Tres días de protesta, suman los afiliados del Sindicato Único de trabajadores del Proyecto Especial Olmos Tinajones – SUTPEOT, desde que el jefe de Oficina de Asesoría Legal de PEOT, Abg. Víctor Ricardo Quijano Chávez, expusiera su “opinión” sobre la bonificación de S/40.00, que los trabajadores ganaron, por Laudo Arbitral, pero según el “doctor” ese pago, es ilegal.
El 9 de diciembre 2021, Quijano Chávez, suscribió el Oficio 000662-2021-GR.LAMB/PEOT-60[4047920 – 0], el que dirigió al Ing. Damián Vásquez Bernal, Gerente general del PEOT, para “deslindar responsabilidad funcional” por la suscripción del Acta de Reunión entre representantes del PEOT en condición de entidad empleadora y el SUT PEOT” documento que según la posición del “doctor” es un “acto administrativo ineficaz” (¿?)
http://centineladigital.pe/guerra-en-el-peot-trabajadores-se-enfrentan-al-gobernador-y-su-camarilla/
¿Quién es Víctor Quijano?
Para quienes no conocen a Víctor Ricardo Quijano Chávez, pensaran que el punto de vista del abogado -al cuestionar el pago de la bonificación alimentaria, a favor de los trabajadores- estaría con apego a la ley, por sus “obligaciones funcionales, como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del PEOT” conforme lo expresa el susodicho, en el Oficio 000662-2021; sin embargo, el asunto es que, muchas personas desconocen, lo que este abogado habría hecho entre los años 2011 – 2012 ¿un vendepatria?
Tras la detención del exgobernador regional Yehude Simon Munaro, cuatro fiscales del equipo especial Lava Jato, del Ministerio Público llegaron a la ciudad de Chiclayo, para realizar diligencias relacionada con la investigación por supuesta corrupción en proceso de ejecución del Proyecto Olmos.
Trasvase Olmos
El fiscal Walter Villanueva Luicho y cuatro integrantes del equipo especial Lava Jato, concurrieron a la sede del Ministerio Público en Chiclayo. En declaraciones a la prensa, el fiscal revelo que la investigación es por el primer componente del proyecto, es decir, las obras de trasvase.
“En esta investigación, están comprendidos como imputados, 16 personas que aparecen en el informe de auditoría N° 5658-2019 que La Contraloría publicó en noviembre del 2019” expreso en aquella fecha el fiscal.
Los investigados
Las 16 personas son, los exgobernadores regionales Humberto Acuña Peralta y Nery Saldarriaga; los exconsejeros Lázaro Villegas Agramonte, Miguel Bazán Zárate, Óscar Zeña Santamaría, Maritza Mocarro Monja, Andrés Palma Gordillo, José Eneque Soraluz y Ana Elena Toro Gálvez.
Así mismo los exjefes de Asesoría jurídica del GORE Lambayeque, Mary Llontop Samillán y Víctor Manuel Sánchez Correa. También Francisco Leopoldo Gayoso Zevallos y Pablo Enrique Salazar Torrres, exgerentes generales del PEOT.
Y completan la lista, Juan Moisés Saavedra Jiménez (gerente de desarrollo del PEOT); Luis Gonzáles Vélez y Víctor Ricardo Quijano Chávez (jefes de asesoría jurídica del PEOT). Estos dos últimos personajes, son los que solicitaron auxilio económico de S/120.000.00, al PEOT, para pagar a un estudio jurídico, por la investigación que se les sigue, en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente, Especializado en delitos de corrupción de funcionarios.
En la investigación están comprendidos Yehude Simon Munaro (exgobernador regional), Enrique Salazar Torres (exgerente del PEOT), Eduardo Zárate León (expresidente del Consejo Directivo del PEOT) y Jorge Pasco Cosmopolis (exgerente de Promoción de Inversiones del PEOT).
También Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco-Font Quevedo, Patrick Barclay Mendez (exmiembros de Proinversión), Rene Cornejo Díaz (exprimer ministro), Luis Yulfo Zender y Alberto Rojas Morote.
El Informe 5658
En el Informe de Auditoría N° 5658 -2019-CG/APP-AC, del 29 de noviembre del 2019, realizada por La Contraloría sobre el contrato de concesión “Construcción, operación y mantenimiento de las obras de trasvase” que ha sido incluido como elemento de prueba concluyó que el gobierno regional no aplicó penalidades a la concesionaria Trasvase Olmos S.A. por hasta US$9 millones de dólares; que ocasiono un perjuicio económico al Estado de 17 millones 900 mil dólares.
En febrero del 2021, la abogada Macarena Wester Perez, profesional en derecho para la secretaria técnica Ad Hoc del PEOT, suscribió el Informe Legal N° 001-2021-PEOT/STPAD-AD-AD HOC-MWP, en el que describe la intervención parcializada de Víctor Ricardo Quijano Chávez, a favorde Odebrecht.
“Mediante informe de Auditoría N° 5658-2019-CG/APP-AC, La Contraloría General de la República observó que el gobierno regional de Lambayeque otorgo a la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. ampliaciones del periodo inicial sin sustento técnico y/o legal; así como también autorizo el desembolso de mayores costos de la obra, implicándose -deliberadamente- penalidades; suponiendo todo ello una contravención a las disposiciones contractuales y a la normativa aplicable en la fecha, deviniendo todo ello en un perjuicio económico cuantificado en el importe ascendente de US$ 17’903 068.86”
Agrega la abogada que “las aseveraciones realizadas por dicho ente fiscalizador involucran -en un extremo determinado- al servidor VÍCTOR RICARDO QUIJANO CHÁVEZ…”
En el siguiente panel, puede tener acceso al Informe Legal N° 001-2021-PEOT/STPAD-AD-AD HOC-MWP, el que concluye con la recomendación de instaurar procedimiento administrativo sancionador a VÍCTOR RICARDO QUIJANO CHÁVEZ, supuesto responsable del perjuicio económico al Estado, por sus «opiniones legales»
Informe Legal 001 2021 Peot by Jorge Moncada Mino on Scribd
Bajo estas circunstancias, preguntamos: 1) ¿Cómo es posible que RICARDO QUIJANO CHAVEZ, investigado por presunta corrupción ocupe la Jefatura de Asesoría Jurídica del PEOT? 2) ¿Acaso para Ud., señor gobernador LUIS DIAZ BRAVO, no significa nada el perjuicio económico de 17 millones de dólares? y finalmente, ¿Se inicio el PAS contra Quijano Chávez, o es su protegido señor gobernador?
