón y cuenta nueva. Eso es lo que significa en dos palabras

JMM: Es decir, en este nuevo escenario aspiran también a liberar a CTO de sus responsabilidades, que es el verdadero objetivo, de los odebrecht

EPO: Claro, liberar a CTO de las responsabilidades de operación y mantenimiento y de las penalidades económicas; eso es lo más importante para ellos; porque si hubiera un peritaje técnico, entonces, se determinaría ―como ya está determinado en algunos informes de la Contraloría por ejemplo y del mismo informe del Ing. Piedra, gerente del PEOT― que no hay el equipo técnico para manejar este tipo de circunstancias.  Ya está definido que es su responsabilidad entonces, si hubiera un peritaje técnico, en el mejor de los casos para Odebrecht, le indicarían mire, usted es el responsable de esta colmatación precoz, así que por favor entregue el Embalse en condiciones de operatividad y eso significa millones de dólares para Odebrecht. Eso es lo que quieren evitar.

En tercer lugar, lo que quieren evitar también, es la responsabilidad de los funcionarios del PEOT, tanto de los que continúan en actividad, como los que ya salieron. Hay funcionarios que han estado ahí durante años, tienen responsabilidades y con esta salida todo el mundo aliviado, todos los incompetentes, todos los corruptos, todos contentos. Eso es lo que se busca con esa transferencia al MIDAGRI.

JMM: Algunas personas dicen por ahí, que con eso de la trasferencia se sepultó la Quinta Adenda. Aseguran que es un “gran triunfo”

EPO: Yo he leído unas declaraciones de algunas personas que también estaban en la trinchera nuestra, que no le den la ampliación de la concesión a Odebrecht. Por ejemplo, un medio limeño y otro; y un personaje de acá del Lambayeque señalaban que su centro de gravitación era que no le entreguen a concesión a Odebrecht, porque es una empresa corrupta. Que se vaya Odebrecht, fuera Odebrecht; entonces con esa decisión, que se le ceda al MIDAGRI el Proyecto Olmos han saltado de alegría y dicen «ganamos» «ya se fue Odebrecht» como si ese fuera el objetivo, como si ese fuera un buen logro.

JMM: Bueno desde que explotó este escándalo Centinela -en solitario- ha informado sobre la situación crítica de Odebrecht y sus maniobras para evadir responsabilidades y sanciones.

EPO: Claro y casi inmediatamente después de la colmatación, de colapso de la presa olmos, en Centinela y en una publicación en el diario Correo, de tu autoría, dijimos eso, lo mismo que estamos diciendo en este momento. El objetivo de la ampliación, de la concesión, es evitar las responsabilidades asumidas por Odebrecht y por los funcionarios del PEOT.

(Click, en los siguientes enlaces para seguir publicaciones anteriores sobre el caso)

https://centineladigital.pe/exclusivo-autoridades-y-empresas-habrian-ocultado-informes-sobre-critica-situacion-de-la-presa-limon/

https://centineladigital.pe/colmatacion-en-el-huancabamba-el-otro-desastre-causado-por-cto-que-%e2%80%95como-la-quinta-adenda%e2%80%95-busca-impunidad/

https://centineladigital.pe/hace-7-anos-la-contraloria-advirtio-colmatacion-total-del-embalse-limon-para-el-ano-2025-antes-del-termino-de-la-concesion/

JMM: También nos ocupamos a fondo del perjuicio ocasionado a la población de Pomahuaca, Pucará, como consecuencia del desembalse ―en agosto del 2024― al Rio Huancabamba. El OEFA también sancionó a CTO

EPO: Claro y no solamente ellos, sino que con ese peritaje del OEFA, que sanciona el desastre ocasionado por CTO, también se asumirían los daños causados a los agricultores, o sea, Odebrecht se enfrentaba a un escenario muy tenebroso, muy oscuro, por eso pedían la ampliación, por eso, querían seguir con la operación de mantenimiento. Con la cuestionada Adenda exigían, que el Estado peruano les trasfiera millones de dólares para dragar la colmatación del embalse, que ellos ocasionaron, por irresponsabilidad. Así estaba planteada la Quinta Adenda.

JMM: Y ahora surge otra movida. Un nuevo escenario, con un nuevo actor y el sospechoso anuncio de trasferencia del Proyecto Olmos al MIDAGRI

EPO: Con este pase al MIDAGRI, todo quedara en cero, se acabó. Esto es el mismo escenario, cuando se descubrió la corrupción de Odebrecht en la ejecución y licitación del Proyecto Olmos. En el 2017, Odebrecht quiso vender sus acciones, pero no podía hacerlo porque había disposiciones al respecto, que señalaban que no podía venderlas, hasta que se establezcan los prejuicios económicos ocasionado por esa corrupción, y de ahí deducir algo de costos, en contra de Odebrecht, pero a favor de Perú.

Esto sucedió en el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y era ministra de justicia la señora Marisol Pérez Tello. Lo que te voy a decir es cierto, aunque parezca absurdo. Entonces, ante esa situación, desde el gobierno argumentaron ―como lo están haciendo ahora― que si Odebrecht, no vendía sus acciones, se ponía en peligro la irrigación de 38, 000 hectáreas; además que se perderían miles de puestos de trabajo, y que si Odebrecht no vendía sus acciones; dejaba la operación y mantenimiento y los componentes de las obras se exponían a un gran peligro y las tierras se van a perder.

Aquí no pasaba nada de eso, si es que, a Odebrecht, se le cargaba los costos derivados de la corrupción. No pasaba nada; simplemente ellos perdían dinero nada más, pero así argumentaban ―como ahora― es más para conseguir sus propósitos sacaron un Decreto de Urgencia N° 003-2017-PCM, para que Odebrecht vendas sus acciones. Con ese dispositivo, las vendió y se acabó, se fue sin pagar absolutamente nada, nada de nada y no pasó nada.

Estamos ahora en algo similar.  Para ellos es muy problemático seguir impulsando la ampliación de la Adenda; entonces ha urdido lo del pase del proyecto al MIDAGRI y queda todo en cero, el ministro dice yo me encargo de llevar a cabo una nueva licitación, para un nuevo operador de las presa y los componentes del trasvase. Lamentablemente la memoria es frágil

JMM: Hasta ahora las organizaciones de defensa locales, han guardado un silencio, aparénteme cómplice.

EPO: Bueno es cierto lo que tú dices hay muchas entidades civiles que ―entre comillas― defienden los intereses de Lambayeque y hay una en especial, yo lo digo abiertamente, una que se domina ASIL: Asociación Civil de Defensa de los Intereses de Lambayeque, está lleno de técnicos, de profesionales ―entre comillas reconocidos en Lambayeque― pero no ha dicho una palabra, ¿tú has escuchado algo?, ¿Alguien ha escuchado algo de esa entidad? Nada.

JMM: Si pues no se ha escuchado absolutamente nada, pero si he leído el pronunciamientos, como el de la cámara de Comercio de Lambayeque, abogando por CTO, es decir por la corrupta Odebrecht.

EPO: Así es, el mismo gobernador regional Jorge Pérez Flores, también hablaba últimamente en forma abierta en defensa de Odebrecht, y él estaba de acuerdo con esa salida de la Quinta Adenda. Es así de concreto, de fácil por decirlo así, esta la situación que se vive.

JMM: ¿Será tan sencillo pasar de la Quinta Adenda, a que los lambayecanos se desprendan del Proyecto Olmos, para favorecer a una empresa corrupta?

EPO: Como lo hemos visto no hay ningún reclamo de las entidades pertinentes de peso, no hay, pero de personas individuales, lamentablemente, que no tenemos ninguna fuerza, más que, simplemente la fuerza moral y la capacidad de entender las cosas y decirlas, fuera de eso, no. Si no se escucha el reclamo, la posición de las instituciones, como los colegios profesionales, las entidades como las asociaciones civiles de defensa de los intereses de Lambayeque, el plan b de Odebrecht, va a prosperar; va a pasar fácil.

Centinela se involucró en el tema, desde que supo de la colmatación

Desde que se tomó conocimiento del desembalse de lodo al rio Huancabamba, Centinela se involucró en este asunto. Este medio fue el primero, por no decir el único, que descubrió el nombre de las empresa consultoras que desde el 2015, contrato CTO para que monitoreen el comportamiento del embalse. (enlaces lineas arriba)

Centinela ha solicitado información clave al PEOT, pero están demorando. Sospechamos las razones.

El requerimiento es sobre los informes que las consultoras, han entregado años tras años al PEOT en donde ―en términos generales― si estas han informado que todo ha marchado bien desde el inicio de la operación y mantenimiento del trasvase, hasta 2024; entonces, ¿por qué se colmató?  Ahora, en otro escenario. Si en esos informes, las consultoras advirtieron a CTO el riesgo de la colmatación de la presa ¿Por qué CTO no activo sus protocolos para impedir la colmatación?  

JMM: Es decir, sea por un lado o por el otro, estimado Enrique, Odebrecht y sus aliados están en graves problemas…

EPO: Claro, están en un callejón sin salida. Si dicen estamos bien ¿por qué se colmato? y si no ha estado bien ¿porque no hicieron los informes del caso? ¿porque no reclamaron de que hagan las acciones de emergencia que están establecidas en el contrato? etcétera, etcétera, y si no lo hacían, aplicarle la penalidad en el caso. Repito es un callejón que tiene salida para Odebrecht, y como no tiene ninguna, se les cayó la Quinta Adenda, ahora se han trasladado al MIDAGRI para cerrar todo. Todo eso desaparece del escenario, hacen la licitación para ver quién continúa con la operación y mantenimiento; hacen un convenio con Odebrecht para que sus técnicos continúen con la operación de mantenimiento hasta que se declare un ganador; entiéndase sus técnicos, no Odebrecht.

Odebrecht estará rezando que suceda lo más rápido posible para desvincularse totalmente del proyecto. Entonces Hay un ganador de la operación de mantenimiento entra, continúa operando; muy bien, pero lo que sigue es qué hacer para solucionar el problema de la colmatación; y ahí otra vez son los contribuyentes, el público en general, el pueblo, en términos concretos los que pagaremos; porque para solucionar el problema, tienen dos alternativas, el dragado, o sea, sacar los sedimentos colmatados en el embalse, o levantar la presa.

JMM: ¿Cuál de estas opciones es la más indicada?

EPO: Ambas salidas son problemáticas, pero lo inmediato pienso yo, se van a orientar hacia el dragado, para poder crear un almacenamiento mínimo de agua para el trasvase, porque el recrecimiento demora años, y en eso hay que estar atentos para cuando se quiera sacar adelante el recrecimiento de la presa, ahí entrar ―en términos concretos― a discutir la pertinencia o posibilidad de que se recrezca o no. Por ahora no tiene sentido no en este momento. Yo he leído de los ingenieros que conocen el tema aparentemente no se puede, es imposible recrecerla.

Nosotros conocemos un dicho muy específico, “El análisis concreto de la situación concreta” No volar por todos los frentes. Y eso es lo que hemos hecho, hemos realizado un análisis concreto de la situación concreta, a través de publicaciones periodísticas en tu medio. Puede ser que caiga en lectores y escuchas que puedan participar en esta lucha.

JMM: ¿Esto conllevará a la creación de una nueva Unidad Ejecutora para que administre el Proyecto

EPO: Puede ser, eso lo definiría el MIDAGRI, es lo más probable que así sea, como tú dices, es lo más probable, una unidad que le asignen presupuesto y que administre este presupuesto

JMM: ¿Y a quienes van a convocar para que gerencie esa UE, a los exgerentes del PEOT? Dios nos coja confesados

EPO: Lo que están planteando es lo siguiente, concretamente no, o sea, pásame el PEOT al MIDAGRI, listo ya está en mis manos, ya chao, Odebrecht, chao responsabilidad de los funcionarios del PEOT. Todo eso muy bien, ahora hacemos la licitación para la operación y mantenimiento de las obras de trasvase, gana un operador y se acabó, se acabó, o sea, el traslado al Ministerio de Agricultura es una jugada, nada más. así estamos

JMM: Terrible escenario, y las entidades que tienen que decir algo sobre el particular se auto silencian, ¿habrían aceitado a sus representantes?

EPO: Como Shakira, ciegas, sordas y mudas, pero no creo, que hayan recibido prebendas.  Hay un entretejido de responsabilidades, de relaciones, de compromisos.

JMM: Pero no algunos, sino varios MM.CC; nacionales y locales, si hubieran recibido dinero de la corrupta Odebrecht, para difundir propaganda engañosa sobre el proyecto Olmos y CTO

EPO: Bueno en primer lugar no tengo ni idea cuanto habrían recibido, pero lo que yo sí te puedo inferir, creo que cualquier persona también haría lo mismo, es que los publirreportajes, reuniones webinar con especialistas, entre comillas, que hablaban sobre el proyecto Olmos, personajes que nunca en mi vida los escuché; solamente era para esta oportunidad. Por ejemplo y puede causar risa, la aparición del tal Nakano pregonando su defensa y ni que hablar de Pérez, eso creo, debe tener algún valor.

JMM: ¿Valor monetario? porque la mermelada era evidente

EPO: Con los medios locales ―no todos― yo tengo experiencia; por intereses por dádivas, desvían las noticias, las ocultan, le dan un vuelo a cosas que no tienen trascendencia; en eso si conozco historias como esas.

¿Temerarios del crimen en Olmos?: obras públicas bajo sospecha.

La Municipalidad Distrital de Olmos (MDO) se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que la Contraloría General de la República detectara presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas. Uno de los principales beneficiarios de estos contratos es el empresario Diego Antonio Ugaz Medina, cuyo nombre ha estado vinculado a la red de corrupción conocida como «Los Temerarios del Crimen», que operó en Chiclayo y otras municipalidades de la región.

¿Quién fue el funcionario clave, que abrió las puertas de la MDO, a Diego Antonio Ugaz Medina?

Contraloría revela irregularidades

En el Informe de Hito de Control N° 003-2025-OCI/2137-SCC, del 24 de febrero de 2025, La Contraloría identificó que Ugaz Medina es el responsable de la obra «Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la calle San Martín». Sin embargo, este proyecto presenta retrasos injustificados y deficiencias técnicas que podrían afectar su durabilidad y calidad. Además, se detectó que los trabajos continúan a pesar de que la ejecución fue suspendida oficialmente, sin la presencia de personal clave de supervisión.

El informe también advierte que el empresario ha sido beneficiado con adjudicaciones, lo que genera sospechas sobre la transparencia de los procesos de contratación en la MDO

Informe de OCI, pone al descubierto a presunto investigado por corrupción

Según información publicada por el diario Correo, el 31/01/2019, Ugaz Medina aparece relacionado con casos que involucran a la red de corrupción conocida como “Los Temerarios del Crimen”, una organización delictiva que operaba en la Municpalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), facilitando contratos irregulares a determinados empresarios a cambio de sobornos.

https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/la-suerte-de-los-contratistas-vinculados-los-temerarios-867927/?ref=dcr#google_vignette

Los lazos con «Los Temerarios del Crimen»

Las investigaciones realizadas por el exfiscal JUAN CARRASCO MILLONES de la Fiscalia Contra la Criminalidad Organizada – FECCOR, revelaron que diversas empresas entre ellas las de Ugaz Medina, habrían obtenido millonarios contratos de las municipalidades de Monsefú, Mochumí, Pacora, Pítipo, Jayanca y Chochope, bajo procedimientos ilícitos.

En las pesquisas llevada a cabo por Carrasco Millones, se determinó que desde el año 2006 hasta el 2017 Diego Antonio Ugaz Medina, pudo contratar con 3 municipios provinciales y varias comunas distritales, incluyendo la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque y la Mancomunidad del Valle La Leche – adscrita a la Municipalidad Distrital de Túcume – hasta en 37 oportunidades, por un valor total aproximado a los S/56 millones de soles.

David Cornejo, presunto lider de Los Temerarios del Crimen

Ugaz Medina tambien fue incluido en las indagaciones que realizo la FECOR, por haber contratado coincidentemente con la MPCh, la ejecución de una obra por emergencia. Para su adjudicación presuntamente le habría entregado una prebenda al entonces regidor Boris Bartra Grosso, hermano del exalcalde del distrito de Monsefú, Miguel Bartra Grosso para ser favorecido con la buena pro para la ejecución de una obra valorizada en 2 millones 500 mil soles.

“El Moralista”

Fue “El Moralista” un testigo protegido, quien reveló que el citado exregidor Boris Bartra Grosso también actuaba como intermediario entre el exalcalde David Cornejo y el excongresista Héctor Becerril Rodríguez, para lograr la aprobación de proyectos de la MPCh en el Ministerio de Vivienda.

El testigo aseguró que el exparlamentario le habría ofrecido a Cornejo gestionar el presupuesto de las obras, pero le puso como condición que toda coordinación lo hiciera con su hermano Wilfredo Becerril, quien luego se encargaba junto a Boris Bartra de exigir el diezmo a las empresas constructoras.

En una parte de su testimonio, “El Moralista” señala lo siguiente: “David Cornejo le entregó el proyecto de pavimentación de la avenida Francisco Cúneo a Boris Bartra, quien le dice que tiene una amigo constructor, el cual les iba a dar una comisión”.

«festival» de licitaciones

Precisamente, dicha obra denominada “Rehabilitación de la avenida Francisco Cúneo, desde la Av. Panamericana Norte hasta la calle Bernardo Alcedo”, fue ejecutada por los empresarios Diego Antonio Ugaz Medina y Antonio Vilcabana Carlos (Consocio Vial Cúneo) con un presupuesto de 1 millón 012 mil soles.

Tanta buena suerte tuvo Diego Ugaz Medina, que también obtuvo la buena pro en la comuna de Monsefú para ejecutar dos millonarias obras, en una de ellas con Vilcabana Carlos.

Según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), Diego Ugaz Medina “ganó” una licitación en julio del 2017, para ejecutar el proyecto: “Mejoramiento del camino vecinal Monsefú – Valle Hermoso”, valorizado en 2 millones 557 mil soles. Para ello, conformó el Consorcio Vial Valle Hermoso junto a los empresarios Antonio Vilcabana Carlos y Manuel Antonio Burga Zegarra.

Más obras

Asimismo, figura haber ganado en noviembre de 2018 otra licitación para ejecutar el proyecto: “Rehabilitación de los servicios de Transitabilidad vehicular del distrito de Monsefú” por 1 millón 338 mil soles. Para ello, conformó el consorcio San Antonio, junto a su hermano Carlos Alberto Ugaz Medina y el empresario Arturo Burga Salazar.

Otra obra que según los colaboradores eficaces fue “direccionada” a favor de estos empresarios es la denominada: “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del P.J. Fernando Belaúnde Terry de Chiclayo”, valorizada en 1 millón 754 mil soles.

Para dicho proyecto, resultó ganador el Consorcio Vial Chiclayo, integrado por los empresarios Manuel Arturo Burga Zegarra y Johan Emersson Oswaldo Angulo Pardo.

Según “El Moralista”, fue el exregidor Boris Bartra quien se habría encargado de cobrar el diezmo a la empresa constructora (10% del monto contractual), para luego entregárselo al exalcalde David Cornejo, quien, a su vez, entregó el porcentaje acordado (5%) a Wilfredo Becerril.

Ejecucion cuestionada

En la MDO, Diego Ugaz Medina como persona natural y la empresa UGAZ & UGAZ INGENIEROS SCRL, que le pertenece al mismo personaje; además de la obra “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana calle San Martin” valorizada en S/1’955,832.04 ―que está paralizada― Ugaz ejecuta la construcción del “Pavimento en la calle Tacna, por S/ 1’201,967.54, que tambien esta cuestionada.

Más casos en investigación

En próxima entrega se dará a conocer detalles sobre otra obra en Olmos, valorizada en S/13.09 millones, adjudicada al Consorcio Filoque, integrado por Calof Construcciones SRL y Grupo Sierra Norte SAC. Se ha detectado que en la planilla de «personal clave» figura un excontratista que previamente realizó trabajos para la MDO en la rehabilitación de la vía del Valle Viejo de Olmos.

Justo reclamo de comuneros de Olmos

Colmatación en el Huancabamba: El otro desastre causado por CTO, que ―cómo la Quinta Adenda― busca impunidad.

En agosto del 2024, Concesionaria Trasvase Olmos, arrojo 3,4 millones de metros cúbicos de lodo al rio Huancabamba. El perjuicio es incalculable y al menos 500 los agricultores afectados. En ese escenario La OEFA ordeno a CTO, reparar el daño y resarcir a los afectados. CTO se niega a hacerlo.

¿Otra maniobra para evadir su responsabilidad ambiental y social?

La Concesionaria Trasvase Olmos S.A. (CTO), subsidiaria de la corrupta Odebrecht, sigue sembrando controversia. Tras causar un grave daño ambiental en el río Huancabamba al verter el 06/08/2024; 3,4 millones de metros cúbicos de sedimentos y generar el desembalse de la presa Limón por falta de mantenimiento, ha sido sancionada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Ahora, en un nuevo intento por evadir sus responsabilidades, CTO busca variar la medida preventiva impuesta y, paralelamente, pretende reconocer miserias por concepto de indemnización a más de 590 agricultores afectados.

OEFA ordena descolmatación de sedimentos

Como consecuencia del grave deterioro ambiental y riesgos para la salud de las comunidades cercanas, en el Exp: Nº 0176-2024-DSAP-CAGR y Acta de Supervisión; el 19/11/2024, el OEFA, emitió la Resolución Directoral N° 031-2024-OEFA/DSAP, mediante la cual ordena a CTO, la inmediata descolmatación de los sedimentos acumulados en 185 áreas del cauce de los ríos Huancabamba y Chamaya, ubicados en las regiones de Cajamarca y Lambayeque.

Sanción que CTO busca no ejecutar

Antecedentes del caso

El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), responsable de la infraestructura hídrica en la zona, tiene concesionada la operación y mantenimiento del trasvase del río Huancabamba a la empresa CTO. En agosto de 2024, el OEFA tomó conocimiento de una preocupante mortandad de peces en las inmediaciones de la presa Limón, ocasionada por la descarga de sedimentos al río Huancabamba.

El vertido masivo de sedimentos no es un hecho aislado. La acumulación de estos materiales en la presa Limón ―resultado de una gestión deficiente y falta de mantenimiento― comprometido gravemente el ecosistema del río Huancabamba, afectando la calidad del agua y poniendo en riesgo la seguridad de la infraestructura hidráulica, como consecuencia de la falta de mantenimiento y gestión negligente, que generaron consecuencias ambientales que hoy impactan directamente en las comunidades locales.

La supervisión ambiental realizada del 7 al 10 de agosto de 2024 reveló que CTO, había descargado grandes volúmenes de sedimentos directamente al cauce del río, con un estimado de 3,4 millones de metros cúbicos de material vertido en un lapso de cinco días. La acción generó una acumulación de sedimentos que impactó gravemente la calidad del agua, afectando el ecosistema y la actividad pesquera local.

La gravedad de impacto medioambiental, causado por negligencia de CTO es inmegable

Impacto ambiental y socioeconómico

Según el informe del OEFA, el vertimiento de sedimentos ha provocado una serie de consecuencias ambientales y sociales:

Alteración del cauce fluvial: La acumulación de sedimentos ha cambiado la morfología del río, afectando su flujo natural.

Muerte masiva de peces: Se ha reportado la presencia de especies muertas como bagres y carachamas, fundamentales para la pesca local y la seguridad alimentaria de la población.

Contaminación del agua: La alta concentración de sólidos en suspensión afecta la calidad del agua y puede tener implicaciones para el consumo humano y el riego de cultivos.

Impacto en las comunidades: Poblados aledaños, como Yerma, Arenal y San Lorenzo, dependen del río para sus actividades diarias y han reportado dificultades en el abastecimiento de agua y en la actividad pesquera.

¿Pueden negar esto?

Personas afectadas

Las comunidades cercanas a los ríos Huancabamba y Chamaya han sido las principales afectadas por el desastre ambiental. Pescadores de la zona han visto reducida drásticamente su actividad económica debido a la desaparición de especies clave. Agricultores que dependen del agua del río para el riego de cultivos han denunciado la afectación de sus cosechas debido a la contaminación del recurso hídrico.

Habitantes de los caserios: El Alumbre, Puerto Yerna, Yerna; Campamento Limón, Arenal Arabisca, Tierra Colorada, Las Juntas; Puente San Antonio y Patacón entre otros de los distritos de Pomahuaca y Pucara, reportaron problemas en la disponibilidad de agua potable, y presunto incremento del riesgo de enfermedades gastrointestinales: “la situación provocó una crisis sanitaria y económica en la región” dijeron los líderes comunales

Decisión del OEFA

Ante este escenario, el OEFA en su rol fiscalizador, dispuso como medida preventiva en la R.D. N° 031-2024, que CTO, proceda con la inmediata remoción de los sedimentos acumulados en las áreas afectadas, con un plan detallado para la disposición adecuada de los sedimentos, que debió presentar a la entidad, pero aparentemente no lo ha hecho.

De acuerdo con la resolución, CTO deberá ejecutar acciones que restablezcan las condiciones naturales del cauce, garantizando el paso libre del flujo de agua y sedimentos para prevenir futuros daños ambientales.

Además, la entidad de fiscalización ha advertido que continuará supervisando de cerca las acciones correctivas y en caso de no acatar la resolución del OEFA, la Concesionaria, podría enfrentar severas sanciones legales

Posibles sanciones

Según la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley N° 29325), las infracciones ambientales pueden ser sancionadas con multas que van desde 10 hasta 30,000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), dependiendo de la gravedad del daño causado.

Además, la empresa podría ser objeto de procesos administrativos sancionadores que podrían derivar en la suspensión de sus actividades y la obligación de ejecutar planes de remediación ambiental. En caso de comprobarse negligencia o dolo en la contaminación de los ríos, los directivos podrían enfrentar acciones penales por delitos ambientales, con penas de hasta ocho años de prisión según el Código Penal.

OEFA ordeno al PEOT, modificación del EIA

El PEOT, encargado de la infraestructura hidráulica del sistema de trasvase del río Huancabamba, concesionó su operación y mantenimiento a CTO, desde 2004. Sin embargo, tras los acontecimientos del 6 de agosto y las supervisiones por el OEFA, evidenciaron una serie de deficiencias en la gestión ambiental del proyecto, lo que llevó a la emisión otra resolución que el supervisor PEOT debe implementar.

En efecto, en el Exp. Nº 0176-2024-DSAP-CAGR, con fecha 31/10/2024, el OEFA emitió la Resolución Directoral N° 029-2024-OEFA/DSAP, mediante la cual ordena al PEOT, actualizar y/o modificar su Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos – Obras de Trasvase del río Huancabamba. La medida busca garantizar que los impactos ambientales sean adecuadamente evaluados y mitigados, en especial luego de los recientes incidentes de contaminación en los ríos Huancabamba y Chamaya.

OEFA tambien responsabiliza al supervisor PEOT

El OEFA identificó que el actual EIA-d del proyecto no contempla adecuadamente los impactos negativos derivados de la descarga de sedimentos en los ríos Huancabamba y Chamaya, como Alteración del cauce fluvial, Muerte masiva de peces, Contaminación del agua e Impacto en las comunidades, descritos líneas arriba

El incumplimiento de esta resolución podría derivar en sanciones severas para el supervisor PEOT y la CTO. Según la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley N° 29325), las infracciones pueden ser sancionadas con multas de hasta 30,000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Asimismo, el PEOT podría enfrentar la suspensión de sus operaciones y la obligación de ejecutar un plan de remediación ambiental. En casos de negligencia comprobada, los responsables podrían ser sometidos a procesos penales por delitos ambientales.

Maniobra dilatoria de CTO: ¿Impunidad?

Tras la sanción impuesta por el OEFA, en un nuevo intento por evadir sus responsabilidades, CTO busca variar la medida preventiva impuesta y, paralelamente, pretende reconocer miserias por concepto de indemnización a más de 590 agricultores afectados.

Mediante el expediente Nº 0176-2024-DSAP-CAGR, CTO intenta variar la medida preventiva alegando que fenómenos climáticos extremos y condiciones de sequía, han provocado la acumulación de sedimentos, y que una limpieza según los términos exigidos podría generar mayores riesgos, incluso la descarga no controlada de sedimentos.

Sin embargo, este intento de CTO no es más que una estrategia para evitar cumplir con su obligación.

MODUS OPERANDI: Asi empiezan y con el tiempo se diluyendo las sanciones.

La empresa sostiene que la extracción de los sedimentos generaría una reocupación natural de estos en la zona, lo cual evidencia una falta de planificación en la gestión de residuos y mantenimiento de la presa. Además, CTO alega que la reducción de los niveles de operación del embalse podría poner en riesgo la seguridad de la presa, cuando en realidad este problema es consecuencia de su propia negligencia en el mantenimiento de la infraestructura.

Esta argumentación, lejos de eximir su responsabilidad, se percibe como una estrategia para eludir el cumplimiento riguroso de las medidas que garanticen una protección ambiental real.

Indemnización miserable

Pero no solo está en juego la integridad del medio ambiente; la situación tiene un impacto directo en la vida de más de 590 agricultores afectados por el desembalse en el río Huancabamba. Mientras la comunidad sufre las consecuencias del daño ambiental, CTO pretende reconocer una indemnización irrisoria, una auténtica «miseria», que no cubre ni de cerca los perjuicios ocasionados.

Este intento de minimizar la responsabilidad financiera es una clara muestra de la despreocupación de la empresa por las vidas y medios de subsistencia de quienes dependen del río.

La sombra de la Quinta Adenda

No es la primera vez que CTO intenta evadir responsabilidades. Este nuevo movimiento se suma a una larga lista de maniobras en las que CTO ha buscado flexibilizar acuerdos en su beneficio.

La historia nos recuerda las cuestionadas 4 adendas anteriores y la polémica Quinta Adenda, mediante la cual la concesionaria busca favorecerse en detrimento del Estado y de los usuarios del agua.

Otro monumento a la impunidad

Ahora, intenta otra vez torcer las regulaciones a su favor, esta vez bajo la excusa de una “mayor protección ambiental”, cuando su historial demuestra lo contrario, lo que evidencia con este intento una estrategia repetitiva para evadir obligaciones y transferir los costos de sus errores a la comunidad y al medio ambiente.

El caso del trasvase del río Huancabamba pone en evidencia la importancia de una gestión ambiental responsable en grandes proyectos de infraestructura hídrica. La decisión del OEFA marca un precedente en la fiscalización de actividades que pueden comprometer la calidad del agua y el equilibrio ecológico. Ahora, la atención estará puesta en la respuesta de la empresa concesionaria y en la efectividad de las medidas de mitigación implementadas para restaurar el ecosistema afectado.

Necesidad de una respuesta firme del OEFA

Ante este escenario, es imperativo que el OEFA se mantenga firme y rechace cualquier intento de flexibilización que no garantice una protección ambiental y social efectiva. CTO debe asumir su responsabilidad, cumplir con las medidas de limpieza y mantenimiento de la presa, y ofrecer una indemnización justa que repare, en la medida de lo posible, los daños causados a los agricultores y al ecosistema del río Huancabamba.

Si CTO, busca impunidad, sentaría otro precedente peligroso, no solo para el sector, sino también para las comunidades vulnerables que son las principales víctimas de esta gestión irresponsable. Es momento de actuar con rigor y garantizar que la justicia ambiental y social prevalezca sobre intereses empresariales que, reiteradamente, buscan reconocer miserias en lugar de soluciones reales.

La presa Limón no se colmató por un evento climático impredecible. Se colmató porque CTO no ejecutó el mantenimiento adecuado, y ahora busca justificar su negligencia con supuestos “argumentos técnicos” que solo buscan evitar su responsabilidad.

¿Se permitirá que una empresa históricamente irresponsable siga manipulando las reglas a su favor, dejando a comunidades enteras en la incertidumbre? La respuesta debe venir de una acción firme y decidida por parte de las autoridades ambientales y judiciales.

Hace 7 años, La Contraloría advirtió colmatación total del embalse Limón: “…para el año 2025, antes del término de la concesión”

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En 2018, un equipo de auditores de la Contraloría General de la República realizó una auditoría para verificar si la altura de la presa y el volumen del embalse correspondían a lo establecido en los documentos contractuales, así como evaluar el cumplimiento del proceso de operación y mantenimiento por parte de la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO).

Mientras el gobernador Jorge Pérez, busca aliados para favorecer a CTO, supuestamente; los hallazgos de la auditoria, que predijeron serios problemas, se han materializado en la actualidad.

CTO y su Vinculación con el Caso Lava Jato

Poco después del inicio del Proyecto de Irrigación Olmos, estalló en Brasil el escándalo de corrupción conocido como el Caso Lava Jato, que involucró a ejecutivos de Petrobras y políticos que recibieron sobornos a cambio de contratos para grandes proyectos de infraestructura. Este esquema se extendió por Latinoamérica, incluyendo a Perú, donde Odebrecht operaba desde 1979 y había constituido al menos 27 empresas.

En 2016, se destaparon varios casos de corrupción en el país. En este contexto, una investigación de la Contraloría determinó que el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) otorgó ampliaciones de plazo sin sustento, pagó mayores costos de obra e inaplicó penalidades, contraviniendo las disposiciones contractuales y generando un perjuicio económico de USD 17,903,068.86.

Principales Hallazgos de la Auditoría

La auditoría, que abarcó el período del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2018, está contenida en el Informe de Auditoría N° 5658-2019-CG/APP-AC, publicado el 3 de diciembre de 2019. La comisión de auditores, estuvo comandada por Carlos Huari Sulluchuco, e integrada Richard Mitma Llallahui, (supervisor de la comisión); Carlos Villaramin Zuñiga, (abogado); y los ingenieros agrícolas Alberto Quispe Machaca, y Frank Eustaquio Salvatierra. Este informe identifica varias deficiencias en la operación y mantenimiento del embalse Limón.

1. Sedimentación Superior a la Estimada

La sedimentación en el embalse Limón al año 2018 fue considerablemente superior a la pronosticada, lo que generó un riesgo de incumplimiento en el servicio de trasvase de agua durante años secos y periodos de sequía extrema.

«Al inicio de la operación de la Presa Limón el volumen del embalse fue menor a lo establecido en el expediente técnico de la concesionaria y a diciembre del 2018, dicho embalse había reducido su capacidad en un 41.76% debido a una sedimentación superior. Asimismo, como resultado de la simulación realizada por la Comisión Auditora, según el modelo matemático de CTO, considerando un volumen útil de 30Hm3 para el mencionado embalse, la comisión indicó que durante un período de 53 años (1964 al 2017), la demanda anual de agua no sería cubierta por el volumen útil por un periodo de14 años no consecutivos, viéndose afectados de 1 a 5 meses de cada año por déficit hídrico». Señalan”.señalan en la auditoría.

2. Deficiencias en la Operación y Mantenimiento

Se encontraron fallas en la gestión del equipo eléctrico y electromecánico, incumpliendo normas técnicas y prácticas internacionalmente aceptadas.

«Según contrato de concesión, CTO, está obligada a ejecutar el mantenimiento del equipo eléctrico e hidromecánico durante la etapa de operación, de conformidad con lo planteado en su propuesta y expediente técnicos, en concordancia con lo establecido, en el numeral 5.9.6 de la cláusula 5 del Contrato de concesión y los documentos contractuales, (Manuales de Operación y Mantenimiento). Esta obligación consiste en la en que la concesionaria deberá ―a su propio costo― conservar y mantener todas las construcciones. Maquinaria y equipo del proyecto y todos los componentes de los bienes de la concesión, a fin de que cumplan con las prácticas, normas y técnicas internacionales aceptadas»  

3. Errores en la Propuesta Técnica

El volumen del embalse al inicio de operaciones fue menor al estipulado en el expediente técnico de la concesionaria y, para diciembre de 2018, se había reducido en un 41.76% debido a la sedimentación. Se detectaron errores en la conversión de unidades en el modelo matemático de simulación, lo que afectó las condiciones hidrológicas del estudio.

La simulación del modelo técnico indicó que, con un volumen útil de 30Hm3, la demanda anual de agua no sería cubierta durante 14 años no consecutivos en un periodo de 53 años (1964-2017), afectando de 1 a 5 meses por año debido a déficit hídrico.

“de la revisión del modelo matemático de simulación de operación del Embalse Limón, aplicado por CTO en su Expediente técnico, para determinar las dimensiones principales del embalse de limón; se advirtieron errores en la conversión de las unidades (de caudal [m3/s] a volumen [H3/s]), que afectaron las condiciones hidrológicas del estudio de la concesionaria y que no fueron advertidos por la Comisión evaluadora de la propuesta técnica; siendo que una vez, corregidos los resultados obtenidos de la simulación de la operación mostraron que las condiciones de dicho embalse no son conformes con 1 de los 5 parámetros contemplados en el informe del Balance Hídrico. Mientras que de la simulación realizada con un volumen de 18,53 Hm3, volumen del ―Volumen del embalse a diciembre del 2018― se aprecia que las condiciones de estos no son conformes con 2 de los 5 parámetros estadísticos contemplado en el Precitado informe de Balance Hídrico”

4. Riesgo de Colmatación Total antes de 2025

El informe predijo que, si se repetía un ciclo hidrológico como el de 1979-1982, se podrían presentar cuatro años consecutivos con déficit hídrico, lo que impediría cumplir con el calendario de entrega de agua. Se advirtió que el embalse podría colmatarse completamente antes del final de la concesión en 2025, afectando su vida útil y la provisión de agua en periodos de sequía extrema.

«Cabe señalar que, si bien desde el año 2012, el volumen útil del Embalse Limón no tuvo problema en cubrir la demanda, el calendario mensual de entregas previsto en el contrato de prestación del servicio de trasvase de agua, esto se debe a que la oferta hídrica del río Huancabamba supero la demanda. Dicha situación evidencia el riesgo de colmatación total del citado embalse antes del término de la concesión en el año 2025, afectando la vida útil de la infraestructura y con la probabilidad de afectar el servicio de trasvase de agua en épocas de sequía y en extrema sequía, por cuanto podría ocasionar, que el incumplimiento del trasvase de los 406Hm2/año, exigidos en la cláusula 2.2 del contrato de prestación del servicio de trasvase de agua; durante 4 años consecutivos, además, cada uno de estos años podría contar con déficit hídrico en 2 a 5 meses continuo según el calendario de entregas mensuales”

Falta de Manuales de Operación y Supervisión Deficiente

La auditoría también evidenció que el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) no entregó el Manual de Operación y Mantenimiento de la Presa Limón, documento clave para garantizar el cumplimiento del trasvase de agua. Su ausencia impide establecer responsabilidades claras en caso de fallas por sedimentación.

Además, CTO tenía la obligación contractual de realizar el mantenimiento del equipo eléctrico e hidromecánico, lo cual debía ser fiscalizado por el supervisor (PEOT). Sin embargo, los informes de evaluación del PEOT entre 2013 y 2018 otorgaron conformidad a los procesos de operación y mantenimiento, pese a que la inspección física de 2019 encontró graves deficiencias.

Durante la inspección realizada entre el 12 y 14 de junio de 2019, se identificaron fallas en el aliviadero, descarga de fondo, bocatoma provisional y el Túnel Trasandino. Estas deficiencias podrían llevar al deterioro de los equipos, poniendo en riesgo la seguridad de las personas y la infraestructura.

Conclusiones

El informe de la Contraloría pone en evidencia las deficiencias en la gestión del Embalse Limón y las responsabilidades compartidas entre CTO y PEOT. Los principales problemas incluyen:

  • Sedimentación acelerada que compromete la capacidad del embalse.
  • Errores en la propuesta técnica que afectaron la estimación de la demanda de agua.
  • Deficiente operación y mantenimiento, incumpliendo normas internacionales.
  • Falta de manuales técnicos, lo que impide una adecuada fiscalización.
  • Supervisión ineficaz por parte del PEOT, que otorgó conformidad a procesos deficientes.

Informe de Auditoría N° 5658-2019-CG/APP-AC by Jorge Alberto Moncada Mino

¡Exclusivo!: Autoridades y empresas, habrían ocultado informes sobre crítica situación de la presa limón

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“…en realidad los informes sobre la Presa Limón son lapidarios” dijo entre nervioso y desconfiado nuestra fuente. Y la verdad nos era para menos.

Un documento oficial del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) saca a la luz lo que muchos intentaban ocultar: la presa Limón; pieza clave del Trasvase Olmos, fue calificada como de «alto riesgo» por una empresa consultora. Sin embargo, esta información habría sido manipulada y minimizada por el Consorcio Trasvase Olmos (CTO) y el Gobierno Regional de Lambayeque (GORE).

Verdad oculta

Dos meses después de la contaminación del río Huancabamba, causada por el vertimiento de sedimentos acumulados en la presa Limón, el PEOT envió un contundente oficio a la concesionaria CTO, evidenciando las irregularidades en la gestión del embalse.

El documento en cuestión, identificado como Oficio N° 002140-2024-GR.LAMB./PEOT-GG[515553893-0], fechado el 17 de octubre de 2024 y firmado por el gerente general del PEOT, Luis Germán Piedra Núñez, advierte:

“…consideramos pertinente resaltar que la gestión de la presa y el embalse Limón ha sido calificada oportunamente como de ALTO RIESGO y ratificada dicha valoración por vuestro consultor RED INGENIERÍA”.

El informe revela, por primera vez, el nombre de una de las empresas contratadas para vigilar el sistema de trasvase, poniendo en duda la transparencia en la supervisión del proyecto.

«lo que se sospechaba sobre la presa: había llegado al límite de la linea de “alerta Amarilla” o “Alerta roja” argumento la fuente.

Información reveladora. Contundente.

CTO: Ineficiencia y falta de control

Para los que defienden la continuidad de CTO (o sea Odebrecht, por 10 años más, al frente de la operación y mantenimiento del trasvase); el oficio del PEOT no solo expone el riesgo en la presa Limón, sino que además pone en entredicho la capacidad operativa de CTO. En el documento, Piedra Núñez exige una reestructuración del personal.

“A efectos de evitar consecuencias mayores, a los que provinieron del taponamiento de la bocatoma provisional, resulta necesario que vuestra representada implemente una estructura organizacional especializada en campo, con personal tecnico que evidencia experiencia comprobada que permita contribuir a perfeccionar y gestionar adecuadamente y de manera oportuna, en términos de evaluación análisis, prevención, mitigación y corrección de los siguientes aspectos: Plan de Seguridad de Presas, Gestión de Riesgos, Planes de Emergencia Operación de Embalses, Gestión Hidrológica, Gestion Sedimentaria, Gestión de Instrumentación, Gestion Social, Gestion Comunicacional, Gestion Interinstitucional”

¿Cómo?!!!!. Este hallazgo plantea una pregunta clave: ¿Con qué manuales y reglamentos exigidos por el Contrato de Conseción, ha operado CTO durante 16 años?

Obligaciones que no habría cumplido CTO y lo pasaron por alto.

Millonarios pagos sin resultados

Desde el inicio del trasvase Olmos, los lambayecanos han pagado USD 32 millones anuales a CTO (o sea a Odebrecht, producto de tratos mafiosos); de ese monto, USD 7’000,000.00 de dólares son destinados para la ejecución de la operación y mantenimiento. En total, CTO ha recibido USD 112 millones en 16 años. Sin embargo, la falta de planificación y supervisión ha generado un deterioro en la infraestructura.

Entonces, a estas alturas del grave problema originado por CTO, es impresindible preguntarle al gerente ALFONSO PINILLOS MONCLOA. Para que responda: ¿En qué ha invertido los USD 112’ 000 000.00 de dólares, que recibió en 16 años, para la operación y mantenimiento del trasvase Olmos?

Por si algunos consejeros regionales no ha tomado en cuento esto, multipliquen al cambio, a cuanto asciende la brutal cifra: ¡S/431’200,000.00! que CTO, se ha embolsicado, sin hacer nada. La mejor prueba es la presa colmatada.

Mas revelaciones

Pero el oficio PEOT, no termina ahí. Luego de resaltar la falta de manuales y reglamentos, PIEDRA NUÑEZ, le exige a PINILLOS MONCLOA, que renueve sus cuadros de personal. Según el documento en una mirada al pasado desde que se inico la operación mantenimiento, PIEDRA NUÑEZ es claro al referirse, sobre lo que sus antecesores habrían ocultado. 

“Ello resulta imprescindible a la luz de los resultados que se viene obteniendo durante la operación de la presa y embalse Limon iniciada en agosto 2012, ya que, desde aquel entonces, ha venido evidenciado falencias por una inadecuada y débil estructura organizacional que no ha contribuido a mejorar la gestion y sostenibilidad de la Presa y embalse Limos, como corresponde”

Como se podrá observar, el oficio suscrito por LUIS GERMAN PIEDRA NUÑEZ, no solo es una caja de sorpresas; es el pronunciamiento oficial de la empresa estatal, que supervisa los trabajos de operación mantenimiento a cargo de CTO, y que admite que el estado del embalse y la presa es de ALTO RIESGO, incluso certificado por las consultoras, contratads por CTO. !Increible!

Este oficio dirigido a PINILLOS MONCLOA, es consecuencia del desastre ocasionado por los millones de metros cúbicos de sedimentos acumulados en la presa Limón, que CTO arrojó al rio Huancabamba. (detalle más adelante)

¿Quiénes gerenciaron el PEOT?

Preguntamos: ¿Quién de los que ocuparon la gerencia general del PEOT, son los responsables de la inadecuada y sospechosa mala supervisión?

Desde que el trasvase Olmos inicio operaciones, siete son los gerentes del PEOT que fueron designados en el cargo por 4 gobernadores de turno:

Tendrán que responder

Empresas consultoras bajo la lupa

Entonces, si esos son los gerentes, ¿Cuáles son las empresas consultoras que contrato CTO (que nuestra fuente hizo referencia y PIEDRA NUÑEZ menciona en su oficio tambien)?  

La investigación ha identificado a Argos Enginer & Projects y Red Ingeniería SRL como las empresas contratadas por CTO desde 2012 para monitorear la infraestructura del trasvase. Entre sus responsabilidades están la evaluación de la seguridad de la presa y la gestión de sedimentos.

Pero si estas empresas han operado durante más de una década, ¿por qué la presa colapsó?

Batimetría

Argos Enginer & Projects, es una empresa peruana dedicada a la prestación de servicios de Consultoría Técnica y Operaciones en Campo para investigación de índole técnico y científico, en el ámbito terrestre, acuático y ambiental, con experiencia en el medio marino, fluvial y lacustre.

“Llevamos a cabo la evaluación de las características físicas y el comportamiento de la dinámica marina, fluvial y lacustre, mediante estudios de batimetría, estudios de corrientes superficiales y sub-superficiales…” asi se lee en su pagina

Cesar Jorge Corrales Guillermo y Víctor Aparicio Zea son los mandamases de esta empresa.

En su plataforma web, en: http://www.argosep.com/galeria.html,  se ha publicado el levantamiento Topo – Batimétrico de la Presa Limón, en setiembre del 2022. Según expertos consultados al observar las gráficas, afirman “las evidencias son concretas”

graficas de los trabajos especializados realizados por las consultoras contratads por CTO

Inspecciones y otros a la presa

Red Ingeniería SRL, (la que menciona en su oficio LUIS GERMÁN PIEDRA NÚÑEZ,es una empresa especializada en evaluación e inspecciones de presas, con sede en Argentina y sucursal en nuestro país. Desde el 2012, realiza el monitoreo técnico en el túnel Trasvase Olmos y la Presa limón. Según informacion en su página web, esta consultora, ha realizado desde el 10/2012 al 06/2024, los siguientes trabajos:

• Inspección de la presa Limón y túnel Trasvase Olmos.

• Evaluación de la instrumentación de la presa

• Elaboración del Plan de acción ante emergencias (PADE)

• Evaluación de la seguridad de la presa y talud de margen izquierda

• Revisión memoria de cálculo de la estructura de Salida de Fondo

• Capacitación personal técnico curso teórico-práctico procesamiento datos auscultación

• Evaluación del estado de la instrumentación para medición de deformaciones

• Elaboración de Informes mensuales de auscultación

¿Y con todo esto colapso?

¿Dónde estan los informes de las consultoras?

Mediante solicitud electrónica de Acceso a la informacion Publica, el 17/12/2024, este periodista requirió al PEOT, los informes tecnicos emitidos por CTO, sobre la medición de la capacidad del embalse Limon, batimetría entre otros aspectos tecnicos. Al día siguiente, JULIO ROSENDO SEGURA ALCÁNTARA, responsable de Acceso a información pública, atendiendo seguramente órdenes superiores intento desviar la pretensión, con el siguiente mensaje que envio a mi buzón de correo electrónico:

“En relación a la Solicitud Electrónica con registro [515630667-0] presentada por usted, debemos manifestarle que, toda solicitud de información pública efectuada al amparo Ley N° 27806 y su reglamento, deberá contener la expresión concreta y precisa del pedido de información solicitada y cualquier otro dato que facilite la localización de dicho(s) documento(s) en nuestros archivos, especificando la forma en la que se le deberá entregar la información; en ese sentido, la solicitud de información pública a presentar deberá indicar entre otros, la denominación y año de emisión de, el(los) documento(s) en cuestión. Además, se debe tener presente que a través de una solicitud de información pública efectuada al amparo Ley N° 27806, NO se obliga a la Entidad a crear o producir información con la que no cuente o no tenga la obligación de contar, Ni a hacer evaluaciones o análisis de la información que posee.

Por lo cual, en caso de NO tener certeza sobre la existencia de dicha información, se sugiere formular la consulta respectiva, la misma que hará administrativamente (NO al amparo de la Ley N° 27806 y su reglamento), mediante una solicitud dirigida al Gerente General, a ser presentada en la Mesa de Partes del PEOT (ya sea de manera presencial, o mediante la Mesa de Partes Virtual).

Con los datos brindada por nuestra fuente y documentos recabados en esta investigacion el 19/02/2025, ingresamos al GORE Lambayeque y PEOT una solicitud, requiriendo la siguiente informacion:

1.Version definitiva, actualizada, y aprobada por el PEOT, del Reglamento para la Operación del Proyecto y los Manuales de Operación y mantenimiento de los componentes del trasvase del proyecto Olmos

2.Informes año 2025 hasta 2024, emitidos popr el Consorcio Trasvase Olmos – Novonor, sobre la medición de la Capacidad del embalse Limon, realizado por la empresa consultora Argos Enginer & Projects y red Ingenieria SRL

3. Informe del Consorcio Trasvase Olmos – Novonor de las batimetrías realizadas por las empresa consultoras al embalse Limón aprobadas por el PEOT, años 2015 hasta el 2024.

Aun no hay respuesta. Por informacion de algunas fuentes en el PEOT, la solicitud a causado revuelo en esa entidad. En el SISGEDO, se puede apreciar que Luis German Piedra Nuñez, ha ordenado la entrega de la informacion, pero al 25/02/2024, no hay señales.

Próxima entrega

El desastre ecológico en el río Huancabamba, ocurrido entre el 2 y 7 de agosto de 2024, y la negativa de CTO a ejecutar la orden de descolmatación de sedimentos impuesta por OEFA, serán expuestos en la siguiente entrega. Adelantamos que con fecha 19/11/2024, mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 00031-2024-OEFA/DSAP, la OEFA resolvió:

“Se ordena como MEDIDA PREVENTIVA que la CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. cumpla con realizar la descolmatación de los sedimentos acumulados en ciento ochenta y cinco (185) áreas especificadas en el cuadro N° 7, ubicadas en el cauce de los ríos Huancabamba y Chamaya con la finalidad de restablecer sus condiciones naturales y asegure el paso libre del flujo de agua y sedimentos”

La corrupción y negligencia en la gestión del trasvase Olmos están costando caro a Lambayeque. ¿Quién responderá por estos hechos?